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El dictamen de mayoría del proyecto de ley de reforma judicial, que busca el fortalecimiento del fuero de la justicia federal penal de la Ciudad de Buenos Aires y crea cámaras de apelaciones en las provincias, quedó en condiciones de ser debatido en el recinto entre el jueves y viernes próximos tras ser ingresado en mesa de entradas del Senado.
El texto distribuido anoche por el bloque del Frente de Todos lleva la firma de 19 senadores de ese espacio y no cuenta con el apoyo del interbloque de Juntos por el Cambio, que adelantó su voto en contra por considerarlo «inoportuno» y «carente de consensos».
El dictamen de mayoría fue firmado por los presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales que condujeron el debate, María de los Ángeles Sacnun y Oscar Parrili, y de la presidenta de la Comisión de Acuerdos, Anabel Fernández Sagasti.
Acompañan además la propuesta Claudio Doñate, Carlos Espinola, Ana Almirón, Nancy González, Mariano Recalde, Sergio Leavy, Guillermo Snopek, Daniel Lovera, Juan Pais, Dalmacio Mera, Claudia Ledesma, Gerardo Montenegro, Edgardo Kueider, José Neder, Antonio Rodas y Silvia Sapag.
El proyecto del Poder Ejecutivo recibió una serie de modificaciones en el Senado tras cinco audiencias de discusión por las que desfilaron juristas, constitucionalistas, representantes de colegios de magistrados, fiscales y defensores.
En el primero de sus artículos, se dispone la unificación de los fueros Criminal y Correccional Federal y Nacional en lo Penal Económico, ambos de la Ciudad de Buenos Aires, bajo la denominación de fuero Penal Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
También crea 23 Juzgados en lo Penal Federal con asiento en CABA que pasarán a identificarse con los números 24 a 46.
Además, contempla la creación de nuevas cámaras de apelaciones y sus respectivos distritos judiciales, al igual que defensorías oficiales y cargos de fiscales.
La oposición cuestionó, en otro de los artículos modificados, la inclusión de la palabra «mediáticos» en el inciso que menciona la obligación de comunicar al Consejo de la Magistratura «cualquier intento de influencia en sus decisiones por parte de poderes políticos, económicos o mediáticos» por considerar que constituyen «una medida contra la libertad de prensa».
Entre otros de los cambios incluidos, están las relacionadas con el sorteo de la causas y, en ese sentido, se aclaró que se avanzará en la transparencia en los sorteos de las causas que deben ser grabados a través de medios técnicos bajo apercibimiento de nulidad.
Se mantendrá en los concursos de selección el examen escrito, además de las audiencias públicas y se garantizará la aplicación de la ley de acceso democrático a la justicia.
No obstante, se resolvió finalmente no unificar el fuero Civil y Comercial Federal con el Contencioso y Administrativo Federal con asiento en CABA, pero para resolver los conflictos de competencia (que generan muchos atrasos en las decisiones judiciales) se creará un tribunal de resolución de conflictos de competencia con plazos establecidos y procedimientos ágiles para resolver estas cuestiones preliminares.
En la iniciativa del Ejecutivo modificada por el Senado, se atendió, además, el planteo de los organismos de derechos humanos y la lucha de muchos años por Memoria, Verdad y Justicia, por lo que las Secretarías con competencia específica en este tema conservan esta atribución, con su personal asignado, bregando por que haya rápida respuesta.
De acuerdo al proyecto, la Comisión Bicameral de Monitoreo y Seguimiento del nuevo Código Procesal Penal Federal irá adecuando el sistema hacia un nuevo sistema penal democrático y acorde con los principios internacionales.
Cuestionamientos
Referentes de la coalición opositora de Juntos por el Cambio reiteraron sus cuestionamientos al proyecto, en particular, sobre uno de los artículos de la iniciativa, al que consideraron como «un ataque a la libertad de expresión». Además, volvieron a reclamar que el Poder Ejecutivo retire la iniciativa, del mismo modo en que lo habían hecho antes del inicio de su tratamiento en el cuerpo.
El presidente del interbloque de diputados nacionales de Juntos por el Cambio, Mario Negri, aseguró que el proyecto que tuvo dictamen emitido el miércoles en el Senado constituye «un asalto al Poder Judicial y un ataque a la libertad de expresión», y sostuvo que «no es una reforma judicial, es una disputa con Comodoro Py».
«El dictamen del Senado es un asalto al Poder Judicial y un ataque a la libertad de expresión. Esto no es una Reforma Judicial, es una disputa con Comodoro Py, ya que allí se resuelven las causas de corrupción», afirmó Negri en declaraciones a Radio Mitre.
El texto distribuido anoche por el bloque del Frente de Todos lleva la firma de 19 senadores de ese espacio y no cuenta con el apoyo del interbloque de Juntos por el Cambio, que adelantó su voto en contra por considerarlo «inoportuno» y «carente de consensos».
En uno de los artículos modificados, la oposición cuestionó la inclusión de la palabra «mediáticos» en el inciso que menciona la obligación de comunicar al Consejo de la Magistratura «cualquier intento de influencia en sus decisiones por parte de poderes políticos, económicos o mediáticos» por considerar que constituyen «una medida contra la libertad de prensa».
Para Negri, «una reforma de un poder de esta magnitud requiere un consenso y no ser resultado de un capricho», y dijo que espera que el Presidente «así como ocurrió con (la empresa) Vicentin, donde escuchó un mensaje y retiró el decreto, retirara ésto y empezara de nuevo».
En tanto, otros dirigentes y diputados de JXC cuestionaron especialmente la inclusión de la palabra «mediáticos» en uno de los artículos.
«Todo el proyecto de reforma judicial del kirchnerismo es espurio, pero quizás lo más llamativo es la posición en la que dejan al periodismo: licuar la libertad de expresión para sentar a los periodistas en el banquillo de los acusados. Jueces denunciando periodistas. Clarito, no?», sostuvo la titular del PRO, Patricia Bullrich, en su cuenta de Twitter.
En ese sentido, la diputada radical Karina Banfi afirmó: «Se preguntan de qué manera puede este artículo del dictamen afectar la libertad de expresión? ¿Cómo sería el mecanismo de presión? No lo explican. Entonces una noticia lo puede ser. Escribís una nota sobre un juez y tenés denuncias en tu contra. Debemos evitar la autocensura”.
Por su parte, el vicepresidente de la Comisión de Seguridad Interior, Alvaro De Lamadrid, expresó que “el Gobierno viola la Constitución Nacional y avanza en su plan de reforma judicial y ataque a la prensa y la libertad de expresión, a jueces, dirigentes opositores y ciudadanos».
Para el diputado nacional Luis Petri, a través del proyecto se “ata de manos a la Justicia y a todos los que intenten exponer a los jueces del poder».
