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Después de muchas idas y venidas y un total de siete audiencias, este martes, el juez penal en delitos contra la administración pública y económicos, Rodolfo Fernández decidió elevar a juicio oral la causa contra los 20 dirigentes sociales que están imputados por su participación en la movilización del 20 de junio de 2023 que rechazaba la reforma de la Constitución provincial, aprobada ese día en la Legislatura.
Cabe recordar que ayer en la última audiencia de la semana pasada, el magistrado rechazó y aceptó pruebas presentadas por la defensa y la fiscalía.
En todas las audiencias, las defensas denunciaron numerosas irregularidades en la investigación y advirtieron, una vez más, que se trata de una causa armada con el fin de criminalizar la protesta social y continuar con la persecución a referentes sociales.
El fiscal Diego Funes, en nombre del Ministerio Público de la Acusación (MPA), logró el objetivo de llevar a juicio cuanto antes a los 20 manifestantes que fueron imputados por los delitos de resistencia a la autoridad, lesiones leves doblemente agravadas y daños a bienes de uso público.
«No están juzgando a 20 jujeños, están juzgando a todo un Pueblo»
Imputados
Miguel Ángel Ramos, Santiago Zamora, Leonardo Alejandro Rosales, Walter Armando Puca, Gabriel Taboada, Martin Antonio Abad, Francisco Emilio Lyonnet, Luis Santiago Zalazar, José Ivan Blacutt, Gabino Cruz, José Darío Donaire, José Luis Leopoldo Vilca, Nelson Javier Mamani, Mayuk Nasib Mamani, Héctor Luis Gerónimo, Walter Damián Brizuela, Dan Leonel Liborio, Gonzalo José Marino Diaz, Nahuel Tomás Herrera, Rivero Lautaro Joaquín.
‘Circo jurídico’: Se define si se eleva a juicio la causa contra 20 manifestantes contra la reforma
Dato insólito
En la primera audiencia preliminar, el 16 de septiembre, ocurrió un hecho llamativo: no se presentó el fiscal de Estado, Sebastián Albesa, quien representa a la querella del Estado provincial. Sí se presentó en la segunda, pero el abogado defensor Mauro Tabak pidió el desestimiento de esa querella mientras que el fiscal Funes dijo que se debía considerar que el Estado había abandonado la causa.
Por su parte, Albesa afirmó, curiosamente, que con estos planteos se estaban violando las garantías constitucionales del Estado para participar en el juicio, un argumento que las defensas califican como insólito, puesto que las garantías constitucionales están dirigidas a las personas y no a instituciones.
Apeló ante la Corte Suprema de Justicia de Jujuy, que deberá determinar si acepta o no la apelación, que podría terminar en manos de la Suprema Corte de la Nación, que no tiene plazos para fallar.
Causa abierta contra funcionario
La única causa abierta contra funcionarios del entonces gobierno de Gerardo Morales es la que tiene como acusado a Diego Suárez, quien se desempeñaba como secretario de Relaciones con la Comunidad del Ministerio de Seguridad -un cargo de menor jerarquía- imputado por las represiones en Purmamarca y la Legislatura, por las que podría recibir una condena de diez años de prisión si es encontrado culpable.
Imputan a un funcionario como único responsable de la represión por la reforma constitucional
