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La fiscal federal de Jujuy, Lucía Orsetti, imputó a 6 exfuncionarios públicos de la gestión del exgobernador Gerardo Morales por fraude contra la administración pública y el uso de documentos públicos falsos labrados por diferentes áreas del Ministerio de Educación, para la construcción de la Escuela Secundaria N°57 en la localidad Caspalá.
La decisión se produce en la causa por la que el Gobierno de Jujuy deberá restituir el predio que tomó y reparar los daños que produjeron en otro privado, que pertenecen a los habitantes del pueblo que está ubicado a 4.000 metros sobre el nivel del mar.
La representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) explicó que esas «maniobras» causaron un daño de más de $43 millones al Estado nacional, quien aportó los fondos para las obras que comenzaron y no pudieron culminar debido a que el lugar designado para levantar el establecimiento. educativo era un yacimiento arqueológico protegido por las leyes provinciales y federales, la Constitución Nacional y las convenciones internacionales.
Foto: Originarios.ar
Según el antropólogo Gustavo Ontiveros, en la propiedad privada, ocupada por el Estado provincial para construir la cancha de fútbol destruida, a modo de reparación, las máquinas «arrasaron con parte de cuatro o cinco estructuras subterráneas que podrían tratarse de tumbas o silos circulares».
La jueza de garantías N°2 de San Salvador de Jujuy, Carina Inés Gregoraschuk, hizo lugar a la imputación formulada por la fiscal federal de Jujuy, Lucía Orsetti, sobre la exministra de Educación provincial, María Teresa Bovi ; la titular de la Secretaría de Infraestructura Educativa, arquitecta María Victoria Martínez Fascio, y el director de Proyectos de la Secretaría de Infraestructura de esa cartera, arquitecto José Raúl Torrejón.
También para la asesora legal de ese ministerio, María Cecilia Rotondo; el exasesor legal de la Fiscalía de Estado jujeña, Diego Montenovi; y el ex comisionado municipal de Caspalá, Natividad Apaza.
La magistrada estableció, con el acuerdo de la fiscalía y las defensas, que la investigación se prolongue durante los próximos 45 día hábiles, que concluirán el 25 de abril próximo, fecha en la que además vencerán las dos medidas cautelares que impuso a las personas imputadas: la promesa de someterse al procedimiento y de no obstaculizar la actividad judicial en el caso y su sometimiento al cuidado o vigilancia de una institución, que en este caso se llevará a cabo ordenando a cada una de las instituciones donde prestan servicio las personas imputadas para que de inmediato informen al juzgado y a la fiscalía cualquier tipo de modificación en su situación de revista.
Al dictar esta medida, la jueza rechazó el pedido de la fiscalía para que se prohíba la salida del país de los/as imputados/as -la querella que representa a la comunidad Kolla de Caspalá había requerido además que se les retire su pasaporte- y sostuvo que el arraigo y el carácter de excarcelables de los delitos investigados y de funcionarios/as públicos/as de las personas imputadas hacía presumir que estarían a derecho. Por eso, marcó, se ordenaba un control sobre su situación de revista en los organismos donde se desempeñan.
De acuerdo con la fiscalía, las maniobras investigadas ocurrieron en el marco de la iniciativa del gobierno de la provincia de Jujuy para avanzar con las obras de la escuela sobre la cancha de fútbol de Caspalá, el único terreno nivelado del pueblo ubicado a 4000 metros de altura sobre el nivel del mar que constituye además parte del patrimonio cultural identitario, y en un predio privado con yacimientos arqueológicos subterráneos.
Aquel episodio dio lugar a protestas de la comunidad kolla, que fue reprimida, y luego repercutió en el avance de un caso judicial en el fuero federal, en el marco del cual el mes pasado se arribó a un acuerdo de reparación en el que el gobierno provincial se comprometió a retirarse de los predios ocupados y a regresar al estado de cosas preexistente.
Aquel conflicto forma parte del contexto de los hechos objeto de la investigación por fraude a la Administración Pública en la construcción de la escuela, que -de acuerdo con la hipótesis criminal- los/as funcionarios/as imputados ejecutaron a sabiendas de que la obra se erigía en un lugar no adecuado, en base a la inserción de datos falsos en la documentación oficial y sin tomar las previsiones necesarias para la protección del patrimonio cultural.
