Hipotecados UVA piden apoyo a legisladores nacionales de Jujuy

En el marco de una serie de encuentros que vienen realizando desde 2020 con diferentes legisladores por Jujuy, miembros del colectivo de Hipotecados UVA de la provincia mantuvieron una reunión con el equipo técnico del diputado nacional Jorge Rizzotti, con el propósito de comunicarle la inquietud que viven con motivo del inminente descongelamiento de las cuotas de los créditos hipotecarios anunciado por el gobierno nacional.

En dicho encuentro, integrantes del equipo de asesores del legislador informaron que Rizzotti presentará en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de declaración solicitando al Poder Ejecutivo Nacional disponga la prórroga hasta fin de 2021 de la vigencia del congelamiento de las cuotas de estos créditos actualizados por inflación.

Señalaron que así se abriría un período durante el cual se discutiría en el Congreso un proyecto de ley que plantea la novación del contrato UVA, consistente en la extinción de las obligaciones actuales, modificando las condiciones de estos créditos que determinan una actualización mediante la Unidad de Valor Adquisitivo -atada a la inflación- por otra basada en el CVS -Coeficiente de Variación Salarial-. La iniciativa también incluye la creación de un Fondo Fiduciario para garantizar el financiamiento de esta política de estado.

Los Hipotecados UVA de Jujuy convocaron a todos los legisladores nacionales por Jujuy, sin distinción de filiaciones partidarias, a aunar esfuerzos a fin de avanzar rápidamente en la búsqueda de una solución definitiva a la crítica situación que atraviesan, y que pone en serio riesgo la vivienda familiar de más de 600 familias en la provincia, y de más de 120.000 en todo el país.

Desde que el estado nacional implementó este sistema de actualización de crédito por UVA, mediante un proyecto de ley que en su momento fue aprobada por el Poder Legislativo, los damnificados sufrieron un incremento del valor de las cuotas y del capital adeudado del orden de un 450 %.

En ese sentido, señalaron que «como dice el Papa Francisco, queremos honrar nuestras deudas y cumplir nuestros compromisos, pero no a costa de sacrificios insoportables».

A modo de ejemplo, esto implica que quien suscribió en 2016 una hipoteca por $ 1.000.000, y afrontó una cuota inicial de $ 10.000 mensuales, hoy en día, transcurridos cinco años, expone una deuda de capital exigible por los bancos otorgantes por aproximadamente $ 5.000.000, más los intereses correspondientes y, tras el descongelamiento y la convergencia de los valores dispuesta por el gobierno nacional, de acuerdo a las previsiones que estima el Banco Central, deberá pagar una cuota de alrededor de $ 50.000.

El congelamiento de las cuotas dispuesto por el gobierno en marzo de 2020 con motivo de la crisis originada por la pandemia de Covid 19, es la octava medida que adoptó el estado en 5 años de vigencia del sistema UVA para intentar morigerar los efectos perversos del mismo.

Esta sucesión de determinaciones oficiales evidencia que no se trata de un acuerdo entre privados sino que es una política organizada e impulsada por el estado nacional, y demuestra la insustentabilidad del mismo. Ello mismo se desprende de la serie de reuniones concedidas en su oportunidad por la entonces ministra de hábitat y vivienda, María Eugenia Bielsa, y por su sucesor, Jorge Ferraresi, orientadas a la búsqueda de una solución definitiva a esta problemática.

Paralelamente, en estos años el estado nacional ha implementado otros sistemas de créditos hipotecarios destinados a desarrollos inmobiliarios en todo el país, tales como el PROCREAR, cuya actualización de valores han sido completamente disimiles al UVA, generando así una distorsión que afecta el derecho a la igualdad consagrado en la Constitución Nacional.

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