El juez federal Claudio Bonadio elevó a juicio oral la causa de la fotocopias de los cuadernos. El magistrado dio así por cerrada la etapa de instrucción del expediente y volvió a pedir al Senado el desafuero de la senadora Cristina Fernández de Kirchner.
La elevación del caso a juicio oral había sido pedida por la propia senadora y expresidenta en un escrito presentado en julio pasado por su defensa. En la causa se la acusa de ser jefa de una supuesta “asociación ilícita”.
La elevación fue presentada a través de una resolución difundida este mediodía, en la que Bonadio insistió con el pedido de desafuero de CFK. El magistrado reiteró el planteo a pesar de que el Congreso anticipó que esa medida no se tomaría hasta que no hubiera una condena firme. También volvió a insistir con la prisión preventiva en su contra.
En la causa también están imputados el diputado Julio De Vido y otro medio centenar de personas mencionadas en fotocopias presuntamente tomadas de cuadernos escritos por el chofer Oscar Centeno, quien nunca presentó los originales de esos escritos porque, según dijo, fueron destruidos.
En julio pasado, Carlos Beraldi, abogado de la senadora, presentó un escrito ante Bonadio en el que reclamó ir a juicio oral y describió una numerosa serie de “irregularidades del proceso”, como “detenciones a mansalva”, aprietes a los supuestos arrepentidos y declaraciones direccionadas. En la presentación también se reclamó que las pruebas se habían quemado, que hubo violación de todas las garantías constitucionales contra la acusas, además de maniobras de forum shopping.
Tras el pedido de elevación a juicio oral, el expediente deberá ser sorteado para la asignación a un tribunal oral, que será el encargado de juzgar la responsabilidad en la supuesta comisión de delitos de ex funcionarios y del ex titular de la Cámara de la Construcción Carlos Wagner y los empresarios Enrique Pescarmona, Aldo Benito Roggio, Eduardo Eurnekian, Alberto Taselli, Alejandro Pedro Ivanissevich y Hugo Dragnetti, entre otros.
Los imputados están acusados de “organizar un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilegal” y de “utilizar parte de esos fondos para la comisión de otros delitos aprovechando su posición como funcionarios”.
Según Bonadio, esa supuesta asociación “fue comandada por Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández”, ambos ex presidentes; organizada por De Vido, y concretada por el ex subsecretario de Control de Gestión Roberto Baratta, quien habría sido transportado por Centeno al momento de los presuntos cobros.
Luego, a modo de prueba se enumera una larga lista de fechas y relatos tomados de las fotocopias de los cuadernos quemados y que, por tal razón, nunca pudieron peritarse para determinar si las fechas de la escritura.
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