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La fiscal federal de La Plata Ana Russo pidió que se ordene un entrecruzamiento de llamadas entre la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y todos los imputados en la causa en la que se investiga la existencia de una mesa judicial en el ámbito de la provincia de Buenos Aires para el armado de causas a gremialistas.
El pedido se incluyó en un dictamen firmado ayer en el cual la fiscal amplió la imputación en la causa a todos los que participaron de una reunión llevada a cabo en la sede porteña del Banco Provincia el 15 de junio 2017, según el escrito al que hoy tuvo acceso Télam.
La fiscal imputó a otras 14 personas, entre ellas el actual intendente de La Plata Julio Garro, y aclaró que reclama investigar «también a toda persona que resultare autor/a, coautor/a, cómplice, partícipe y/o instigador de los hechos» y que «pudieran ser identificados en el devenir de la instrucción»
En un primer requerimiento, se había imputado al exministro de Trabajo de la gestión de Vidal, Marcelo Villegas.
Al respecto, entre las medidas de prueba solicitadas al juez federal de La Plata Ernesto Kreplak, se pidió un «exhaustivo informe de las llamadas entrantes y salientes de los teléfonos de los ex funcionarios presentes en la reunión del día 15 de junio de 2017 y el o los abonados asignados a la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, durante el período entre el 1 de mayo de 2017 y diciembre del mismo año».
«Cabe destacar que esta representación del Ministerio Público Fiscal, ha impulsado la acción penal, no sólo contra los presentes en la reunión del día 15 de junio de 2017, sino también contra toda otra persona que resultare involucrada con los hechos denunciados por la interventora de la AFI Cristina Caamaño, a determinarse en el curso de la investigación».
De este modo, el nuevo requerimiento roza a la exgobernadora María Eugenia Vidal, que también fue denunciada, y sobre la que el juez Ernesto Kreplak solicitó consulta al Ministerio Público Fiscal.
«Se está investigando en autos la supuesta organización de una estrategia, elaborada en el gobierno nacional, provincial y municipal durante el año 2017, dirigida a impulsar denuncias para involucrar en investigaciones penales a personas vinculadas con la práctica sindical relacionada con actividades de la construcción en la Ciudad de la Plata», reza el escrito.
En el texto la fiscal también pide que se libre oficio a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) para que informe, previo levantamiento de secreto, «si alguno de los presentes en la reunión del día 15 de junio de 2017 se les ha provisto de aparatos de telefonía encriptada o satelital y, en su caso, se indique se indique el o los números de de abonados, y si los mismos han sido devueltos al organismo».
El dictamen firmado por la fiscal explica respecto de Vidal que ya se pronunció al imputar, de manera genérica, a quienes “resulten coautores o participes” de los delitos bajo investigación. La novedad parece la inclusión en la investigación a los empresarios que participaron de la reunión, quienes hasta ahora aparecían en una suerte de indefinición e incluso emitieron un documento público en el que se colocaban como víctimas de una maniobra que desconocían.
A fines de diciembre Russo ya había imputado a Marcelo Villegas, exministro de Trabajo de la gestión bonaerense, e impulsó una investigación de los hechos denunciados por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) a partir del hallazgo de un video en el que puede verse a ése y otros exfuncionarios macristas reunidos con empresarios y espías con el supuesto objetivo de promover una persecución judicial a sindicalistas.
De aquella reunión participaron, además de Villegas, Adrián Grassi (exsubsecretario de Justicia de la Provincia de Buenos Aires), Roberto Gigante (exministro de Infraestructura bonaerense), el senador provincial de Juan Pablo Allan, el intendente de La Plata, Julio Garro, y cinco empresarios. También estuvieron Diego Dalmau Pereyra, exjefe de Contrainteligencia de la AFI; Darío Biorci, cuñado y exjefe de Gabinete de Silvia Majdalani, y Sebastián De Stéfano, exjefe del área de jurídicos de la central de espías.
La fiscal Russo pidió una serie de medidas de prueba que incluyen entrecruzamientos de llamados entre líneas telefónicas fijas y de celulares entre todos los concurrentes a la reunión, en la que se habló de la forma de perseguir judicialmente a sindicalistas bonaerenses, en especial al dirigente de la Uocra La Plata Juan Pablo “Pata” Medina. El entrecruzamiento de llamados ya había sido pedido por el abogado de Medina, el penalista César Albarracín.
Los que a partir de su identificación quedaron abarcados en la imputación son los dirigentes empresariales y constructores Marcelo Jaworski, director general de Copetro, y vicepresidente 2° de la Unión Industrial del Gran La Plata; Ricardo Alconada, del Grupo Ocsa y la Cámara de Desarrolladores Urbanos; Guillermo Moretto, presidente del Colegio de Arquitectos de La Plata; Jorge Oscar del Río, vicepresidente 1° de la Asociación Pymes de la Construcción Provincia de Buenos Aires (APYMECO); Fabián Cusini, constructor y organizador inmobiliario, presidente de Agrineco; Fernando Sacrachi, director de ACIP; y Bernardo Zaslascky, director de ACIMCO, la Asociación Comerciantes e Industriales en Materiales de Construcción.
En su momento, al dar impulso a la causa, la fiscal Russo pidió una serie de medidas de prueba y al referirse a los hechos, que aún no calificó, citó la Ley Nacional de Inteligencia, por lo que fuentes judiciales observaron que la investigación podría estar dirigida a determinar si esa norma fue quebrantada, entre otros posibles delitos.
La denuncia que dio origen a esta investigación fue presentada por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, quien a través de un escrito de tres páginas describió el hallazgo de los videos en los que “podrá observarse la organización de una estrategia para impulsar una investigación en la que se logre el enjuiciamiento de personas vinculadas a la práctica sindical centralizada en la actividad de la construcción desarrollada en la Ciudad de La Plata”.
La Justicia deberá determinar qué hacía ese video en manos de la AFI, comandada, entonces, por Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, y si lo que allí quedó registrado es efectivamente la planificación de una estrategia para perseguir a dirigentes a los que el gobierno de Vidal consideraba adversarios políticos o enemigos.
La semana pasada la diputada de Juntos por el Cambio se refirió por primera vez al video que involucra a exfuncionarios de su gestión con empresarios y espías en la supuesta persecución de dirigentes gremiales. “En mi gobierno no hubo ni mesa judicial ni causas armadas ni a sindicalistas ni a nadie. Todos aquellos que hoy se invocan como perseguidos fueron investigados por la Justicia no por mi gobierno, con pruebas claras y concluyentes, y por eso se pidió su detención”, argumentó.
«Nosotros no armamos ninguna causa. La reunión fue institucional, fue ilegalmente grabada y además fue llamativamente presentada ahora luego de dos años por la AFI», se defendió en declaraciones a LN+.
Con Ámbito y Télam
