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Docentes, estudiantes y autoridades de distintas facultades dictarán este martes una serie de clases públicas frente al Palacio de Tribunales. La medida busca visibilizar el reclamo por el sistema universitario nacional y exigir la implementación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario (N.º 27.795), la cual ya cuenta con la aprobación del Congreso de la Nación.
La jornada de protesta se desarrollará entre las 11:00 y las 17:00 horas, tras la masiva movilización realizada hace dos semanas. Bajo la consigna “señores jueces, que Milei cumpla la Ley”, los organizadores señalaron que las clases abiertas apuntan a exponer el ajuste presupuestario del Gobierno Nacional, advirtiendo que la situación afecta directamente a los salarios, las becas, la investigación y el funcionamiento general de las instituciones.
Cronograma y presencias
A partir de las 15:00 horas, la actividad contará con la participación de la abogada laboralista y docente de la UBA, Natalia Salvo; los diputados nacionales Lucía Cámpora e Itaí Hagman; y el secretario general de FEDUBA, Pablo Perazzi.
El conflicto central radica en que la gestión del presidente Javier Milei mantiene suspendida la aplicación de la normativa mediante decreto, bajo el argumento de sostener el equilibrio fiscal. Desde el Poder Ejecutivo señalan que la ley no especifica la fuente de financiamiento para cubrir los gastos operativos y salarios universitarios.
📚⚖️ CLASE PÚBLICA
“Señores jueces: que Milei cumpla la Ley”.
Nos encontramos en Tribunales en el marco de la jornada de clases públicas, para defender el sistema universitario nacional y exigir la plena implementación de la ley de financiamiento universitario. pic.twitter.com/ELJKWg4Cy4— Feduba (@feduba) May 24, 2026
El reclamo ante la Corte
La ley de financiamiento debió atravesar cuatro votaciones principales en el Poder Legislativo y fue aprobada en dos oportunidades distintas, tanto en 2024 como en 2025, tras lo cual el Ejecutivo recurrió a decretos y a la apelación de fallos judiciales adversos para frenar su ejecución.
Ante este escenario, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) decidió elevar el reclamo al ámbito legal superior y presentó un documento ante la Corte Suprema de Justicia, tribunal que ya se encuentra en condiciones de emitir un dictamen definitivo sobre el caso.
