Imputan a funcionario por reprimir protestas contra la reforma constitucional

Este viernes, se conoció que el Ministerio Público de la Acusación (MPA) imputó a un funcionario de la gestión de Morales, por la violenta represión que sufrió el pueblo de Jujuy, en el mes de junio del año pasado.

Es la primera autoridad que será enjuiciado por los violentos hechos ocurridos cuando se llevaba a cabo el proceso de reforma constitucional, cuando el gobierno desactivó con violencia un corte de ruta en Purmamarca y reprimió una manifestación en los alrededores de la legislatura jujeña.

Se trata de Diego Matías Suárez, secretario de Relaciones con la comunidad del Ministerio de Seguridad en el 2023. Ahora ocupa un cargo en el Ministerio de la Producción.

El 17 de junio de 2023, hubo un corte en la intersección de rutas 9 y 52 en Purmamarca, de integrantes del tercer malón de la paz se manifestaban contra de la reforma de la Constitución de Jujuy impulsó y sancionó Gerardo Morales.

Tres días después, se produjeron violentos disturbios en la Legislatura, protagonizados por efectivos de la policía contra manifestantes de sindicatos, organizaciones sociales y comunidades aborígenes.

El proceso comenzó el 7 de diciembre de 2023, cuando la autoridad fue citada en la Fiscalía de Política Criminal a cago de Rodrigo Fernández Ríos y fue notificado de los delitos de privación abusiva de la libertad (dos hechos), y dos hechos de usurpación de autoridad en concurso real, ocurridos en junio y diciembre del año mencionado.

Por lo sucedido en Purmamarca, Suarez “ordenó de manera ilegítima y arbitraria la privación de la libertad de los ciudadanos presentes en las inmediaciones del corte de ruta, estuvieran o no causando disturbios, careciendo de la facultad para ello”.

También, que el imputado “se arrogó facultades correspondientes a escalafón policial, conforme anexo 1 de la ley 3.758, para ejercer funciones previstas en los artículos 8 y 13 de la ley 3.757, y de manera ilegítima dio instrucciones al personal policial”.

En cuanto a lo ocurrido el 20 de junio, lo acusan de ordenar “de manera ilegítima y arbitraria la privación de la libertad de los ciudadanos presentes en las inmediaciones de la Legislatura provincial, barrio Gorriti y Mariano Moreno, estuvieran o no causando disturbios, careciendo de la facultad para ello”.

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