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En la audiencia de ayer, en el segundo juicio oral y público por los delitos de lesa humanidad, se produjeron dos testimonios, una sobreviviente de la dictadura militar y el hermano de un desaparecido. La mujer reconoció a dos de los procesados y relató haber visto a otras detenidas torturadas, mientras que el hombre reveló que “había artistas que formaban parte de un grupo de colaboracionistas con el Ejército argentino”.
Dora de Weisz, expresa política en la cárcel de Gorriti, recordó que Dominga Álvarez de Scurta, María Alicia del Valle Ranzoni y Juana Francisca Torres Cabrera, las tres desaparecidas, llegaron el penal después del golpe cívico-militar, “torturadas”. El cadáver de Scurta fue hallado en 1984 en el cementerio de Yala, donde había sido enterrado como NN .
Dora Weisz tuvo una hija en cautiverio. Su esposo, Jorge Weisz, que estaba también detenido pero en otro pabellón del Penal, había sido vicepresidente de la obra social del Sindicato del Ingenio Ledesma. «Las compañeras eran sacadas de la ciudad, las llevaban a un campo y era pateadas por un grupo de hombres con botas» que estaban al mando del comisario general de la policía local, Ernesto Jaig, declaró la mujer.
Antes del penal de Villa Gorriti, estuvo detenida en la cárcel de mujeres El Buen Pastor. De allí la trasladaron en noviembre de 1975 junto con su hija Libertad, a quien llamaba Poty.
Como en tantos otros testimonios que se escucharon en este y en el primer juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en la provincia, volvió a surgir la total complicidad que había entre la iglesia jujeña y las fuerzas represivas. El obispo de la diócesis de Jujuy, José Miguel Medina (luego vicario castrense), antes del golpe cívico-militar, ofrecía misa e iba a confesar a los detenidos del Penal. Dora Weisz relató que las mujeres que estaban detenidas le solicitaron “garantía sobre nuestras vidas», a lo que en otra visita les respondió «por ahora me dieron garantías». El monseñor tenía además un mensaje para Dora: «Hija mía, quiero decirte que la razón está de vuestro lado, ahora hace falta prudencia».
Dos de los procesados en este juicio son los hermanos Carlos y Ricardo Ortiz, oficiales del Servicio Penitenciario. Dora dijo que uno de ellos —sin poder precisar cuál— era el encargado de censurar las cartas, que iban primero a la sede del Área de Inteligencia 323, allí las leía y luego la entregaba a las detenidas.
Contó que las mujeres en el pabellón estaban aisladas, ubicadas en celdas individuales con ventanas tapadas con madera. Afirmó que las torturadas “no eran curadas por el médico que atendía en la cárcel, salvo que fuera una gripe o tos”.
Artistas y cómplices
El otro testimonio de la jornada fue el de Gustavo Lara Torres, hermano del detenido desaparecido Jaime Lara Torres, quien fue sacado del penal jujeño el 10 de junio de 1976 y aún permanece en calidad de desaparecido. Ambos bolivianos y pintores.
El hombre relató que su hermano fue secuestrado el 28 de mayo de 1976 al amanecer y trasladado a la jefatura de la Policía, que fue a verlo esa misma noche pero el comisario Ernesto Jaig le dijo «váyase de aquí; si no, lo detengo».
Relató que su esposa y una hija fueron quienes lo vieron por última vez en la central de policía. En esa oportunidad les dijeron que Jaime iba a salir en libertad. Sin embargo, tiempo después, supo por parte de un policía que le hicieron firmar su libertad, vino un enfermero que le puso una inyección y lo llevaron «dormido a la cárcel».
Gustavo Lara Torres contó que fue a ver al obispo de Jujuy, Miguel Medina para que interceda por su hermano, pero “nunca hizo nada”. Dijo también que un ejecutivo de la empresa Ledesma de apellido Carrizo le dijo en un encuentro: «Su hermano Jaime tiene nombre de guerra, está muy comprometido». «Ahí me enteré de que mi hermano estaba en el PRT, y que su nombre de guerra era Santiaguito”, relató Gustavo.
En procura de saber sobre su hermano acudió pidiendo apoyo a artistas locales que estaban vinculados con el Ejército y la policía Federal, pero sin resultados.
Jaime fue trasladado a la cárcel de Gorriti en el mes de junio. «Hacía mucho frío eran las 3 o 4 de la madrugada cuando fuimos a verlo y parecía un cuadro de Goya, dantesco, muchísima gente preguntando por sus familiares”.
Los atendieron en la guardia de entrada y les entregaron una esquela donde su hermano les pedía “un libro de historia del arte, acuarelas, pinceles y un abrigo”. Esa fue la última comunicación que tuvieron, nunca más supieron de él.
Recurrieron a cuanta persona influyente podía mediar por Jaime, aun con quienes res resultaban desagradables, como el muralista Luis Acosta Cerra y su mujer, que le prometieron colaboración pero sin embargo —según supo por un gran amigo y colega, Remo Bianchedi— a sus espaldas se reían y decían cosas como “van a caer todos los Lara”. Acosta Cerra y su mujer se jubilaron en la Policía Federal.
En una oportunidad llegaron a su casa, con el pretexto de obsequiarle un disco, el poeta y músico Hugo Chagra —autor de Sapo Cancionero y dentista del Ejército— y el escritor Marcos Paz. Pero lo hicieron para revisar su biblioteca, según advirtió Torres Lara: “No sabía que formaban parte de un grupo civil de ayuda al Ejército” junto al matrimonio Acosta Cerra.
«A mi hermano Jaime lo asesinaron por sus ideales”, afirmó convencido Gustavo.
En este proceso se están develando cuatro causas acumuladas sobre la desaparición y asesinato de la docente Dominga Álvarez de Scurta y la detención y desaparición Osvaldo José Gregorio Giribaldi, Jaime Rafael Lara Torres, María Alicia del Valle Ranzoni, Juana Francisca Torres Cabrera, Pedro Eduardo Torres Cabrera y Jorge Ernesto Turk Llapur.
En el expediente “Álvarez de Scurta, Dominga s/su desaparición” se encuentran procesados Luciano Benjamín Menéndez, jefe del III Cuerpo del Ejército Argentino; Antonio Orlando Vargas, ex interventor en el Servicio Penitenciario, y los guardiacárceles César Darío Díaz, Carlos Alberto Ortiz, Orlando Ricardo Ortiz, Mario Marcelo Gutiérrez y Herminio Zárate. Todos están procesados por los delitos secuestros, torturas y desapariciones, en el marco de los crímenes de lesa humanidad.
