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La Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIIDH) publicó este viernes su informe anual que, en el capítulo dedicado a nuestro país, sostiene que la «polarización política» afecta la «credibilidad» de la prensa y alude a «ataques e intimidaciones» a periodistas, entre otras consideraciones.
Asimismo, se subraya la manipulación de la pauta oficial y, puntualmente, «la cancelación de programas en los medios públicos». Sobre este caso en particular destaca «eventuales presiones políticas».
«Amplios sectores, tanto entre quienes apoyan al gobierno como de la oposición, continúan observando a los medios y a los periodistas como actores alineados a uno u otro lado del espectro político, lo que contribuye a cuestionar la credibilidad del periodismo y su rol en la democracia», apunta el Resumen Ejecutivo de ese informe, según divulgó la agencia Télam.
Además, agrega que se «recibió información sobre ataques e intimidaciones contra periodistas, tanto en el marco de investigaciones sobre crimen organizado y corrupción, como en situaciones de protesta social o movilizaciones políticas».
«También se registran denuncias sobre uso desproporcionado de la fuerza en el contexto de protestas», puntualiza respecto de la Argentina.
Entre los avances registrados en la Argentina, el informe de la Relatoría Especial puntualiza que el Gobierno firmó el Decreto 206/2017 de reglamentación de la ley 27.275 de Acceso a la Información Pública, que puso en marcha la Agencia de Acceso a la Información Pública, en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
«En cuanto a la política de asignación de la publicidad oficial, las autoridades afirman que han adoptado una serie de decisiones para racionalizar el uso de este recurso público y que se basan en la aplicación de un reparto más equitativo y transparente de la publicidad estatal que respeta el trabajo de los periodistas, incluso los críticos», añadió.
Sobre el mismo tema expresa que la reducción del apoyo estatal «a través de la asignación de la publicidad oficial a varios medios de comunicación y la cancelación de algunos programas en los medios públicos motivó acusaciones de la oposición sobre eventuales presiones políticas detrás de estas medidas».
Además de sostener que el «clima de polarización política que persiste en el país afecta al ejercicio del periodismo en Argentina», la versión completa del informe anual de la Relatoría Especial examina numerosos casos agrupados en sucesivos títulos.
Además de los mencionados en el Resumen Ejecutivo, menciona por ejemplo al fallo de la Corte Suprema que en febrero del año pasado, en la causa «Fontevecchia y otros c/ República Argentina», sostuvo que la Corte Interamericana no puede revocar sus sentencias.
En ese marco, reitera la doctrina de la Corte Interamericana en el sentido de que las condenas civiles en materia de libertad de expresión deben ser «estrictamente proporcionadas» para que «no causen un efecto inhibitorio sobre esta libertad», y sostiene además que «en una sociedad democrática los cargos públicos deben tener un mayor umbral de tolerancia a las críticas», entre otras consideraciones.
También examina casos bajo títulos como «censura directa e indirecta», «Internet y libertad de expresión» y «Diversidad, pluralismo y radiodifusión comunitaria», entre otros.
