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La causa por el femicidio de María Luz Herrera Leaño dio un paso definitivo en las últimas horas tras quedar firme la elevación a juicio. La joven jujeña de 26 años desapareció en la provincia de Chaco en septiembre de 2023 y por el crimen están acusados su novio y el padre de él.
Nunca se halló el cuerpo de María Luz, y son escasas las chances de que en el juicio los imputados revelen qué hicieron con ella.
El proceso se encuentra formalmente encaminado hacia la conformación del tribunal popular que deberá definir la responsabilidad penal de los imputados, padre e hijo.
El Ministerio Público Fiscal de Chaco dictó una resolución en los últimos días en la que dispuso el cambio de carátula de las actuaciones y la clausura de la investigación penal preparatoria.
María Luz Herrera Leaño, de 26 años, desapareció en Chaco el 1 de octubre de 2023. Su pareja Darío Esequiel Godoy Florentín, de 25 años, y Darío Ismael Godoy Ojeda, el padre de él, están acusados del delito de «homicidio agravado por la relación de pareja y femicidio».
El novio es señalado como el autor material del crimen, mientras que su padre está acusado como partícipe primario. Ambos permanecen bajo prisión preventiva desde el inicio de la investigación.
En diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5), la abogada Carolina Aquino, representante de María Cecilia Leaño, madre de la víctima, detalló el estado actual de las actuaciones. La letrada explicó que, tras quedar firme el requerimiento de elevación a juicio, el expediente fue remitido a la oficina de juicios por jurados.
«La oficina de juicios por jurado lo que hace es cambiar la carátula, pero no la imputación. Muchas veces decimos ‘cambiar la carátula’ y pensamos que se refiere a la imputación, pero la imputación es la misma: delito de femicidio», aclaró Aquino. La modificación formal, explicó, consiste en adecuar los nombres de los imputados en la carátula principal del proceso.
Las audiencias preliminares y la estrategia defensiva
Una vez superada esta etapa, el siguiente paso procesal consiste en el sorteo del juez técnico que presidirá el debate, hito que dará inicio a las audiencias preliminares. Según advirtió la abogada, se trata de una fase extensa que podría comprender entre seis y siete audiencias antes de llegar al juicio propiamente dicho.
Consultada sobre la posibilidad de que los acusados revelen qué hicieron con el cuerpo de la joven, Aquino descartó de plano esa expectativa. «Yo creo que eso no se va a dar», afirmó, y argumentó que esa actitud «forma parte de la estrategia defensiva de ellos» ya que, de hacerlo, implicaría un autoincriminamiento directo.
Sin embargo, la querellante se mostró categórica respecto al resultado del debate popular: «Sí tengo expectativa de que el jurado va a condenar a estas personas, porque hay pruebas suficientes. Y tanto la fiscalía como la querella vamos a tener la claridad suficiente como para explicarle al jurado y convencerlo de la responsabilidad de estas dos personas en el hecho».
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¿Cómo funciona el juicio por jurados?
El sistema de juicio por jurados constituye la máxima expresión de la participación ciudadana en la administración de justicia penal. Su implementación busca democratizar las decisiones judiciales mediante la intervención directa de la sociedad en delitos de extrema gravedad.
El jurado popular está integrado por 12 miembros titulares (seis mujeres y seis varones) para garantizar la paridad de género, además de cuatro suplentes (dos mujeres y dos varones). Los candidatos se seleccionan por sorteo a partir del padrón electoral de la circunscripción judicial correspondiente. De ese universo se extraen inicialmente 40 ciudadanos varones y 40 mujeres.
Luego, durante la audiencia de selección -denominada «voir dire»-, las partes (fiscalía, querella y defensa) pueden interrogar y excluir a potenciales jurados por causales específicas, como parentesco o vínculos con los involucrados, o mediante recusaciones sin expresión de causa, hasta conformar el cuerpo definitivo.
Tras la selección y el juramento formal de los jurados, se desarrollan las audiencias de debate donde se producen las pruebas y los alegatos, culminando con las instrucciones finales del juez técnico para que el jurado delibere y emita un veredicto de culpabilidad o inocencia. El monto de la pena es determinado luego por el magistrado a cargo.
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