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El Senado dio media sanción a un proyecto para desarmar a los agentes denunciados por violencia de género

Los jueces que tramiten causas de violencia de género contra efectivos de las fuerzas seguridad federales deberán ordenar el retiro del arma reglamentaria y suspender el permiso de tenencia durante el proceso, de acuerdo a un proyecto de ley aprobado por unanimidad por la Cámara alta, que deberá ser ratificado en Diputados. “Las estadísticas indican la existencia de femicidios cometidos con armas reglamentarias por parte de agentes federales que tenían denuncias previas”, destacó la senadora Sigrid Kunath impulsora del proyecto de “desarme de agentes violentos”.

La iniciativa aprobada por unanimidad por la Cámara alta modifica las leyes de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y la Ley de Protección Contra la Violencia Intrafamiliar para hacer obligatoria la quita del arma reglamentaria y la suspensión de la tenencia en los casos donde existen denuncias radicadas contra agentes federales.

“Si el Estado, bajo estrictos parámetros de seguridad es quien habilita a una persona a portar y usar un arma, el mismo Estado es quien tiene la obligación de restringir su uso cuando la persona en quien ha depositado su confianza demuestra signos de peligrosidad”, sostiene el proyecto.

Para acompañar la medida cautelar preventiva, el proyecto también propone un plan de acción de seguimiento psicológico, examen psicofísico. Durante la sesión, también se incorporó un artículo, a propuesta de la senadora Pamela Verasay, que garantiza la continuidad laboral en ámbitos diferentes en caso de que la denuncia de violencia de género sea intrafuerza.

Kunath detalló que ya la quita del arma de fuego en casos de violencia de género estaba contemplada por la resolución 1515 del Ministerio de Seguridad , promulgada la gestión de Nilda Garré, pero el proyecto pretende “no dejar librada la decisión a la discrecionalidad” de los magistrados y dar “aviso inmediato a los superiores de las fuerzas”.

Femicidios federales

El uso de armas reglamentarias en femicidios no es una novedad. Desde el decreto de la resolución 1515 y hasta mayo de 2016, 222 efectivos tenían una restricción de portación .  En 2018, tanto las estadísticas de la Oficina de la Mujer (OM), a cargo de la  Corte Suprema, como el Archivo de Casos de la Correpi continuaron registrando femicidios perpetrados con armas oficiales.

Según el último informe de la Oficina de la Mujer , de los 278 femicidios registrados en 2018, el 23 por ciento del total fueron perpetrados con armas de fuego. Entre ellos, 11 casos habían sido cometidos con armas reglamentarias por parte de integrantes de las fuerzas federales.  Además, el informe resaltaba que en 35 casos, más de la mitad, no se tenía información sobre la tenencia legal o ilegal del arma homicida.

En el mismo sentido, el informe elevaba a 18 los femicidios en los que el autor era parte de las fuerzas de seguridad y advertía: “La cifra es más baja que la aparecida en informes basados en datos periodísticos y esto puede relacionarse con la alta presencia de ‘sin datos’ en la variable que registra ocupación de los sujetos activos”.

Registro de Correpi

El fenómeno también es relevante de acuerdo al Archivo de Casos de la Correpi, que registra, desde la vuelta a la democracia,  349 víctimas mujeres, travestis y mujeres trans a manos de las fuerzas estatales. El archivo de casos de la organización antirepresiva registra 312 casos de muertes “intrafuerza o intrafamilia”, entre ellos, el 95 por ciento se tratan de femicidios.

“Tomando como base los registros existentes a nivel nacional que, hasta fin de 2018, una de cada cinco mujeres asesinada en un contexto de violencia de género es a la vez víctima de la violencia estatal, encarnada generalmente en el arma reglamentaria”, resalta el informe de la Correpi.

Por Nahuel Lag, en Página/12

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