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La suspensión por un año de la publicidad oficial en los medios de prensa que anunció hoy el Gobierno nacional como parte de una serie de medidas tendientes a reducir el gasto público tendrá un impacto negativo en todo el sistema de comunicación del país, aunque repercutirá en forma más «significativa» en los ingresos de las pequeñas y medianas empresas periodísticas que, de los grandes grupos, coincidieron tres especialistas.
Los fondos que el Estado destinó en 2023 en materia de publicidad oficial, una herramienta cuya función principal es la de dar a conocer los actos de gobierno -como por ejemplo el anuncio de campañas de vacunación o licitaciones públicas- rondaron los 40.000 millones de pesos, unos 100 millones de dólares, una cifra que para el investigador principal del Conicet Martín Becerra «no es relevante» en el total del gasto público.
«Se trata de una medida más de tribuneo que de austeridad. Por otro lado, pensar la austeridad lesionando el derecho de la ciudadanía a acceder a la información pública es un contrasentido», dijo Becerra en declaraciones a Télam.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció esta mañana en una conferencia de prensa la «suspensión de la pauta publicitaria en los medios por un año», tal como lo había prometido el presidente, Javier Milei, durante la campaña electoral que lo llevó al poder.
«Voy a terminar con la pauta oficial, ya que me parece que robarle a la gente para propaganda política (medios públicos) y condicionar periodistas vía la pauta oficial está mal…», había escrito Milei en abril pasado en su cuenta personal de la red social X.
Al anuncio hecho por Adorni se sumó la decisión gubernamental de iniciar una «revisión de los contratos y de cada uno de los nombramientos del Estado nacional del último año» como parte de una serie de medidas para reducir el gasto público.
Por medio de su cuenta personal en X, Becerra dijo que Adorni no precisó ante la prensa si la suspensión de la pauta publicitaria contemplará solo a los fondos que para tal fin tiene a su cargo la Presidencia o si abarca a todo el Gobierno nacional, a las empresas públicas, como YPF y Aerolíneas Argentinas, y a los organismos descentralizados del Estado.
La suspensión por un año de la publicidad oficial del gobierno nacional (¿sólo Poder Ejecutivo?), anunciada por el vocero de Milei, reabre varias preguntas sobre la conexión viscosa gobiernos-medios, y sobre el acceso de la ciudadanía a la información oficial 🧐
— Martín Becerra (@aracalacana) December 12, 2023
Becerra mencionó que la función central de la publicidad oficial «es dar a conocer los actos de gobierno. Es un principio republicano y una obligación constitucional de todo gobierno. De ahí que, desde 1810 en adelante, existe la publicidad oficial», indicó.
Para Becerra, que también es profesor titular en la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) y en la Universidad de Buenos Aires (UBA), no existe un «derecho» de los medios de comunicación a recibir publicidad oficial, pero «sí hay un derecho de la ciudadanía a ser informada sobre lo que el gobierno hace».
Acerca del impacto que tendrá la medida anunciada por Adorni, «será más problemática para empresas medianas y pequeñas» de comunicación «que para grupos más grandes, que fueron hasta ahora los mayores beneficiarios ya que cuentan con otros negocios, más rentables, con el Estado», opinó Becerra.
Y agregó: «El Gobierno tiene muchos resortes económicos para relacionarse con los medios, porque muchos de los grupos concentrados son al mismo tiempo concesionarios de servicios públicos y licenciatarios de otros servicios, además de que son deudores previsionales y fiscales. Esta medida sólo afecta una de las ventanas de la ‘gran paritaria’ que tienen los grupos de medios con los gobiernos», evaluó.
Para Santiago Marino, doctor en Ciencias Sociales y Magíster en Comunicación y Cultura por la Universidad de Buenos Aires (UBA), los fondos que el Estado destina para publicidad oficial en los medios de comunicación «tienen un peso significativo» en las finanzas de las empresas periodísticas, tanto que «dependiendo el año y como se gestione, puede representar entre el 5 y el 10 por ciento del total de la torta publicitaria».
«Si la suspensión decidida por el Gobierno se combina con la retracción que se vive en materia publicidad comercial privada en un contexto de crisis económica, estamos frente a un escenario en el cual los medios de comunicación van a sufrir una fuerte disminución de sus ingresos», evaluó Marino en declaraciones a Radio Nacional.
Esa coyuntura, expresó Marino, «podría derivar en condiciones negativas para la forma de ejercer el periodismo» y agravar la «precarización laboral» que afecta a los periodistas en distintos medios de comunicación.
Marino, en tanto, también evaluó la posibilidad de que provincias y distritos como Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires, que sumados representan una cifra superior a la del Estado nacional, tomen una medida similar.
Agustín Espada, investigador del Conicet y doctor en Ciencias Sociales por la UBA, explicó en declaraciones a Urbana Play que la suspensión de la publicidad oficial no solo afectará a los medios de comunicación, sino que significa retirar los fondos destinados a difundir los actos de gobierno en «las cartelerías de la vía pública, en cines y eventos deportivos».
Al igual que Becerra y Marino, Espada opinó que la medida gubernamental ocasionará «una precarización y pérdida de puestos de trabajo» en los medios de comunicación, lo que repercutirá «en la calidad de los contenidos y el acceso a la información».
