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Alumnos y exalumnos de los Centros de Educación Integral para Jóvenes y Adultos (CEIJA) se manifestaron frente al Ministerio de Educación en rechazo del cierre de esos establecimientos, dispuesto por la ministra Isolda Calsina la semana pasada. La medida alcanza a los centros de San Pedro, San Salvador de Jujuy, Palpalá y La Quiaca, por haber detectado “graves irregularidades que van desde la falta de entrega de títulos hasta ocupación de horas cátedras por personal no docente”.
Los docentes y responsables de los CEIJA desmienten tales irregularidades. Aseguran que todos los profesores tienen título habilitado por el ministerio e invocan el acta que el 26 febrero pasado firmaron la coordinadora de Instituciones de Gestión Privada, Elsa Torfe; el supervisor general Juan Carlos Sánchez, y la asesora legal del Ministerio, Gabriela Castro, en la que se habilitaba el funcionamiento de los cinco centros. “Teníamos la habilitación correspondiente y ahora que desparraman esta noticia triste de que no tenemos documentación y que no administramos bien, una mentira más de este gobierno”, aseguró una profesora que acompañaba la protesta de los estudiantes.
El ministerio convocó a los alumnos a inscribirse para el inicio de clases este lunes y martes en las jefaturas administrativas regionales de sus respectivas jurisdicciones. En tanto, informó que los que ya han cursado y aún no obtuvieron sus títulos, deben presentarse el miércoles 28 en las oficinas regionales. En el caso de Palpalá, deberán dirigirse a la Región III, en Santibañez 1602 de San Salvador de Jujuy.
Aseguró además que todos los exalumnos de estos centros tendrán ofertas educativas en las instituciones de gestión estatal, según cada caso, aunque no dio detalles al respecto ni publicó ninguna información en su página web.
Autoridades de estos centros aseguran que en noviembre pasado recibieron la notificación ministerial de que se incorporaban a la enseñanza oficial, y que debían cumplir ciertos requisitos. También los autorizaban a iniciar las inscripciones para este año. Pero el 19 de marzo, a casi un mes del inicio de clases, les llegó una resolución en la que se les niega la incorporación a la enseñanza oficial y se dispone el cierre de los establecimientos.
Los estudiantes están preocupados, porque quieren seguir con las clases lo antes posible y hacerlo además en un sistema similar al de los CEIJA, en el que podían terminar la secundaria en dos o tres años, pues todos son mayores de 18 años y temen no poder seguir estudiando en el sistema público ya sea por la edad o por la disponibilidad horaria. “El panorama es oscuro -describió la docente-. Las delegaciones regionales les quedan a trasmano, muchos tienen problemas de horarios por su situación laboral o familiar, muchos tienen hijos… Y cuando se quieren reinsertar resulta que no hay turno noche, o no se pueden inscribir en los horarios que ellos pueden, o no dan la modalidad que tenían los CEIJA”.
Estos centros educativos nacieron a instancias de organizaciones sociales o cooperativas. El de La Quiaca, por ejemplo, comenzó a funcionar en 2005 como un establecimiento de gestión social, hasta que en 2016 el gobierno de Gerardo Morales le retiró el presupuesto que tenía asignado. “Siguió funcionando por vocación de los colegas, por compromiso con los alumnos y con la educación”, comentó a El Submarino Radio (91.5) uno de los docentes, Lino Castro.
El profesor repitió el relato de colegas suyos de otros CEIJA: “El 26 de febrero nos habilitaron para funcionar este año, a través de un acta firmada por la directora del nivel, el supervisor general y la asesora legal del ministerio”.
“Llamamos a inscripción, hicimos las modificaciones edilicias que pidió el ministerio y cumplimos con los requerimientos contables y pedagógicos, y el viernes me llega una resolución en la cual nos dicen que dejamos de funcionar como centro educativo”, continuó Castro, y agregó: “Aducen irregularidades administrativas, pero esas cuestiones se subsanan, se corrigen; pero en ningún momento nos llegó una notificación con esas irregularidades, para poder salvaguardar el centro”.
También le informaron que este lunes irían del ministerio a retirar la documentación de los alumnos, los registros de calificaciones, las actas de exámenes y todo el material. “Nuestro asesor legal nos dice que tenemos un plazo de cinco días para ejercer nuestra defensa, y que si retiran la documentación hoy, estarían violando el derecho administrativo. Es lamentable que no se respeten los plazos para que hagamos nuestro descargo”, señaló el docente.
Castro destacó el valor que tienen los CEIJA en cada uno de los puntos donde venían funcionando: “Estos centros son de gran utilidad en las comunidades que se encuentran establecidos”, afirmó, y opinó que “la política partidaria debe estar al margen de la educación, hay que hablar de políticas educativas”.
“La posición nuestra es garantizar el acceso a la educación, a las tecnologías, a internet; trabajar por el bien de la comunidad, para que nuestros alumnos terminen el secundario. Esa es la política que abrazamos, que no es lo mismo que política partidaria. Nosotros hacemos política en fortalecer el ejercicio del derecho de la ciudadanía, fortalecer los valores cívicos y el respeto a los símbolos patrios”, describió.
Interpretó luego que “la gente que está al frente del ministerio no conoce el sistema educativo, no conoce la idiosincrasia de un pueblo como La Quiaca, y se está llevando puestas a instituciones que son un beneficio para la comunidad”.
“Hoy por hoy, alrededor de 400 chicos se van a quedar sin poder continuar con sus estudios -agregó-; esto no es más que una política de destrucción de la educación pública”.
Pero no se trata solo del servicio educativo a los alumnos que tomaban clases. “En La Quiaca no tenemos otro centro de estas características”, aseveró Castro, y describió: “Por ejemplo, los chicos tienen internet gratuito y desde el centro se provee internet a la localidad de Cieneguillas. Es un establecimiento que trabaja permanentemente con las comunidades, que tiene una identidad y la aceptación de la comunidad”.
“Hoy se acercó gente de los puestos de salud, del hospital y exalumnos pidiendo que hagamos notas y juntemos firmas repudiando esta actitud del ministerio de Educación”, completó.
Según Castro, el cierre de los CEIJA se inscribe en “un ataque sistemático a la organizaciones sociales, a los sindicatos”, que tiene el fin de “quitarle el empoderamiento a las comunidades y destruir lo que se ha gestado durante 30 años”.
El CEIJA de La Quiaca pertenece a la Asociación Civil Biblioteca Popular Manuel Belgrano, ubicada en San Salvador de Jujuy, y actualmente no tiene ninguna vinculación con el Cedems, el sindicato d profesores. Castro explicó el que podría ser el origen del malentendido: “La mayoría de los que estamos al frente tenemos una historia sindical muchos años, buscando un sindicato que atienda las necesidades de los afiliados”, detalló, y analizó: “Esto también viene por ese lado, porque esta gente no entiende la diversidad y no respeta a las organizaciones sociales, y se quieren llevar todo por delante. Pero aquí hay una comunidad que está reaccionando porque tiene dignidad y conoce sus derechos”.
