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Por Iñaki Aldasoro*. El diario La Nación publicó este viernes una nota de opinión del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, que se titula “El gobierno nacional abraza la impunidad”. En ella, el presidente de la UCR reclama por la visita de los funcionarios Eduardo “Wado” de Pedro y Elizabeth Gómez Alcorta a Milagro Sala, al cumplirse 6 años de su detención. Gómez Alcorta, actual ministra de Mujer, Género y Diversidades, fue abogada de Sala.
En su artículo, Morales enumera tres causas en las que la justicia habría hallado culpable a Sala, pero oculta el armado de un sinfín de causas por parte de su gobierno para mantenerla detenida sin resolución judicial por más de cinco años.
El propio texto de Morales se incrimina cuando dice que recién en febrero de 2021 la justicia condenó por primera vez a Sala. Tampoco abre la boca por la causa que le costó la renuncia al presidente del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, Pablo Baca, quien declaró que Sala estaba detenida por una decisión del gobierno y no por sus delitos.
A pesar de lo sostenido por el gobernador, como todavía no hay sentencia firme, Sala está en la prisión domiciliaria por una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH), que cuenta con el aval de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación
Sobre la famosa ‘mega causa’ que investiga el desfalco al Estado por miles de millones de pesos, Morales informa que todavía no está elevada a juicio. Aquí también se abrió una crisis, porque el juez competente decidió dar un corte definitivo a la investigación, dejando muchos cabos sueltos y eximiendo de sus responsabilidades políticas a los empresarios y funcionarios de turno cómplices de este desfalco millonario. Si llegara a avanzar, no sería más que una “mise en scene” para rescatar, no a Sala, a buena parte del régimen político peronista-radical.
Morales dice que la visita de los funcionarios a Sala es un cachetazo para el pueblo jujeño que fue víctima de sus atropellos. Pero el propio Morales, una vez en el gobierno, cooptó a la mayor parte de la “mano de obra violenta” que dirigía Sala: muchos de ellos revisten cargos de funcionarios, cargos en reparticiones públicas, fueron candidatos en las elecciones en acoples del gobierno y son quienes siguen dirigiendo las viejas estructuras de la Tupac que hoy responden a la UCR.
También se atajó de la denuncia de tener una “justicia militante radical” (recordamos que en 2016 se votó la ampliación de STJ y dos de sus diputados que votaron la misma pasaron a conformar parte del este) diciendo que a nivel nacional, y local, también existe una “justicia militante K” que se eximió de tomar las causas: como vemos, todos tienen el traste sucio. Mas que una defensa de “la institucionalidad”, Morales termina apuntando su crítica a la camarilla judicial buscando una mayor tajada.
Bien mirado, la columna de Morales pretende contragolpear una iniciativa que busca mellar los acuerdos de Morales con Alberto Fernández, por eso reclama una definición presidencial y expone la fractura de su Frente de Todos.
La visita se produjo luego del fracaso del tratamiento del presupuesto y del impasse de las negociaciones con el Fondo. Muchos la interpretaron como una movida del cristinismo al interior de la coalición de gobierno. Como siempre, Sala termina siendo un peón de otra partida.
La paz de los cementerios
Morales dice que desde 2015 el pueblo jujeño “recuperó la paz”, sin embargo, su mandato se ha caracterizado por una violencia institucional inusitada: desde la represión a los obreros de Ledesma y La Esperanza -con detención de parte de la directiva- para habilitar en un caso el desguace del ingenio y en otro un ataque a las conquistas históricas de los obreros; hasta la actualidad con la represión de comunidades originarias y trabajadores en los asentamientos y barriadas de la provincia.
Recientemente ha estallado un escándalo por la infiltración de un policía en una radio comunitaria, dejando en evidencia la infiltración de los servicios de seguridad en las organizaciones sociales y políticas de la provincia, así como el armado de causas a luchadores de todo el arco opositor -hace un mes el gobierno nos volvió a abrir una causa convencional por reclamar el cumplimiento de los compromisos que había asumido el gol provincial.
Para esto se ha valido de la aplicación de un reaccionario código contravencional acordado con el PJ, del cual se ha valido para perseguir a cualquier persona que se interponga en sus objetivos.
La visita de Wado y Gómez Alcorta, como la furibunda respuesta de Morales, responden a medidas de golpe y contragolpes en un cuadro de disgregación política de los dos frentes patronales agudizada por la crisis: por un lado, Morales está obligado, bajo su campaña presidencialista dentro de JxC, a ocultar sus vínculos con un sector del gobierno (Massa, AF).
En ese sentido, la visita de Wado es prácticamente un regalo a Morales en su interna. Morales, a su vez, aprovecha la jugada para volver a torpedear al kirchnerismo, exigiendo una definición política del presidente que busca azuzar la crisis de FdT.
La visita de estos funcionarios ha puesto al rojo vivo las tensiones al interior de los bloques patronales. Cada uno interviene bajo sus propios intereses de camarilla.
*Exdiputado provincial del FIT
