El Senado aprobó la Ley Johanna, para atender a las personas frente a la muerte perinatal

Activistas del Observatorio de Violencia Obstétrica Argentina (OVOA) celebraron este viernes la aprobación de la ley Johanna, que fija los procedimientos médico asistenciales para la atención de mujeres y personas gestantes frente a la muerte perinatal, porque «pone en discusión la insensibilidad de un sistema». Aseveraron que «la lucha, ahora, está en que se cumpla; y si no, que haya sanciones».

El Senado de la Nación aprobó la madrugada de este viernes, y convirtió en ley de manera unánime, el proyecto llegado en revisión desde Diputados y que fija los procedimientos médico-asistenciales para la atención de mujeres y personas gestantes frente a la muerte perinatal.

La iniciativa define a la muerte perinatal como aquella que se produce entre la semana 22 y hasta siete días después del nacimiento del bebé.

El texto del proyecto señala que todas las obras sociales, las entidades de medicina prepaga y todos aquellos agentes que brinden servicios médicos asistenciales a sus afiliados, independientemente de la figura jurídica que posean, deberán instrumentar de forma obligatoria las medidas y ejecutar los cambios necesarios para garantizar el cumplimiento de la ley.

Su objetivo es posibilitar un ambiente de contención y cuidado, con el acompañamiento de especialistas, facilitar las opciones terapéuticas y las gestiones a realizar.

«Las mujeres y personas gestantes tendrán derecho a recibir información suficiente y adecuada; un trato respetuoso, individual y personalizado; tomar contacto con el cuerpo sin vida, teniendo la opción de hacerlo acompañadas por un psicólogo; tomar conocimiento fehaciente de las causas que originaron el deceso de su bebé; recibir información sobre lactancia, así como de métodos de inhibición y/o donación de ésta; entre otros», describe el articulado de la normativa.

Johanna Piferrer

La ley lleva el nombre de Johanna Piferrer, impulsora de la iniciativa, quien fue víctima de la violencia y el destrato del sistema de salud cuando falleció su bebé -Ciro- mientras cursaba la semana 33 de embarazo.

Consultada sobre la aprobación de la Ley Johanna, la activista, feminista e integrante de la organización Observatorio de Violencia Obstétrica Argentina (OVOA) Violeta Osorio consideró que la normativa es «una deuda enorme del Estado argentino y del sistema médico hegemónico en relación a las mujeres y sus familias que atraviesan pérdidas gestacionales».

«Como toda ley que habla de los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos, principalmente de las mujeres, causa sorpresa que tengamos que hablar de la necesidad de poner leyes para que se respeten derechos humanos básicos como el de la dignidad, integridad y la soberanía, al atravesar -en este caso- un proceso tan complejo y que puede ser tan traumático para una familia», afirmó Osorio a Télam.

«Aquí, lo importante es entender que la ley Johanna viene a poner en discusión que si bien una tragedia puede ser inevitable, la insensibilidad y la crueldad de un sistema es lo que convierte a ese hecho trágico en un evento absolutamente traumático, del que es muy difícil recuperarse», agregó.

Como ejemplo, Osorio mencionó la directiva de que se cuide y prevea que la persona que atravesó una pérdida gestacional o neonatal, no sea ingresada en el área de maternidad junto con otras parturientas o que se encuentran en su trabajo de parto.

Otro es el derecho a recibir y acceder a asesoramiento sobre cómo llevar adelante todo el cambio físico que ha llevado el embarazo y que con una pérdida, cuando no hay un bebé en brazos, tiene características particulares.

También, lo interesante de la Ley Johanna, y destacado por la activista, es «la historia que hay detrás: viene a hablarnos de la historia de una mujer que supo colectivizar su tragedia y su experiencia y nos dio la posibilidad de participar de su lucha».

«Es un enorme ejemplo para toda la sociedad», agregó.

Esas pérdidas gestacionales se recrudecen socialmente porque tienen el componente social de que «deben vivirse en silencio, incluso con vergüenza, porque hay algo en nuestro cuerpo que no funcionó o -tal vez- no deseamos lo suficiente ese embarazo o quien sabe qué hicimos, además de que hay todo un silencio en relación a esos momentos», completó.

La diputada Mónica Macha, quien presentó el proyecto de Ley, explicó a Télam que lo que se propone es «la creación e incorporación de protocolos y programas en los hospitales y distintos espacios de salud, para que se pueda intervenir de un modo más humano y empático en términos de salud física y mental en los contextos de muertes neonatales o perinatales».

«Significa desde el acompañamiento psicológico hasta cómo es el asesoramientos en términos físicos, cuál es el tiempo que la familia necesita para estar con el cuerpo de ese bebé, que tal vez nació sin vida o murió a las pocas horas, porque entendemos que esas horas son fundamentales sobre cómo se va a desencadenar el proceso de duelo, que llevará un tiempo subjetivo», agregó la diputada.

En tanto, la psicóloga perinatal Brenda Charnis, también integrante de la agrupación OVOA, consideró que «resulta clave que exista la ley de atención a pacientes antes de la muerte perinatal porque es necesario que en las instituciones haya un protocolo sobre cómo acompañar a las personas gestantes y sus familias que atraviesan semejante situación, en todos lo lugares y que sea de la misma forma».

«Esto no puede quedar a criterio de cada profesional, tiene que haber un criterio colectivo sobre cómo deben ser atendidas, acompañadas, cuáles son los protocolos a seguir o dónde deben estar en la institución medica», señaló Charnis.

La psicóloga explicó que «atravesar un duelo perinatal es una de las cosas más complejas que veo en el consultorio, la violencia que atraviesan las personas gestantes y sus familias es muy cruel, porque llevás la carga del duelo y la de la violencia obstétrica institucional».

Y ansió que «esta ley sea cumplida» al explicar que «es por lo que hay que luchar ahora que ya la tenemos».

Si no se cumple con la ley, entonces, dijo, que «existan las sanciones correspondientes y que no suceda lo que pasa con la ley de parto respetado, que si bien es clave, porque fue lo que nos permitió hablar de violencia obstétrica, es una normativa que no se cumple por la inexistencia de sanciones».

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