Por Gastón Remy (economista-diputado provincial FIT-U) El proyecto de Ley oficial consta de tan solo 17 artículos. De los cuales, el “corazón” está en el Art. 4. Allí se sostiene que para “la adecuada implementación, instrumentación y realización del plan”, el gobierno tiene que avanzar sobre los derechos laborales. O sea, la clave de su diagnóstico de la emergencia reside en que son los trabajadores la variable de ajuste. Esto implica:
- Reasignación de personal, traslados, cambios de funciones, lo cual lleva a manejos discrecionales y arbitrarios.
- Prohíbe la contratación de nuevo personal. Y se pone a evaluación la renovación de los contratos existentes. Esto abre la puerta a despidos, a evaluaciones arbitrarias (ya en Salud el criterio aplicado es, “si sos conflictivo”). Genera sobrecarga de trabajo.
- Suspensión de recategorizaciones. Afectando en particular a quienes se encuentran más cercanos a la jubilación. El básico del escalafón general hoy es de $69.106,86 (máx. categoría 24).
- Suspensión de las horas extras.
- Suspensión del pago por reemplazos de tareas que ejercen un cargo superior.
- Inicio de trámite jubilatorio inmediato a partir de cumplir con edad y años de servicios requeridos por Anses.
- El estado provincial asegurará un piso salarial equivalente al Salario, mínimo, vital y móvil que se fija a nivel nacional. Esto reafirma un esquema de bajos salarios dado que hoy con la máxima categoría (sin antigüedad) el escalafón general no llega a mínimo, vital y móvil de $202.800. Y habilita a que el gobierno se comprometa solo a pagar hasta ese monto, en caso de una situación financiera crítica que aduzca el estado en cuanto empleador. Grave. (Art.5).
- Emisión de títulos públicos para cancelar deuda con proveedores del estado al 31 de diciembre de 2023. (Art.9).
- Asistencia social se dirige a personas humanas. Esto va a debilitar la organización colectiva de quienes hoy se encuentran en organizaciones sociales, merenderos, comedores, copas de leche. (Art. 14).
- Obliga a los municipios a adherir y establecer ordenanzas en consonancia con esta Ley, so pena de no recibir aportes del tesoro provincial para gastos que no se ajusten a esta normativa. O sea, látigo fiscal para los municipios. (Art.15)
Podemos afirmar que este proyecto de Ley es como el capítulo laboral de la Reforma de la Constitución para las y los trabajadores estatales. Aprovechan el clima generado de ajuste fiscal del gobierno nacional para quitar derechos.
La UCR ya tiene los votos para aprobarlo. De hecho, querían hacerlo en la última sesión. Pero el PJ propuso una reunión de comisiones el próximo miércoles 3 para apurar y aprobar pronto el proyecto. Todos quieren darle un mensaje al gobierno nacional de compromiso con el ajuste fiscal de cara al pacto que preparan para el 25 de mayo.
Solo se los puede frenar con un plan de lucha unitario de los gremios, organizaciones sociales, comunidades originarias retomando y profundizando la pelea dada contra la Reforma.
Desde el PTS-FIT presentamos un proyecto de emergencia social y económica a favor de la clase trabajadora. Hay alternativa al ajuste y la quita de derechos a las y los trabajadores. Lo ponemos a disposición de los gremios y del conjunto de la clase trabajadora en función de pelear una salida a la crisis a favor de las mayorías.
Foto: Edgardo Valera/Télam