Entre gallos y medianoche, el Gobierno redujo las indemnizaciones por accidentes laborales

El Gobierno avanzó sobre los derechos de los trabajadores mediante un decreto de necesidad y urgencia (DNU) en el que baja las indemnizaciones por invalidez producto de accidentes de trabajo. El texto se publicó este lunes en el Boletín Oficial bajo el argumento de los «incrementos desmedidos» de esos resarcimientos.

De este modo, el Decreto 669 estableció que «desde la fecha de la primera manifestación invalidante y hasta la fecha en que deba realizarse la puesta a disposición de la indemnización por determinación de la incapacidad laboral definitiva, deceso del trabajador u homologación, el monto del ingreso base devengará un interés equivalente a la tasa de variación de las Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) en el período considerado».

Hasta ahora, el índice que se tomaba en cuenta para actualizar la indemnización hasta el momento del cobro era el de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, un índice mayor.

Además, el DNU se aplicará de manera retroactiva, siendo que en el artículo 3 establece que «se aplicarán en todos los casos, independientemente de la fecha de la primera manifestación invalidante».

En los considerandos el Gobierno argumentó la decisión en que «resulta necesario asegurar la continuidad de las condiciones de sostenibilidad del Sistema de Riesgos del Trabajo, propiciando la protección de los asegurados y trabajadores mediante un sistema financieramente viable». Es decir: el Gobierno dice que es necesario reducirle los costos a las ART.

Además, asegura que «el mantenimiento del esquema actual provocaría un inminente desfinanciamiento del sistema con impacto en la solvencia de las Aseguradoras y, en definitiva, en los trabajadores, beneficiarios del Sistema de la Seguridad Social».

«Los incrementos desmedidos de las potenciales indemnizaciones como consecuencia de la aplicación de la tasa activa (…) son perjudiciales para la necesaria solvencia del sistema», argumenta el oficialismo.

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