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Los candidatos a la presidencia de El Salvador buscarán en los pocos días que restan de campaña proselitista el voto de aquellos a los que las encuestas aún muestran indecisos, y que pueden ser claves ante el panorama de paridad que registran los sondeos.
El gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) llega mejor posicionado a los comicios del 2 de febrero, por delante de las dos fuerzas que dividen el voto derechista: la tradicional Alianza Republicana Nacionalista (Arena), que gobernó por dos décadas el país, y la flamante coalición Unidad.
Aún así, parece difícil que el FMLN logre el 50 por ciento de los votos que necesita para evitar una segunda vuelta, prevista para el 9 de marzo.
La gobernante fuerza de izquierda basa su campaña en resaltar los logros de la gestión del presidente Mauricio Funes en materia de salud, educación y agricultura, y va a los comicios con una fórmula que encabeza el todavía vice y líder histórico de la fuerza, Salvador Sánchez Cerén, y completa Oscar Ortiz, cinco veces ganador en la alcaldía de Santa Tecla, vecina de la capital.
«El FMLN se ganó el derecho a gobernar otros cinco años más, precisamente por los programas aplicados que benefician fundamentalmente a la población más relegada por décadas», suele repetir Sánchez Cerén en los actos.
Por detrás del oficialismo -aunque algunas encuestas lo dan adelante- está la derechista Arena, que nominó al alcalde de San Salvador, Norman Quijano, seguido de René Portillo, secretario general de la Universidad Tecnológica y dueño de un canal de televisión.
Unidad, en tanto, va a las urnas con el ex presidente Elías Antonio Saca (2004-2009) como candidato a la presidencia. Saca eligió como compañero a quien fuera su canciller, Domingo Laínez, los dos antiguas figuras prominentes de Arena.
Fraternidad Patriótica Salvadoreña y el Partido Salvadoreño Progresista completan el abanico de fórmulas, pero las encuestas les otorgan menos del 1 por ciento de los votos.
Los del domingo 2 serán los primeros comicios en la historia democrática del país en quye se pondrá en práctica el voto residencial en la totalidad del territorio nacional, lo que significa que puede subir la cifra de votantes, que ya no deberán trasladarse a zonas lejanas.
También, por vez primera, los salvadoreños residentes en el exterior tendrán derecho a elegir la fórmula presidencial.
Según el padrón, 4.955.107 ciudadanos están habilitados para sufragar, un 52,7 por ciento de ellos mujeres, en las 10.424 juntas receptoras de votos.
En El Salvador, el derecho al sufragio se ejerce mediante los símbolos de los partidos y las boletas no tienen ni nombres ni fotografías de sus candidatos.
Más de 22 mil policías se encargarán de la seguridad en todo el proceso, que se sumarán a un número no precisado de militares, y le tocará a unos 4 mil observadores nacionales e internacionales vigilarán las elecciones, de las que saldrá el mandatario para el periodo 2014-2019.
A la última semana de campaña se llega en medio de dos polémicas: una, por la decisión de la Corte Suprema de ordenar a los funcionarios que se «abstengan» de participar en actos proselitistas, y otra por las advertencias de la derecha sobre el rol que puedan tener las «maras» (pandillas) en el proceso.
La Sala Constitucional de la Corte admitió una demanda de inconstitucionalidad contra un decreto de Ejecutivo que les permitía a los funcionarios públicos participar en actividades relacionadas con política partidaria.
Según los magistrados, el decreto vulneraba el artículo 218 de la Constitución, que establece que «los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de una fracción política determinada. No podrán prevalerse de sus cargos para hacer política partidista».
El mandatario Mauricio Funes le ordenó hoy a ministros y secretarios que acaten la decisión de la Corte, según informó la Presidencia en un comunicado.
La otra cuestión central en la campaña tuvo que ver con el tema de la seguridad, que Arena y Unidad buscaron poner en el centro de la escena, para cargar contra el oficialismo, al que acusan de mala gestión en el área y hasta de «pactar» con las maras.
Presidencia desmintió haber acordado con esos grupos una suerte de «tregua» para el proceso.
