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La causa por el incendio ocurrido en el Comodín de Ciudad de Nieva, que en febrero de 2025 dejó cinco víctimas fatales y una treintena de heridos, continúa a la espera de que la Corte provincial defina la situación procesal del gerente general de la empresa.
Sebastián Espada es abogado querellante en representación de Agustina Coca y Javier Fernández, padres de la pequeña Olivia, fallecida en el hecho, al igual que su abuela Blanca Coca Contreras. En diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5), el letrado explicó que el proceso se encuentra detenido a la espera de que la Suprema Corte de Justicia de la provincia resuelva un recurso de inconstitucionalidad que busca revocar el sobreseimiento dictado a favor del gerente general de la firma Alberdi SA y lograr su imputación en la causa.
Hasta el momento, la fiscalía ha solicitado la imputación por el delito de estrago culposo seguido de muerte contra un comisario a cargo de las habilitaciones, un funcionario municipal, el gerente de la sucursal, Manuel Smith, y dos obreros señalados por haber iniciado el fuego mientras realizaban tareas de mantenimiento en el techo del local.
Sin embargo, la querella representada por Espada insiste en que la responsabilidad penal debe extenderse a Esteban Molina Segura, gerente general de la cadena, quien fue señalado en el proceso por delitos como falsedad ideológica y homicidio culposo, y sobre quien la querella solicitó revocar el sobreseimiento.
«Nosotros nos juntamos con el fiscal y nos manifestó que no se puede abrir una nueva línea investigativa ni incorporar los nuevos elementos probatorios que hemos recabado en nuestra investigación paralela, hasta tanto la Corte no resuelva esta cuestión pendiente», señaló Espada.
Si bien aclaró que el expediente no está congelado y que se han corrido los traslados correspondientes a las defensas, remarcó que los plazos ya están dados para que el tribunal dicte sentencia sobre la impugnación.
Falta de empatía y revictimización
En los últimos días, familiares de las víctimas del incendio volvieron a hacer público su reclamo de justicia. Además de Blanca Coca Contreras y la pequeña Olivia Fernández, perdieron su vida en el siniestro Rafael Maldonado (84), María Sylvia Liliana Cresppe (64) y Enrique Benítez, que fallecieron por inhalación de monóxido de carbono. No pudieron escapar del local porque la puerta de emergencia trasera estaba cerrada con candado.
Espada reflexionó sobre las demoras del fuero judicial local y el desgaste que sufren los damnificados al tener que hacer públicos sus reclamos de justicia para lograr avances en los expedientes.
En ese sentido, Espada advirtió que la dilación de diez meses sin pasar al siguiente estadio procesal genera un impacto negativo directo en la familia: «Esto produce una revictimización. Tener que salir a rogar, reclamar o suplicar públicamente que se resuelva la causa es doloroso. La objetividad que deben mantener los funcionarios judiciales no tiene por qué hacerles perder la humanidad; hoy el sistema se caracteriza, en muchos casos, por una falta de empatía hacia el problema del otro».
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