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Por Itzamná Ollantay. Guatemala, al igual que el resto de los bicentenarios estados republicanos de América Latina, se construyó sobre los hombros de indígenas y campesinos obedientes y esquilmados. Aquí, como en el resto de los países, el sistema político electoral estuvo ideado para que únicamente pudiesen participar y ganar elecciones los ciudadanos plenos (blancos, ricos, y con estética urbana).
Indígenas y campesinos, muy a pesar de haber adquirido formalmente la condición de “ciudadanos”, jamás tuvieron derechos políticos (ser elegidos gobernantes, y administrar los estados). Ellos y ellas sólo nacían y morían con obligaciones. Nunca con derechos.
Es en este marco histórico ideológico que se debe valorar la insubordinación plebeya emergente en la Guatemala actual. Un acto irreverente que ni la propia izquierda clásica pudo abonar, ni quiso, ni quiere comprender.
Centenares de comunidades en resistencia ante el avasallamiento/despojo por parte del las empresas transnacionales, en 2016, decidieron impulsar un proceso de Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional para crear un Estado Plurinacional. Y, para avanzar en esta agenda, decidieron conformar una organización política propia, porque según ellos, la narrativa ideológica de la izquierda tradicional no recoge, ni acoge, estas, ni otras demandas de los movimientos indígenas campesinos actuales.
Importante considerar que estas comunidades, desde la primera década del presente siglo, ya se encontraban en procesos de resistencia, y ya planteaban la necesidad de la nacionalización de los bienes y servicios privatizados (mediante la revisión de los contratos de concesión).
Fue así que, para finales del 2018, luego de un proceso asambleario participativo inédito, sin financiamiento ajeno, sin orientación ideológica por parte de las vanguardias “revolucionarias”, lograron inscribir legalmente su organización política denominado Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP). Y, a esta su organización política la denominan instrumento político (para marcar la diferencia con el resto de los partidos políticos del país).
Y así, sin recursos financieros millonarios, con candidatos/as propias, con propuestas post neoliberales y post Estado criollo, estos vilipendiados de la Colonia y de la República criolla disputarán el poder político, en las urnas, el próximo 16 de junio. Un hecho sin precedentes.
Es la primera vez en la historia de Guatemala, y quizás en la región centroamericana, que poblaciones indígenas y campesinas se auto organizan políticamente, y se encaminan a participan en elecciones generales. Existen experiencias locales, pero de carácter nacional es la primera.
En este sentido, el próximo proceso electoral será, y ya es, toda una escuela de aprendizaje y de desmitificación del quehacer político electoral como un acto reservado y exclusivo para ricos-blancos-urbanos.
¿Por qué denominan instrumento político a su organización política, y qué proponen?
Lo hacen para diferenciarse de las otras 27 organizaciones políticas (partidos) que estarán en contienda electoral en las próximas elecciones. Sostienen que los partidos son de los ricos, tienen dueños y son electoreros (sólo activan en épocas electorales), y MLP es un instrumento político de los pueblos porque es hechura de comunidades en resistencia, sin patrones, ni dinero, asamblearios.
A diferencia de los otros 27 partidos políticos, MLP propone la necesidad de revisar los contratos de privatización de los bienes y servicios. Ningún partido de derecha, ni de la izquierda tradicional plantea esta agenda urgente. Además, MLP propone impulsar un proceso de Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional para redactar una nueva Constitución Política, y crear un Estado Plurinacional. Así mismo, siempre a diferencia del resto de organizaciones políticas, MLP plantea la necesidad de restituir territorios a los pueblos, recuperar tierras y agua para garantizar la producción y soberanía alimentaria.
Estos planteamientos los vinieron debatiendo y anunciando, desde antes incluso de la creación de MLP, en las redes sociales y en sus asambleas. Pero, por el racismo “normalizado” en los agentes de la cultura oficial, analistas y opinadores que grafican la coyuntura del mapa político electoral no les prestaron, ni les prestan atención alguna.
Para sorpresa e incomodidad incluso de la izquierda clásica, las comunidades en resistencia que crearon MLP decidieron que sus candidatos/as electos/as a cargos públicos renunciarán al derecho de antejuicio (que actualmente asiste y protege a autoridades políticas de elección popular), y al secreto bancario. Es decir, los funcionarios electos por MLP no se escudarán en el “antejuicio” para no ser investigados, ni esconderán sus patrimonios económicos con el “secreto bancario”.
Además, las y los diputados de MLP no contratarán asesores, ni secretarios innecesarios, indican.
Otra determinación que desafía al resto de las organizaciones políticas es que MLP decidió y publicó que sus candidatos/as, de ser electos como funcionarios públicos, percibirán un sueldo máximo equivalente a cinco salarios mínimos (Q. 15 mil, o 2 mil dólares). Esta determinación, de llevarse acabo, será un acto de “revolución cultural” en un país donde el Presidente cobra un salario no menor al equivalente a 18 mil dólares. Alcaldes y diputados reciben ingresos equivalentes entre 5 mil a 10 mil dólares por la función pública que cumplen.
Según el listado y fotografía publicadas de sus candidatos y candidatas locales y nacionales, MLP tiene fisonomía y estética diferente al resto de las y los candidatos políticos. Es probable que anuncien la candidatura de una mujer indígena rural para la presidencia. De ser así, también allí marcaría la diferencia con el resto de los otros 27 organizaciones políticas.
Habrá que ver si MLP logra colocar diputados o alcaldes en los intersticios del Estado criollo. Y, si efectivamente las comunidades en resistencia contarán con los mecanismos necesarios para hacer cumplir sus determinación de hacer otra política diferente a lo acostumbrado, y si verdaderamente desafían al sistema neoliberal, y al Estado criollo.
