El Submarino Jujuy Noticias de Jujuy, Argentina y el mundo
Por Pablo Baca (diputado provincial UCR). Tenemos un gobierno que, a través del tiempo, se ha esforzado por impedir el acceso a la información, y también por reducir o debilitar controles sobre la gestión de los funcionarios. Esa misma resistencia tiene que servir para comprender la enorme transformación que significaría la transparencia en Jujuy.
La Unión Cívica Radical, contra esa resistencia, viene impulsando la mejora de la Ley de Acceso a la Información, la puesta en funciones de la Comisión establecida por la Ley de Ética Pública, la modificación de esta ley, para que las declaraciones de los funcionarios sean públicas, así como la creación de una Oficina Anticorrupción.
Son medidas estratégicas porque, por sí solas, pueden servir para modificar todo el sistema. Tendrían efectos poderosos.
Los que gobiernan Jujuy creen que tienen la facultad de decidir de cualquier manera y no dar explicaciones. Ni informaciones. La idea es que los que habitan Jujuy no tienen derechos. Tienen que ir y pedir al gobierno. Si el gobernante quiere, hay respuesta. Si no, no. Los recursos se distribuyen en forma arbitraria.
Son decisiones que no se pueden explicar. La explicación, en todo caso, no se puede hacer pública. Para gobernar, eso piensan, hace falta un gran margen de arbitrariedad y no dar explicaciones.
En un sistema de discrecionalidad en las decisiones y de falta de transparencia, florece la corrupción.
Esa es la situación que los proyectos que impulsa el radicalismo viene a revertir.
El que propone una nueva ley de acceso a la información pública necesita reconocer en primer lugar el gran progreso que significó en Jujuy la sanción de la Ley 4444 en los primeros años de la democracia: significó la posibilidad de una herramienta para luchar contra la arbitrariedad y el secretismo en Jujuy. Ha sido muchas veces utilizada y muchas veces con éxito.
Pero sucede que, entre la sanción de esa norma y el presente, han ocurrido cambios importantísimos en lo que se refiere al desarrollo de este derechos en el marco de los tratados de derechos humanos y también por las transformaciones que han experimentado las tecnologías de la información y de las comunicaciones.
Con relación a la Oficina Anticorrupción, es una necesidad del sistema en nuestra provincia. No hay ninguna autoridad ningún organismo que pueda llevar a cabo investigaciones de las conductas de los funcionarios en el ámbito de la administración.
Los empleados públicos de Jujuy están sometidos a la posibilidad de que sus actos sean investigados, correspondiendo esa tarea a la Dirección de Personal. Pero ninguna autoridad puede investigar las conductas de los funcionarios. Cuando, por la mayor capacidad de decisión de los funcionarios y por administran mayores fondos, son los que pueden causar mayores daños y faltas más graves.
En lo que hace a la Ley de Ética Pública, las declaraciones patrimoniales en la actualidad son secretas, lo que es contrario al principio de publicidad, y además no hay autoridad que tenga a su cargo la tarea de analizarla para verificar si las modificaciones en el patrimonio son consistentes con los ingresos que declaran o si, por el contrario, no son justificadas.
Son todos proyectos muy importantes y todos apuntan al mismo objetivo: profundizar la transparencia y reducir la corrupción. Son dos objetivos correlativos. O inversamente proporcionales: a medida que aumenta la transparencia, la corrupción disminuye. La corrupción sólo es posible cuando se puede ocultar.
Y también, a medida que aumenta la transparencia, la arbitrariedad disminuye. La arbitrariedad es posible cuando no se puede conocer la decisión, ni pedir explicaciones. Pero desde que hay obligación de hacer públicas las decisiones ya es mucho más difícil actuar arbitrariamente.
Esto, que surge del sentido común, también está comprobado. En el índice de corrupción que efectúa anualmente la organización Transparencia Internacional se percibe que aquellos países que garantizan la información pública tienen los niveles más bajos de corrupción, mientras que los países más corruptos son los que no tienen leyes en este sentido.
Los tres son proyectos estratégicos. Son proyectos que representan un auténtico pacto de honestidad entre el gobierno y los ciudadanos.
Aunque no lo parezcan, aunque parezcan cuestiones solamente institucionales, la finalidad de estos proyectos es mejorar la calidad de vida de los habitantes, dotándolos del poder de la información, y mejorar también la gestión del Estado que va a ser tanto mejor cuanto mayor sea la transparencia y la necesidad de rendir cuentas.
La propuesta de estas leyes implica iniciar un proceso de cambio en la relación entre el gobierno y los gobernados, una nueva forma de ejercicio del poder con las puertas abiertas y de cara a los ciudadanos.
