Hidrovía: Una ruta estratégica que activó un tsunami político 

Por Adrián Murano, en El Destape. El senador Jorge Taiana presentó un pedido de informes sobre el plan del Ejecutivo para el manejo de la Hidrovía, la ruta por donde se exporta el 75% de la producción nacional. El proyecto de comunicación cayó como una piedra sobre un espejo de agua: provocó ondas expansivas que golpean dentro y fuera de la coalición de Gobierno.

El proyecto insta al ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, «a que brinde un informe sobre todo lo relacionado con la concesión de la modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización y tareas de redragado y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal comprendida entre el km 1238 del Río Paraná, y la zona de aguas profundas naturales en el Río de la Plata exterior hasta la altura del kilómetro 239,1 del Canal Punta Indio utilizando la ruta por el Canal Ingeniero Emilio Mitre, adjudicada hasta el 30 de abril de 2021 a la empresa Hidrovía S.A.».

La firma concesionaria fue constituida para la ocasión en 1995, cuando se asignó la explotación del río Paraná. El espíritu del Pacto de Olivos signó la concesión: el consorcio fue conformado en partes iguales por la multinacional belga Jan de Nul y el Grupo EMEPA, propiedad de Gabriel Romero, un empresario de Chascomús de fuertes vínculos con Raúl Alfonsín y el radicalismo en general.

Con investigaciones judiciales pendientes por presuntos sobreprecios y varias prórrogas en su haber, Hidrovía sobrevivió al paso de los gobiernos por la plasticidad de Romero, un experto en arrimarse al calor político de turno. En 2018, por caso, el empresario se prestó al show de los cuadernos con una «confesión» estruendosa: dijo que pagó 600 mil dólares por un decreto presidencial que extendió plazos y alcances de la concesión. La «delación premiada» tenía la carga explosiva que requerían el juez Claudio Bonadio, el fiscal Carlos Stornelli, el Gobierno macrista y los medios del sistema que impusieron el Lawfare: el decreto lleva la firma de Cristina Fernández, de modo que la declaración del empresario se volvió «prueba de cargo» contra la expresidenta.

La «delación» de Romero tuvo recompensa: a pesar de ser un «corrupto confeso» -o un falso testigo, si mintió en su declaración-, Romero se mantuvo al frente de la concesión hasta el final del macrismo. Y allí permanece hasta hoy.

¿Nuevos dueños?

En su pedido de informes, Taiana pide precisiones al ministro «sobre el futuro llamado a licitación pública nacional e internacional, para la modernización, ampliación, operación y mantenimiento de la citada Vía Navegable Troncal», activado por el decreto 949/2020, del pasado 26 de noviembre de 2020, un día inolvidable para los argentinos, pero por otros motivos: el país lloraba a Diego Armando Maradona.

El decreto, que casi pasa inadvertido por el duelo, fue leído por el senador y los especialistas que lo asesoran como una contradicción con un acta de agosto de 2020, donde Nación y varias provincias lanzaron un Consejo Federal y anunciaron la creación de la «Administradora Federal Hidrovía Sociedad del Estado» para gestionar la vía fluvial.

En un acto protagonizado por el presidente Alberto Fernández y los gobernadores de Santa Fe, Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones, se informó que el ente sería integrado por el 51% del Estado Nacional y 49% de las provincias.

Pero a los dos meses de aquel acto, el mismo presidente Fernández firmó el decreto 949/2020 que faculta al ministro de Transporte Meoni para que haga una licitación nacional e internacional que conceda el dragado, balizamiento, operación, control y mantenimiento de la Hidrovía.

El llamado a licitación coincide con los deseos de las multinacionales agropecuarias, que pusieron el grito en el cielo ante la posibilidad de que el Estado tome el control de sus vías navegables.

Taiana pide que Meoni informe «sobre las razones por las cuales se desestimó la creación de la Administradora Federal Hidrovía Sociedad del Estado, dado que hemos tomado conocimiento de declaraciones públicas de representantes de las empresas exportadoras, manifestando su oposición a la creación de esa empresa estatal».

El rechazo fue formulado a coro por las cámaras y representaciones del complejo agroindustrial. “No hay que romper lo que funciona bien”, sintetizó Alfredo Sesé representante de la Bolsa de Comercio de Rosario, en un encuentro virtual de patronales rurales.

Es evidente que los agroexportadores quieren lejos al Estado de sus puertos, sus barcos y la vías que transportan el 50% de la proteína mundial, los productos mineros y otras materias primas originarias del Cono Sur.

Por la Cuenca del Plata circulan varios ríos que, por imperio de las multinacionales, en los 90 fueron rebautizados como «hidrovías». Por allí sale buena parte de la producción agraria de la región, en especial de soja, pero también mineral de hierro del Mutún de Bolivia o productos primarios del Brasil.

En esas trazas fluviales las grandes transnacionales (con Cargill, Dreyfus, Bunge y Noble a la cabeza) ya manejan puertos y operan con flota propia. Pero los exportadores aspiran a más: el plan es unir en una Hidrovía el Puerto Cáceres, en la Amazonia brasileña, al Puerto de Nueva Palmira, en el Uruguay.

El escándalo Vicentin destapó cómo las agroexportadoras utilizan el sistema de Hidrovía que defienden para triangular operaciones y evadir impuestos.

Taiana advierte sobre ese riesgo en su pedido de informes: «Carece de sentido que la República Argentina acondicione el acceso por el Río Paraná Bravo al puerto uruguayo de Nueva Palmira si por allí no salen cargas argentinas, y se facilitan las condiciones para el contrabando y la evasión tributaria a través de ese puerto».

Carece de sentido, claro, si lo que se pretende es proteger el interés nacional.

Costa Oriental

En 2020, el ministro Meoni designó a Leonardo Cabrera Domínguez en la subsecretaría de Puertos y Vías Navegables. Nacido en la República Oriental del Uruguay, se nacionalizó argentino y se radicó en Concepción del Uruguay, localidad a la que llegó como empleado de la multinacional granaria Dreyfus.

Patrocinado por el massismo, su designación no estuvo exenta de suspicacias. Ahora se entiende mejor por qué: por sus manos debiera pasar el futuro de una ruta estratégica que involucra a provincias, países y al conglomerado económico más poderoso del planeta.

Las multinacionales pretenden que las exportaciones circulen hacia el Canal de Montevideo, en Uruguay. El diseño establece un desvío en el Río de La Plata mediante un canal artificial -el Canal de Punta Indio, que ya existe-, para que todo fluya hacia el puerto de Montevideo, donde las agroexportadoras se manejan con comodidad.

En oposición a esas pretensiones, en 2015 el gobierno de Cristina Fernández decretó potenciar el canal de Magdalena, un curso natural más amplio, que además mantiene las cargas en aguas nacionales.

El gobierno de Mauricio Macri abjuró del decreto de Cristina y abogó por el desvío hacia Uruguay, pero el naufragio de su gobierno permitió reflotar el plan de 2015. O eso parecía.

A principios de 2020, el senador Taiana presentó un proyecto para reactivar la obra del Canal de Magdalena, y obtuvo que se le asignaran recursos en el presupuesto de 2021.

Pero la inclusión del canal de Punta Indio en el decreto 949 disparó alarmas: «Que también informe sobre la construcción del Canal Magdalena que permita a los buques que transportan las cargas de nuestro comercio exterior contar con una salida directa al mar, desde los puertos fluviales hacia los puertos de nuestro litoral marítimo y viceversa», le pidió el senador en su escrito a Meoni.

El Ejecutivo asegura que, aunque resulte contradictorio, hará las dos cosas: licitar el canal Punta Indio hacia Nueva Palmira y potenciar el Canal de Magdalena. Como reaseguro, Taiana propone que se forme una Comisión Bicameral que realice el seguimiento de esas obras.

En una resolución con aspecto de respuesta tácita, el pasado miércoles 27 Meoni convocó al primer encuentro del Consejo Federal Hidrovía para empezar a discutir el futuro de la concesión. La reunión será el 22 de febrero, en la ciudad de Rosario, y fueron cursadas invitaciones al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca; el INA (Instituto Nacional del Agua), CIARA (Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina); la Bolsa de Comercio de Rosario y otras organizaciones del sector.

En principio, no fueron convocadas las patronales de la Mesa de Enlace, lo que provocó una nueva queja chacarera. Pero sectores del gobierno consideran que la exclusión es un error táctico y que se podría revertir. No sería la primera vez.