En el primer cuatrimestre del año crecieron 79 % los subsidios para energía y transporte

El gobierno dio marcha atrás con la política de reducción de gastos en el sector energético para mantener las tarifas bajo control hasta las elecciones. El usuario deberá empezar a pagar después las subas ya otorgadas.

Los subsidios económicos, concentrados principalmente en las áreas de Energía y Transporte, sumaron 69.678 millones de pesos en el primer cuatrimestre, 78,9 por ciento más que lo devengado el mismo período de 2018, informó la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP).

Las subvenciones energéticas en particular tuvieron en los primeros cuatro meses del año una variación interanual de 36.879 millones de pesos (270 por ciento de suba), como consecuencia del «efecto de la devaluación del peso sobre las tarifas y del incremento del precio del gas importado.

Los mayores subsidios en el sector se explicaron, concretamente, por el incremento en las transferencias a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa); a Yacyretá y a la empresa Integración Energética Argentina S.A. (Ieasa, ex Enarsa).

Por su parte, los subsidios al Transporte disminuyeron en 6.749 millones de pesos (-29,1 por ciento interanual), por el efecto combinado de mayores partidas para Transporte Ferroviario (1.555 millones) y menores para el Transporte Automotor (-8.296 millones).

El informe de ASAP recuerda que el Consenso Fiscal II entre Nación y provincias acordó el año pasado reducir en 0,3 por ciento del PBI adicionales los subsidios en energía, a partir de una mayor cobertura de la tarifa sobre el costo del servicio.

Ese plan, sin embargo, fue parcialmente suspendido por el Poder Ejecutivo nacional cuando anunció a mediados de abril el congelamiento hasta fin de año del precio de la energía (gas, electricidad) y del transporte, con asunción de los costos asociados por el Estado.

A fines de marzo, la secretaría de Energía informó que los usuarios residenciales abonarían una suba de 10 por ciento en abril, otra de 9,1 por ciento en mayo y una de 7,5 por ciento en junio que en términos acumulados suma 29 por ciento.

El aumento de 10 por ciento en abril y el de 9,1 por ciento en mayo redondeaban un incremento acumulado de 20 por ciento, pero a partir de junio, cuando debe comenzar a regir la suba plena de 29 por ciento, se aplicará el descuento de 22 por ciento. El porcentaje no es casual. Ese descuento de 22 por ciento, que figurará en las facturas como “diferimiento invernal”, neutraliza de manera exacta la suba de 29 por ciento que debería entrar en vigencia desde ese momento. Por lo tanto, las tarifas del invierno no tendrán aumento respecto a los valores vigentes en marzo. Ese descuento regirá durante junio, julio, agosto y septiembre. Recién a partir de octubre se aplicará la suba plena de 29 por ciento, la cual llegará con las facturas de noviembre, justo después de las elecciones.

Si bien los usuarios afrontan el tarifazo de manera gradual, las empresas están percibiendo los nuevos precios desde el 1 de abril. Por lo tanto, es el Tesoro el que se hace cargo de esa diferencia desembolsando 2000 millones de pesos en subsidios. El Estado Nacional afronta también el costo que supone el financiamiento que las empresas le otorgan a los hogares al diferir una parte de la tarifa del invierno para los meses de verano, lo que implica un desembolso de otros 2500 millones de pesos por parte del Tesoro. En total, el Tesoro pondrá 4500 millones de pesos para que la tarifa se mantenga prácticamente sin cambios durante la campaña electoral. Eso explica el incremento de los subsidios que informa ASAP.

Adicionalmente, agregó la ASAP, las transferencias destinadas al financiamiento de inversiones de capital para empresas públicas, fondos fiduciarios y el sector privado, sufrieron una caída del 17,6 por ciento interanual, al ejecutarse en el cuatrimestre un total de 4.183 millones.

A la vez, se verificaron alzas por debajo de la inflación interanual (de 55,8 por ciento, según el Indec) en las Remuneraciones (27,3 por ciento); las Transferencias Corrientes a Universidades Nacionales (24,8 por ciento) y al Sector Empresarial Público (23,1 por ciento); en Bienes y Servicios (11,9 por ciento) y en las Transferencias Corrientes a las Provincias (10,3 por ciento).

Esta última merma se explica porque este año no se incluyen en el presupuesto nacional las compensaciones a provincias establecidas en el Consenso Fiscal, que en 2018 se registraban en el programa Asistencia Financiera a Provincias y Municipios; a lo que se añade una retracción de las transferencias de la función Educación (-25 por ciento interanual), concluyó la ASAP.

Página/12