Foto: Polo Obrero

El reclamo por la liberación de los dirigentes detenidos en Jujuy se replicó en varios puntos del país

Mientras en la plaza Belgrano de San Salvador se realizó una manifestación y radio abierta para pedir por la liberación de los dos dirigentes sociales detenidos en Jujuy el miércoles pasado por protestar, se realizó en la Ciudad de Buenos Aires una marcha desde el Obelisco hasta la Casa de la Provincia de Jujuy. También hubo expresiones similares en varios puntos del país.

Foto: La Izquierda Diario

En la capital jujeña, unas 3000 personas se concentraron frente a la Casa de Gobierno para reclamar por la libertad de Sebastián Copello, del Polo Obrero, y Juan Chorolque, del MTR 12 de Abril, que fueron detenidos en el marco de dos causas, una contravencional y otra penal, que se les inició por las movilizaciones del 3 de marzo pasado.

Jeremías Cantero, dirigente del Polo Obrero, calificó la situación como «un atropello que no respeta ningún derecho democrático», y destacó que en esta jornada se realizaron movilizaciones en todo el país.

En diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5), Cantero advirtió: «Se está aplicando un ajuste brutal en todo el país para pagarle al FMI. Esto va a traer más hambre y más miseria, y por eso viene siendo acompañado de más represión. Y el que más lejos llega en esta política es el gobernador Gerardo Morales que tiene un régimen de terror, prohíbe todo tipo de protesta en la provincia y tiene una justicia adepta donde todos son funcionarios o familiares designados por él».

El referente adelantó que van a presentar «una denuncia penal en Comodoro Py contra Morales, sobre la que va a tener que rendir cuentas, por violación de los derechos humanos y por prohibir las protestas y manifestaciones en un país y una provincia cada vez más pobre».

El reclamo por la liberación de Copello y Chorolque viene acompañado de una advertencia: «Si no los liberan, el lunes vamos a volver a salir en todo el país y en todas las localidades de la provincia».

Para esa ocasión, se espera que lleguen a Jujuy representantes nacionales de organismos de derechos humanos y organizaciones sociales y sindicales.

Cantero consideró que lo que está ocurriendo es «un ataque contra el sector de los trabajadores que primero salieron a enfrentar el ajuste, una criminalización de la protesta social que va a ser cada vez mayor en la provincia y en todo el país».

Por su parte, Iñaki Aldasoro, referente del Partido Obrero Tendencia y exdiputado provincial, se sumó a los reclamos y calificó las detenciones como «una decisión política».

«Hay una decisión de mantenerlos detenidos, porque con una simple firma del juez y presentando determinadas condiciones, como que no se van a fugar del país o no se van a clandestinizar en las yungas de Ledesma, podrían permanecer en libertad mientras dura el proceso contravencional», detalló a El Submarino Radio.

En este mismo sentido, agregó: «Hay una decisión política desde el primer momento de intentar amedrentar una escalada de los reclamos que no son producto del capricho de ningún dirigente sino que son producto del agravamiento de las condiciones de vida generales de la población jujeña».

Aldasoro recordó que las causas abiertas contra Copello y Chorolque se originaron en la masiva manifestación del 3 de marzo pasado, en la que se reclamaba asistencia a los comedores y merenderos que el gobierno provincial no reconoce. «La población tiene que saber que funcionan cientos de merenderos que no son reconocidos por el Estado provincial, que se sostienen con la colaboración de vecinos, aportes solidarios o alguna remesa de alimentos que se consigue a nivel nacional», describió.

«El gobierno ha procedido con una medida que entendemos que es ilegal e inconstitucional, porque en Argentina todavía prima la presunción de inocencia hasta que se demuestre todo lo contrario», afirmó.

Además, señaló que los argumentos para mantener detenidos a los dos dirigentes «también suponen una condena por anticipado, porque la justificación es que se procede a la detención para evitar que ellos puedan influir en la declaración eventual de terceros en el proceso contravencional».

«Como ven, nuevamente el gobierno se vale de un código contravencional que debería regular la convivencia entre vecinos, como una entrada a aplicar el código penal y a proceder a detenciones que son completamente arbitrarias. Y los mantienen detenidos por una decisión política», completó.

Para el exlegislador, la situación actual «es un salto en los atropellos a los que nos tiene acostumbrados el gobernador Gerardo Morales». A su entender, el objetivo es «prevenir un cuadro de reacciones populares frente al empeoramiento de las condiciones de vida generales,  frente a una paritaria que ha sido una miseria».

En este contexto, advirtió: «Pero la pretensión de perseguir a cualquiera que reclame en defensa de sus derechos es una política de mecha corta. Entendemos que es el momento para ponerle un freno a este tipo de avasallamientos».

 

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