“Este Pacto Social por la Educación promete ser fuente de exclusión social»

Por Juan Manuel Esquivel (Diputado Provincial por Unidad Ciudadana)

Con el Pacto Social por la Educación, el Gobernador Morales se lanzó de lleno a la campaña 2019, adelantando –muy a su pesar- los tiempos electorales.

El Gobernador necesitó 150 mil opiniones (donde los tecnócratas pedagógicos le ganaron a la voluntaria participación ciudadana), para arribar a las mismas conclusiones expresadas ya en el Plan Maestro o Plan Nacional Decenal, presentado por el presidente Macri en marzo de 2017. Un plan, vale recordar, gestado en la más rancia tradición neoliberal del continente delineado en la publicación “Construyendo una educación de calidad: un pacto con el futuro de América Latina”, por la Comisión para la Educación de Calidad para Todos (presidida por Ricardo Lagos, ex presidente de Chile, y por Ernesto Zedillo, ex presidente de México, entre otros)

Escaso de realizaciones y acosado por la debacle económica nacional, Morales utilizó su fórmula preferida para retomar la iniciativa: prometer cambios radicales (vamos a mandar una Ley de Metas Educativas), realizar obras faraónicas (tomar un crédito de 300 millones de dólares para infraestructura), enviar mensajes imperativos desde el púlpito republicano a los Diputados, montar un escenario con aires populares y un operativo policial desproporcionado para cuidarse de las hordas de agitadores (todo extraído del manual marketinero de los duran-barba que lo rodean)

Lejos estamos de aquellas jornadas de intensos debates que dieron forma al Congreso Pedagógico Nacional (1984), plenos de ideas, ideales e ideologías. Lejos de aquel radicalismo que concebía a la educación como un acto político y que logró el compromiso y participación de los más diversos sectores.

En todo caso el Pacto Social por la Educación mostró, una vez más, la impronta autoritaria de la Administración: falta de diálogo ciudadano, consideración solo de las opiniones de quienes piensan igual, exclusión de la discusión ideológica y política, ausencia de la opinión de los gremios del sector y la discusión sobre las condiciones laborales docentes.

No habrá Plan Social por la Educación sin salarios y condiciones laborales dignos para los docentes, sin la construcción y mantenimiento de escuelas, si se cierran carreras docentes, si la exclusión social y la pobreza convierten a las escuelas en sucedáneos de las familias, sin Educación Sexual Integral (ESI), sin Presupuesto.

No basta con decir, panfletariamente, que “Jujuy es la primera provincia en la Argentina que propone un Pacto Social por la Educación”. Todos estamos convencidos que la educación es importante, que es garantía de futuro. Pero en manos de tecnócratas, ahorcadillas de formulaciones neoliberales, despojada de sentido político, este Pacto Social por la Educación promete ser fuente de exclusión social, con su visión biologicista, tecnocrática, entrenando mano de obra hábil pero acrítica, jerarquizando los campos tecnológicos en detrimento del humanístico, ético y social; considerando a la educación una mercancía y medio de producción como una fábrica de recursos humanos. Está ecuación la conocemos muy bien en la Argentina.

El compromiso de todos los actores sociales, el sentido de pertenencia al Pacto, no se conseguirán en forma virtual, ni con 150 mil papeles de opiniones logradas a contrapelo de la realidad. Es necesario un nuevo escenario político con un verdadero nuevo liderazgo político que sintonice en serio con lo popular para lograr un amplio acuerdo educativo que nos garantice un futuro con todos incluidos.