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En el marco de la extensión de los cultivos de cannabis de la empresa estatal Cannava, el gobierno provincial ordenó el desalojo de familias agricultoras de la Finca El Pongo. En el operativo realizado este lunes, fue detenida una mujer cuyo paradero estuvo desconocido por varias horas, quien permanece alojada en instalaciones policiales de Alto Comedero.
Organizaciones campesinas de la zona vienen denunciando el avance sobre las familias campesinas e indígenas que producen hortalizas para el consumo de la población jujeña. «Bajo la excusa de la producción de cannabis medicinal, el gobierno avanza sobre familias que hace cinco generaciones producen y trabajan la tierra», advierten.
A través de un comunicado, aseguran que el proyecto de Cannava «esconde la expulsión de productores, la militarización del territorio y la persecución de opositores a dicho proyecto», además de priorizar el monocultivo «en detrimento de la producción diversificada de alimentos».
Marta Leaño es la mujer que fue apresada este lunes. Se trata de una productora que ha denunciado en reiteradas ocasiones el proyecto de monocultivo y el intento de desalojo de familias productoras. La alojaron en instalaciones de la Policía de la Provincia de Alto Comedero, pues la única comisaría de la mujer que funciona en la capital, ubicada en el barrio Los Huaicos, se encuentra en refacciones.
Además de Marta Leaño, hay tres productores también imputados. La mujer está acusada del delito de haber provocado fuego y por usurpación, ambos delitos excarcelables, según la abogada María José Castillo, por lo cual no hay razón para que ella esté detenida.
Por otro lado, la imputación de prender fuego es maliciosa, ya que responde a una práctica común vinculada al manejo y control de malezas. En el caso del predio que trabaja Marta, esta práctica se realizó para eliminar el pasto cubano que tenía en el predio y que dejó de realizarla cuando se lo pidieron.
La imputación del delito de usurpación, en tanto, también es malicioso, ya que los cinco productores acusados han presentado una acción posesoria en el 2016, situación que aún está atravesando los caminos procesales.
En un comunicado firmado por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), La Vía Campesina, el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), y la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC), reclaman la liberación inmediata de Marta Leaño y la restitución de las tierras a los pequeños productores, y exigen «que se respete el trabajo y el territorio de las familias que producen y alimentan a la población de Jujuy», al tiempo que denuncian la represión y el armado de causas a las y los productores.
