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El Gobierno nacional remitirá en los próximos días un paquete de cuatro proyectos de ley al Congreso para iniciar el trámite parlamentario correspondiente. Las iniciativas abarcan una ley de ludopatía infantil, el denominado «Super RIGI», una ley de lobby y modificaciones al sistema de etiquetado frontal, buscando con ellas establecer regulaciones en áreas clave y promover la llegada de capitales.
Regulación de la ludopatía y las apuestas online
El Gobierno centra su preocupación en el crecimiento de la ludopatía entre los jóvenes y el fácil acceso que tienen a estas plataformas desde celulares y redes sociales. El proyecto busca regular las apuestas online y el acceso de menores a los sitios de juego mediante restricciones firmes a la publicidad de casinos virtuales y apuestas.
Asimismo, la iniciativa contempla la obligatoriedad de controles estrictos de edad e identidad, la implementación de medidas de prevención de la adicción al juego junto con campañas de salud mental, y el establecimiento de límites severos a las promociones y bonos de apuestas.
El «Super RIGI» para industrias estratégicas
Esta propuesta funciona como una ampliación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) actual creado con la Ley Bases, y tiene como finalidad atraer inversiones de gran escala en sectores clave y estratégicos que den origen a nuevas industrias en el país.
Para captar capital extranjero, el proyecto propone una reducción del impuesto a las ganancias al 15%, beneficios aduaneros y cambiarios, amortización acelerada, la eliminación de derechos de exportación y estabilidad fiscal y jurídica. Los incentivos estarán dirigidos a sectores como el litio, el hidrógeno verde, la energía tradicional y nuclear, la fabricación de baterías, la industria aeroespacial y el desarrollo de vehículos eléctricos.
Ley de lobby y transparencia institucional
A través de esta normativa, el Ejecutivo apunta a consolidar la transparencia institucional y la ética pública. Si bien aún restan conocerse detalles oficiales del articulado, la propuesta busca brindar una regulación clara a la actividad de lobby y a las relaciones que mantienen los funcionarios públicos con empresas o grupos de interés.
El proyecto prevé la creación de un registro obligatorio de lobistas, la publicación detallada de las reuniones mantenidas con funcionarios, normas estrictas de transparencia, límites a los conflictos de interés y mayores controles sobre el uso político del Estado.
Modificaciones a la Ley de Etiquetado Frontal
Aunque actualmente se encuentra vigente una ley sobre la materia, el nuevo proyecto gubernamental apunta a introducir cambios sustanciales para flexibilizar el sistema vigente. El objetivo plasmado en la propuesta es alinear la normativa local con los estándares establecidos dentro del Mercosur, revisar los criterios técnicos actuales que determinan la colocación de los sellos negros y reducir las cargas regulatorias para las empresas del sector alimenticio.
