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Finca El Pongo: Una audiencia no tan pública que suma pedidos de nulidad

Se realizó este jueves la audiencia pública convocada por el Ministerio de Ambiente sobre el plan de cambio de uso del suelo de Finca El Pongo, con numerosos cuestionamientos de forma y de fondo. Se presentaron pedidos de nulidad por irregularidades en la propia convocatoria, y también se denunció falta de información -imprescindible para que se cumpla el objetivo- y restricciones arbitrarias a la participación incluso de quienes se habían inscripto previamente.

La audiencia estuvo referida al «Plan de cambio de uso de suelo de Finca El Pongo», tramitado en el Expte. 1102-096-2021 e iniciado por la Secretaría de Biodiversidad y Desarrollo Sustentable del Ministerio de Ambiente de Jujuy.

Participaron cerca de 30 personas de manera presencial, en instalaciones del Ministerio de Producción. Durante las 4 horas que duró la reunión, un grupo de productores campesinos llegados desde El Pongo se instaló en la vereda para manifestar su rechazo al proyecto. Son integrantes de las familias que viven y producen desde hace varias generaciones en la Finca, que reclaman explicaciones sobre los fines del desmonte y que se contemple su situación.  Los acompañaron organizaciones campesinas, ambientales, sociales, gremiales, originarias y también vecinos de Campo Verde.

Las exposiciones incluyeron el pedido de anulación de la audiencia, por las irregularidades en los tiempos de difusión y el lugar de realización; por la falta de información disponible para evaluar el proyecto y por discriminación en el derecho al acceso a la información. Además, denunciaron que se vulneró el derecho a la consulta previa, libre e informada que establecen los acuerdos internacionales de carácter constitucional a los integrantes de las comunidades campesinas e indígenas para transparentar la información técnica.

Ya se presentaron varios pedidos de nulidad; entre otros, del Movimiento Nacional Campesino Indígena-Vía Campesina (MNCI-VC) de Jujuy, la CTA Autónoma, la organización Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes) y la abogada Alicia Chalabe.

Se basan en que no se cumplió con la publicación de la convocatoria, no se habilitaron las condiciones para que haya una participación amplia y no se hizo público el desarrollo de la audiencia. «Estas cuestiones demuestran que el gobierno tuvo la intención de que la audiencia y las posiciones contrarias al proyecto tuvieran la menor difusión posible», sintetizó Anabel Yacianci, de CTA-A.

La ministra de Ambiente de la provincia, María Inés Zigarán, no estuvo presente. En representación de esa cartera, estuvo Sebastián Albesa, quien es responsable de Defensa del Consumidor. Una de sus intervenciones llamó la atención: «Los bosques son potencialmente peligrosos por los riesgos de incendio», afirmó.

Otro de los cuestionamientos fue que la audiencia se realizó lejos del lugar involucrado en el proyecto, en este caso el departamento El Carmen, lo que limitó la participación de la población directamente afectada.

Las tierras de Finca El Pongo pertenecen al Estado provincial a partir de una donación realizada por el médico Plinio Zabala con el fin de que fueran utilizadas para la producción y cuyas utilidades deben destinarse al Hospital de la ciudad de Perico. Allí laboran la tierra más de 400 pequeños productores, organizados en cooperativas, y una comunidad indígena que reclama por sus derechos por habitar el lugar desde antes de la llegada de la familia Zabala.

El proyecto del gobierno es modificar el uso de unas 440 hectáreas para, según dicen, «actividades agropecuarias», sin más precisiones. Esto implicaría el desmonte de esa superficie en una zona clave de bosque nativo, que atraviesa todas las parcelas incluidas. Por otro lado, el plan no prevé un estudio de impacto ambiental sino que mantiene como vigente uno realizado en el año 2012. Después de 9 años, es de esperar que el bosque se haya fortalecido, por lo que sería indispensable volver a evaluar las condiciones del lugar.

José Luis Fuentes, agricultor familiar de la finca e integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) de Jujuy, calificó al proyecto oficial como «un nuevo intento de avanzar sobre territorios campesinos e indígenas por parte del Gobierno», y remarcó: «El Proyecto de Ordenamiento Predial (POP) se basa en los resultados de 2012; ellos alegan que no cambió nada en el territorio, pero creemos que puede haber cambiado mucho”.

El cambio de uso de suelo, por otro lado, debe contemplar estudios de impactos sociales y multidisciplinarios, considerando que en el lugar habitan personas que viven y desarrollan su actividad productiva de subsistencia. En el expediente, en cambio, ni se menciona a los campesinos o a los productores.

La falta de precisiones respecto del destino que tendrían esas 440 hectáreas que el gobierno quiere desmontar hace presumir que se trata de un proyecto de ampliación de la empresa Cannava para la producción de cannabis con fines medicinales. “Popularmente creemos que se trata de el proyecto de expansión del cultivo de cannabis», indicó Fuentes.

La diputada provincial Natalia Morales (PTS-FIT), remarcó que el gobierno provincial ya había incumplido con su obligación de consulta previa cuando emprendió el proyecto Cannava: «Ante la necesidad y derecho de pacientes y familiares de acceder al aceite y derivados de manera gratuita, genero un negocio desde el Estado para empresarios amigos, familiares y multinacionales. Ni siquiera hubo información y estudios puestos a consideración, tampoco no se sabe qué presupuesto se maneja y cuáles son los ingresos que por el legado de la Finca El Pongo tendrían que destinarse a la manutención del Hospital Zabala de Perico, que actualmente se cae a pedazos”.

El rechazo

CONTUNDENTE RECHAZO A LOS DESMONTES EN FINCA EL PONGO

El documento campesino

El (MNCI) difundió un comunicado el día de la audiencia, rechazando el proyecto y denunciando que el gobierno «quiere barrer» con «el principal pulmón de monte» en el centro de los valles templados «para darle a algún socio un negocio redondo.

El texto completo:

Mientras las Madres y Abuelas llaman a plantar árboles, el gobierno de Morales insiste con los desmontes

Desde el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI-VC) Jujuy denunciamos que el Gobierno Provincial quiere desmontar 440 hectáreas, el único sector grande de bosque nativo que queda en la Finca El Pongo, uno de los pocos que quedan en zonas llanas de los Valles Templados, para un destino que no se explicita en ningún momento pero seguramente es algún negocio particular.

El Ministerio de Ambiente, en un nuevo intento de mejorar sus récord de desmontes, llama de manera bastante discreta a una audiencia pública semi presencial para hoy jueves 25 de marzo a las 16 hs en el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción (Hilario Ascasubi 290 San Salvador de Jujuy), en la que intentará dar luz verde al desmonte de las últimas 440 hectáreas de bosque nativo de la Finca El Pongo y de los Valles Templados en general.

Para ello publican un documento de 2012, un Plan de Ordenamiento Predial, donde habla de aumentar las zonas de protección de bosque nativo en Finca El Pongo, para finalmente concluir en un Proyecto actual, lleno de cortes y pegados que dificultan su lectura, en el que dicen que es necesario eliminar ese bosque nativo para producir ahí no se sabe qué, pues nunca aclara el destino de esas tierras. Pero da a entender que serían cedidas a privados.

El confuso estudio de impacto ambiental además omite deliberadamente que en la zona a desmontar sí hay producción, a través de familias pastajeras que tienen ahí sus vacas. Es decir, es el principal pulmón de monte en el centro de los valles templados y es un lugar de producción campesina de alimentos. Ellos quieren barrer con todo eso para darle a algún socio un negocio redondo.

Basta de desmontes, basta de destrucción del territorio campesino y de la Pacha Mama

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