Garay: «Jujuy no tiene niveles de delincuencia elevados entre los adolescentes»

La Defensora Penal de Menores de la provincia, María Julia Garay, sostuvo que Jujuy está en condiciones de implementar el nuevo Régimen Penal debido a los bajos índices de delincuencia juvenil, y advirtió sobre los riesgos de aplicar una normativa diseñada para grandes urbes que no refleja la realidad local.

La funcionaria del Ministerio Público de la Defensa explicó que Jujuy no atraviesa una situación crítica en materia delictiva juvenil en comparación con otros centros urbanos del país. «Nuestra provincia no tiene un nivel de transgresión penal importante dentro del grupo adolescente. O sea, nuestra comunidad, por suerte, en comparación a las grandes urbes, no tiene niveles de delincuencia elevados, así que nosotros no tendríamos problema para aplicarlo», afirmó en diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5).

Por otro lado, destacó que tanto el Ministerio Público como la Fiscalía tienen «una política de mucha prudencia a la hora de imputar los delitos a los adolescentes».

De la conducta propia de la edad al expediente penal

Uno de los aspectos más complejos del nuevo régimen es que remite de forma directa al Código Penal, por lo que contravenciones o faltas menores que antes no estaban contempladas para adolescentes en la legislación anterior ahora resultan imputables.

Sobre este punto, Garay llamó a reflexionar sobre cómo algunas conductas históricamente naturalizadas pueden quedar bajo el ojo de la justicia penal: «En realidad estos delitos están previstos para los adultos en el Código Penal. La ley anterior, que era del proceso militar, no contemplaba este tipo de delitos menores para los adolescentes. Hoy, la ley directamente hace una remisión al Código Penal, es decir, que todos los delitos que están establecidos para los adultos son también imputables a los niños y a los adolescentes».

«Sobre esto, sí creo que hay que llamar a la prudencia, tanto de los padres como de los adolescentes, porque hay que contextualizar la situación», advirtió.

En esta línea, puso como ejemplo «algunas conductas transgresoras» propias de la adolescencia, como «sacar una lamparita de una casa para ponerla en una carroza», y señaló: «Esto fue una conducta normalizada durante años, y hoy por hoy eso puede tener consecuencias penales».

Garay puso el foco en la importancia de cuidar la convivencia social para evitar la criminalización infundada de dinámicas propias de la etapa adolescente: «Nosotros contamos con una Fiscalía Especializada que es criteriosa, pero hay que apelar también a la conciencia de los padres y de los adolescentes, para que una ley que es extraña a nuestra cultura jujeña, tenga implicancias negativas para la comunidad jujeña, donde no tenemos niveles de violencia alto en adolescentes y niños».

El peligro de ‘crear’ conductas

Garay planteó una distinción doctrinaria sobre la relación entre el derecho y la sociedad, advirtiendo que la norma puede terminar provocando dinámicas punitivas indeseadas entre los propios vecinos y familias. «La ley se relaciona de dos maneras con la sociedad: puede captar una conducta social y normarla, o puede generar conductas sociales», explicó.

«En este caso -continuó-, esta ley no está captando una cultura social de nuestra comunidad jujeña, y el peligro es que genere ciertas conductas sociales. Por ejemplo, que los padres empiecen a denunciar cosas que son en realidad propias de la adolescencia, o que los adolescentes hagan correr rumores sin tener certeza de algún hecho que pueda ser un hecho delictivo».

En este sentido, advirtió: «Realmente creo que tenemos que apelar a nuestra cultura y a nuestra identidad, porque si no, entonces sí las consecuencias pueden ser negativas».

El impacto del ciberespacio

Consultada sobre el uso de redes sociales o de mensajería, que son vehículos de discursos de odio, bullying y violencia digital, comentó: «Esto les puede generar problemas a los chicos, porque además hay que tener en cuenta que todos los medios electrónicos son prueba; o sea, cualquier cosa que se diga en los celulares, la fiscalía tiene la posibilidad de tomar y ahí está la prueba de los hechos. Entonces, los chicos sí van a tener que tener mucho cuidado con estas cuestiones, porque pueden constituir delitos y pueden traerles problemas».

Y añadió: «Por otro lado, no se trata solamente de la consecuencia penal, sino que está la exclusión social, la etiqueta. Que los padres digan ‘con fulanito no vas’, ‘menganito es tal cosa o tal otra’. Yo creo que en eso tenemos que difundir mucho y propiciar la conducta responsable de los padres y de los chicos, porque de verdad es una ley que es extrapolada para nuestra comunidad, no responde a la cultura de los jujeños».

Para la defensora de niños y adolescentes, existe el riesgo de que la nueva normativa incida negativamente en el sentido de convertir en delitos aquellos actos que deberían ser abordados desde otra perspectiva. «Porque dentro de todo, la comunidad de adolescentes y niños es una comunidad sana, y por ahí las transgresiones en las que incurren son transgresiones espontáneas, propias de la edad, con la torpeza de la adolescencia».

El consumo y el narcomenudeo

Frente a la realidad territorial en la que adolescentes son captados por redes de narcomenudeo o incurren en ilícitos bajo la influencia de sustancias, Garay situó al consumo como la problemática de fondo a atender.

«Muchos chicos transgreden la ley penal bajo los efectos del consumo. Realmente no saben lo que están haciendo, porque lo hacen bajo los efectos del consumo, no tienen en ese momento conciencia de lo que hacen. Eso sí es un problema, el consumo», valoró.

Infraestructura y presupuesto

Respecto a la infraestructura y los dispositivos necesarios para albergar a jóvenes en conflicto con la ley penal, la defensora pública apuntó al déficit presupuestario generalizado que trajo la sanción de la ley a nivel nacional. «Es un problema de todo el país porque se aceptó una ley sin provisión de fondos», remarcó.

Consultada sobre el estado de las instalaciones en la provincia de Jujuy, aclaró cuál es la situación actual y la dinámica de contención: «Nosotros en este momento, por ejemplo, tenemos el Centro Socioeducativo de San Pedro, que necesita algunas reparaciones, que está desocupado; allí no hay ningún niño privado de la libertad».

Ese centro, describió Garay, no permanece vacío todo el tiempo. «Por ahí está vacío una semana o 10 días. Siempre puede haber un chico, pero no es una población estable», afirmó.

En cuanto a la capital provincial, mencionó el Centro de Admisión y Derivación, que es donde van los niños cuando los detienen. «Están ahí por 24 horas hasta que se establece si va a haber una prisión preventiva o no. Es un centro que está habilitado para eso; se recibe, se les hace los estudios médicos, psicológicos y todas las cuestiones necesarias cuando hay una privación de la libertad, y de allí se los deriva en el caso de que los jueces dispongan prisión preventiva», describió.

«El problema que estamos teniendo ahora es que tienen que ir a San Pedro, y por ahí los padres o la familia es de San Salvador, entonces ahí habría un problemita», concedió.

Frente a este panorama, admitió que la provincia necesitaría la creación de un nuevo lugar para alojar a adolescentes en conflicto con la ley penal. De todos modos, analizó: «No podemos hacer futurología. En este momento no hay chicos privados de la libertad, pero no sabemos cuáles serían los requerimientos reales. Porque la privación de la libertad es para los casos de delitos graves y los adolescentes nuestros en general no han incurrido en delitos graves. Entonces todavía no sabemos cuándo va a surgir la necesidad de un lugar de privación de la libertad».