El Gobierno de Javier Milei modificó las condiciones para que las empresas puedan ser consideradas proveedoras locales de los grandes proyectos de inversión incluidos en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). A través del Decreto 1366/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, eliminó el requisito que establecía que al menos el 51% del capital social de una compañía, o la participación necesaria para controlar sus decisiones, debía pertenecer a personas o empresas con domicilio fiscal en Argentina.
A partir de ahora, alcanzará con que las sociedades estén constituidas y domiciliadas en el país, sin importar la nacionalidad de sus accionistas ni la composición de su capital.
La modificación representa un cambio en las condiciones de acceso de las empresas a las cadenas de suministro de los proyectos beneficiados por el régimen, ya que permite que filiales de compañías extranjeras sean consideradas proveedoras locales, incluso cuando la totalidad de su capital se encuentre en manos de accionistas del exterior. De esta manera, el Gobierno amplía el universo de empresas que pueden computarse dentro del porcentaje de compras locales que deben cumplir los grandes proyectos de inversión, sin establecer una preferencia vinculada a la participación de capitales nacionales.
Hasta la modificación, la reglamentación del RIGI establecía dos condiciones para que una persona jurídica fuera considerada proveedora local. Por un lado, debía estar constituida y domiciliada en Argentina. Por otro, sus accionistas debían tener domicilio fiscal en el país y controlar al menos el 51% del capital social o contar con los votos necesarios para formar la voluntad de la sociedad. Este último requisito funcionaba como una condición de participación para las empresas de capital nacional y limitaba la posibilidad de que las filiales de multinacionales computaran sus operaciones como compras locales.
El Decreto 1366/2026 suprimió esa segunda condición. En el nuevo texto del artículo 3, inciso f, del Anexo I del Decreto 749/2024, se establece que serán proveedores locales las personas humanas con domicilio fiscal en el país y las personas jurídicas constituidas y domiciliadas en Argentina que presten servicios o provean bienes a uno o más Vehículos de Proyecto Único (VPU) adheridos al RIGI.
La norma no exige ningún porcentaje de participación accionaria argentina, ni establece diferencias entre empresas según el origen de sus propietarios. En consecuencia, una sociedad controlada íntegramente por una multinacional podrá ser considerada proveedora local si cumple con las condiciones de constitución y domicilio establecidas en el país. No alcanza, sin embargo, con que una compañía extranjera tenga solamente una oficina comercial o representación en Argentina: debe operar a través de una persona jurídica constituida y domiciliada localmente.
Pymes en desventaja
Uno de los puntos centrales de la modificación es su impacto sobre la participación de las pequeñas y medianas empresas argentinas en los proyectos que ingresan al RIGI. La normativa original contemplaba una protección relativa para las compañías de capital nacional, al exigir que la mayoría accionaria de las sociedades proveedoras estuviera en manos de titulares con domicilio fiscal en el país. Ese requisito permitía distinguir a las empresas nacionales de las filiales de compañías extranjeras, aunque ambas desarrollaran actividades en el territorio argentino.
Con la nueva reglamentación, una pyme argentina podrá seguir participando como proveedora, pero competirá bajo la misma categoría normativa con sociedades locales controladas por grandes grupos internacionales. Estas últimas podrán computar sus ventas como compras a proveedores locales, aun cuando sus accionistas y la mayor parte de sus intereses económicos se encuentren en el exterior.
Las inversiones en minería, energía, hidrocarburos, infraestructura y tecnología requieren una amplia red de empresas proveedoras de maquinaria, equipos, insumos industriales, servicios técnicos, ingeniería, logística y mantenimiento. Se trata de actividades en las que las pymes nacionales podrían encontrar oportunidades para incorporarse a las cadenas de valor de los grandes emprendimientos.
En los considerandos del Decreto 1366/2026, el Poder Ejecutivo justificó la modificación a partir de la necesidad de adecuar la reglamentación del RIGI y ampliar la participación de empresas radicadas en el territorio nacional en las cadenas de suministro de los proyectos. El texto sostiene que corresponde determinar la condición de proveedor local en función de la constitución y el domicilio de las sociedades en el país, sin considerar «la nacionalidad o residencia de sus accionistas ni la composición de su capital social».
Según la argumentación oficial, la modificación busca favorecer «la integración de las empresas radicadas en el país en las cadenas de suministro de los Proyectos RIGI», además de promover una mayor concurrencia de proveedores y el desarrollo de encadenamientos productivos locales.
El Gobierno plantea así que la presencia jurídica y operativa de una empresa en Argentina constituye un criterio suficiente para considerarla local, independientemente de quiénes sean sus propietarios. Bajo esa interpretación, una sociedad constituida en el país desarrolla actividad en el territorio nacional y puede participar de los proyectos de inversión, aun cuando sus decisiones empresariales y su estructura accionaria dependan de una compañía extranjera.
El Destape

