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Con el rechazo a la reforma previsional que se debate en el Congreso Nacional como principal consigna, el Frente Amplio Gremial (FAG) se movilizó esta mañana a la plaza Belgrano, donde se mantuvo una permanencia para seguir las instancias de la sesión en la cámara de Diputados. Participaron de la movilización los más de 20 sindicatos que integran el FAG, además de organizaciones sociales y de la economía popular, y partidos de izquierda.
Matías Brizuela, titular de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), reafirmó en diálogo con El Submarino Radio (91.5) el rechazo a la reforma previsional, que ya tiene media sanción del Senado y que se espera quede sancionada esta tarde con su aprobación en la cámara baja. «Esto tiene que volver para atrás, no tiene que aprobarse. Y debe haber una consulta popular, porque vemos que el 90 por ciento de la gente está en contra de esta reforma. El jubilado, en vez de estar protestando y recibiendo palos, tendría que estar disfrutando una jubilación digna con sus nietos, por haber dejado su vida, por aportar al estado».
«No se puede permitir que los diputados, por amiguismo o por aprietes, levanten la mano para perjudicar a millones de trabajadores estatales, jubilados y próximos a jubilarse», agregó.
Sobre la confluencia de distintas organizaciones en la movilización, Brizuela señaló: «Vamos a unificar la lucha de los sectores docentes y los sindicatos que estatales, y queremos sentarnos a discutir con todos los sindicatos de todos los sectores».
Se refirió luego a la situación del Ingenio La Esperanza, donde los trabajadores mantenían el corte de la ruta 34. «Estoy en contacto permanente con el secretario general del sindicato, por la preocupación de una posible represión. Si eso sucede, en la provincia vamos a manifestar en contra de la represión y a favor del diálogo».
El sindicalista se refirió luego a la situación de los estatales cuyos contratos caducan el 31 de diciembre y ya fueron notificados de que no serán renovados. Precisó que en el Hospital San Roque son más de 200 trabajadores. «Hicimos nuestro reclamo el viernes en el ministerio, pero los referentes no nos supieron dar respuesta. Dicen que el gobernador se encuentra preocupado porque lamentablemente tiene que achicar la planta de estatales, pero no vamos a permitir despidos en el estado, vamos a pelear».
Denunció que en algunos casos apuntan directamente a los trabajadores que están desde la gestión anterior. «Los trabajadores no somos responsables de lo que pasó en el gobierno anterior. En Maimará y en San Pedro dijeron que los que estuvieron con el gobierno anterior lamentablemente se van a ir. Nosotros vamos a hacer los reclamos permanentes, porque no estamos dispuestos a pagar las variables de ajuste. Es una cacería de brujas».
Recordó además que en los últimos dos años ingresaron empeados «a mansalva» en distintos ministerios. «En la Dirección de Personal están ingresando expedientes y expedientes con nuevos contratos de servicio, de gente que ni siquiera concursó, con la firma directa de la ministra de Educación, del ministro de Salud y de otros ministros. También ingresó gente en la Dipec. Hay que ponerle un freno a esto, porque están buscando la manera de echar a la gente. Es una política negra hacia los trabajadores».
Víctor Aramayo, titular de la Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública (Apuap) subrayó la preocupación «de la mayoría de los argentinos» por la situación de los jubilados y de los trabajadores que están próximos a jubilarse. «Este gobierno pretende avanzar a como dé lugar sobre los derechos de los jubilados, sobre los derechos de los trabajadores, en la distribución del dinero de nación y provincias».
«Van a cometer una enorme injusticia si llegan a aprobar esta canallada contra aquellos que menos tienen y que no pueden defenderse, como los jubilados -continuó-. Van a ser más restringidos los beneficios, y seguirán siendo los mismos los privilegiados de siempre los que se vean favorecidos».
En su análisis, Aramayo hizo un recorrido histórico: «Hay que hacer un raconto. La clase social que ha accedido al gobierno, en los últimos 85 años sólo ha podido acceder a través de golpes cívico militares. Ha sido así desde 1930, cuando voltearon a Yrigoyen, y así sucesivamente hasta la última dictadura. Este sector esta vez accedió al estado a través de los votos, y esto los pone en una situación de soberbia que les permite llevar adelante y avanzar con este paquete de reformas».
El dirigente advirtió: «Van a alterar los derechos adquiridos durante los últimos años, el derecho a las ocho horas, el derecho a la indemnización, el derecho de los jubilados a tener una jubilación de mayor poder adquisitivo, el ingreso a la alimentación, al estudio… Los argentinos a los que nos queda sensibilidad frente a los que no pueden defenderse tenemos que manifestar nuestro absoluto rechazo a esto y seguir planteando con mucha fuerza que por este camino se van a estrellar con la pared».
