Por Javier Bach Bilbao. A horas de que la cuarta Marcha Federal Universitaria llenara la Plaza de Mayo, el Gobierno nacional eligió la respuesta más elocuente que tenía a mano: firmar un nuevo ajuste.
La Decisión Administrativa 20/2026, rubricada el lunes por Manuel Adorni y Luis Caputo, recortó cerca de 2,5 billones de pesos del presupuesto, con un capítulo deliberadamente dirigido a la comunidad universitaria: casi $79.000 millones menos en Educación, $5.303 millones suspendidos en obras de infraestructura para trece casas de estudio, y otros $19.500 millones podados de ciencia y técnica, con bajas específicas en Conicet, Conae, Anlis y la Agencia I+D+i.
La justificación –el viejo argumento del «superávit fiscal» comprometido con el FMI– no disimuló lo evidente: el Ejecutivo eligió responder a la movilización con un golpe de tijera antes de que siquiera empezara.
No es austeridad: es desacato. Y no es accidente: es método.
El gesto se entiende a la luz de un dato que el oficialismo prefiere no nombrar: más de 10.000 docentes universitarios renunciaron a sus cargos desde diciembre de 2023, según los datos consolidados por el Consejo Interuniversitario Nacional.
La cifra la reconocen los propios rectores y la reproducen los principales medios nacionales. Dibuja el contorno de un fenómeno que, por más que incomode al relato libertario, no resiste ningún maquillaje: la universidad pública argentina está siendo desmantelada en tiempo real.
El motor está en las planillas. Los docentes universitarios acumulan una pérdida real cercana al 34,5% desde noviembre de 2023, equivalente a haber dejado de cobrar ocho salarios completos. La inversión total del Estado en el sistema pasó del 0,72% del PBI en 2023 al 0,47% en 2026: los peores números presupuestarios desde la recuperación democrática. Las transferencias a las universidades cayeron un 45,6% en el período, según el presidente del CIN, Franco Bartolacci. En las dedicaciones simples –las más extendidas del sistema– los sueldos brutos están todos por debajo de la línea de indigencia.
Que un proyecto político hable de «casta» y al mismo tiempo someta a esa miseria a quienes forman ingenieros, médicos y maestros es, además de injusto, una falsedad obscena.
Sobre ese trasfondo se inscribe el desacato a la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario. Sancionada en agosto de 2025, vetada, ratificada por insistencia parlamentaria, suspendida por decreto y reordenada en su cumplimiento por la Justicia en diciembre, la norma apelada sigue sin aplicarse a la espera del pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nacion.
La DA 20 firmada la víspera es la respuesta: el Gobierno asume el costo de desobedecer al Congreso y al pueblo expresado en las calles de todo el país.
En la Universidad Nacional de Jujuy el vaciamiento se reconoce, pero no se mide. La conducción gremial admite desde 2024 que las renuncias se multiplican; el propio rector, Mario Bonillo, advirtió en abril que la situación es «cada vez más crítica» y que podrían resentirse actividades claves y hasta la formación de los estudiantes.
La pérdida real del salario docente local supera el 50% respecto de noviembre de 2023. Para una provincia que apuesta al litio, a la minería, a la energía solar y al corredor bioceánico, perder masa crítica en la UNJu –el único actor de formación universitaria pública de escala– es comprometer directamente cada uno de esos proyectos.
Diez mil docentes que renuncian no son una estadística sindical: son la huella concreta de una decisión política.
La DA 20 de la víspera blanqueó el método: tijera sobre los más débiles, premio fiscal al FMI, desacato a la ley. El cálculo es de corto plazo. El costo lo va a pagar una generación entera.