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Electrodependientes: En el registro provincial hay solo 121 de los 400 pacientes que se estima hay en Jujuy

Sin adhesión a la ley nacional ni normativa provincial específica, unas 120 personas electrodependientes de Jujuy reciben un beneficio en el servicio eléctrico y la provisión de generadores de energía. Son solo una parte de las 400 personas que se estima viven en esa situación. Aunque la Legislatura provincial había aprobado la adhesión a la ley nacional en diciembre de 2016, el gobernador Gerardo Morales la vetó por decreto, sin avanzar en un proyecto alternativo.

Este domingo se conmemoró el Día del Electrodependiente. En todo el país, 8700 personas disfrutan de los beneficios de la ley nacional sancionada hace tres años, que dispone la gratuidad del servicio eléctrico y otras prestaciones en virtud de su inscripción al Registro. Cuatro son las provincias que no adhirieron: Formosa y Santiago del Estero nunca aprobaron una norma provincial, mientras que en Corrientes y Jujuy los gobernadores vetaron las que habían aprobado las legislaturas locales.

Gerardo Morales firmó el Decreto N° 2988-ISPTyV/2016, en el cual consideró «apresurada en su redacción y puesta en vigor» la ley aprobada por la Legislatura «y prematuras las imposiciones que no podrán suplirse ni siquiera por vía reglamentaria».

De este modo, la provincia dejó sin marco normativo a los cerca de 400 electrodependientes que se estima viven en Jujuy, que necesitan para vivir dispositivos como respiradores, concentradores de oxígeno o nebulizadores, entre otros.

Caída la ley, la situación de estas personas quedó en manos del Ministerio de Salud de la provincia, que recién el año pasado dictó una resolución abriendo un registro.

En su página web, la empresa Ejesa detalla los beneficios: «tarifa diferenciada hasta 600kWh/mes» y «tratamiento especial para informar a los usuarios electrodependientes en caso de cortes programados o posible suspensión del servicio por falta de pago».

Así es como los electrodependientes de Jujuy pagan la denominada «tarifa social», cuando la normativa nacional establece que el servicio eléctrico debe ser gratuito. Lo que sí está funcionando es la provisión por parte de Ejesa de generadores en caso de corte o falta de suministro. La Superintendencia de Servicios Públicos (Susepu) es el ente encargado de controlar que esto se cumpla.

Claro que, ante la falta de una ley, estos beneficios quedan atados al manejo discrecional y la mayoría de las veces voluntarista de quienes deben velar por la salud de estas personas.

Actualmente, 121 electrodependientes residentes en Jujuy están inscriptos en el registro provincial, que es homologado por el Ministerio de Salud de la Nación.

Verónica Curet, directora de Rehabilitación de la provincia, explicó en diálogo con El Submarino Diario que las personas inscriptas son visitadas periódicamente por agentes que realizan la revisión de los equipos y se contactan con Ejesa y la Susepu en caso de corte de electricidad para que resuelvan la situación. También se da aviso al SAME y, cuando se trata de localidades del interior, al hospital de referencia.

En algunos casos, ya sea por cortes de energía o por falta de suministro, se dispone la provisión de generadores, lo que presenta algunas dificultades por los distintos tipos de equipos que existen. Los hay a nafta y a baterías de litio, y se debe evaluar en cada situación particular cuál es el más adecuado y el más seguro.

El año pasado, cuando se produjo el corte masivo de electricidad en todo el país, que duró varias horas, la existencia del registro provincial permitió atender a las personas electrodependientes. Curet relató que «todos fueron atendidos, a algunos se los trasladó al hospital y a otros se los proveyó de un generador».

A causa de la pandemia de coronavirus, se prorrogó por seis meses el vencimiento de la inscripción en el registro. El trámite de inscripción se realiza en el Ministerio de Salud, pero se está trabajando para habilitarlo online.

Cuestiones pendientes

A nivel nacional, las familias reclaman acceso a la fuente alternativa de energía (FAE) que deben proveerles por ley las distribuidoras y que se normalice la entrega de medicamentos o insumos a quienes están con internación domiciliaria, así como el cumplimiento de otras prestaciones como la ambulancia para traslados y el servicio de enfermería o kinesiología que algunas obras sociales están recortando con la excusa de la pandemia.

Promulgada el 17 de mayo de 2017, la Ley nacional 27.351 estableció la creación de un Registro nacional de Electrodependientes por Cuestiones de Salud (RECS), la gratuidad del servicio para los hogares con algún electrodependiente y la obligación de suministrar una fuente alternativa de energía (FAE) por parte de las empresas eléctricas.

Pero para que la norma no sea letra muerta, las diferentes provincias tenían que adherir a esta ley nacional o sancionar una propia. “Jamás nos imaginamos que hoy habría provincias sin aprobar una ley y menos aún que las pudieran vetar”, dijo a Télam el presidente de la Asociación Argentina de Electrodependientes (AAED), Mauro Stefanizzi.

A fines de abril pasado, el RECS que funciona en el Ministerio de Salud de la Nación, tenía 8721 registros activos y 578 ingresos en trámite, según datos estadísticos a los que pudo acceder Télam.

“El registro va aumentando año a año y es una buena noticia, porque quiere decir más gente se entera y se anota”, dijo Stefanizzi que a mediados de marzo perdió a su hijo Joaquín, un niño electrodependiente de seis años que fue el motor de su militancia por la ley y el inspirador de su libro “Joaco nos conecta”.

En general, lo que está funcionando en todo el país es la gratuidad del servicio. Pero faltan cosas. Desde AAED aseguran que solo el 10 por ciento de las personas electrodependientes accedió a la provisión de la FAE, porque una mala reglamentación del ENRE (del artículo 6) exige a las familias requisitos de imposible cumplimiento.

El verdadero escollo, seguran, es el certificado de conformidad de instalación eléctrica firmado por electricista matriculado, que tiene un costo de entre 10.000 y 15.000 pesos, sin contar las modificaciones que haya que hacer en el cableado.

A estas dificultades se suman por estos días el aumento de reclamos por diversos incumplimientos por parte de las obras sociales.

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