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Informe: El gobierno de Jujuy pone el superávit en el sistema financiero

Por Gastón Remy*. El gobierno publicó recientemente datos parciales de la cuenta “ahorro-inversión” y del stock de deuda pública al primer semestre del año. Al respecto compartimos algunos puntos que consideramos relevantes.

A su vez, elaboramos un gráfico que muestra la evolución de la masa salarial por detrás de la inflación entre 2016-2024 y cómo desde ahí se va gestando el superávit fiscal que luego es acumulado y colocado en inversiones financieras.

En el primer semestre el superávit fiscal acumulado es de $126.808 millones y se mantuvo casi sin cambios respecto al primer trimestre ($127.216 millones).

Sin embargo, se observa una mejora en activos en manos del gobierno dado que las inversiones financieras crecen 440% y alcanzan a $66.615 millones. Es un aumento fuerte que se financia prácticamente con el atraso en el pago de proveedores (pymes, monotributistas, cargas sociales, etc.) y nuevas deudas.

O sea, el gobierno “pisa” ese dinero y lo coloca en el sistema financiero a cambio de intereses. Mientras los que esperan pierden frente a la inflación y también se ven privados de colocar esos fondos a rendir intereses.

Las y los trabajadores estatales se llevan la peor parte. Las paritarias no permiten recuperar el poder de compra del salario, al menos, tras la dura caída de 2023. El último aumento a cobrar en septiembre/octubre equivale a $13.000 (1Kg de milanesas).

De esta forma el salario mínimo de los estatales es de $700.000 y de $745.000 en la docencia (sin antigüedad). Esta cifra apenas cubre el 64% de la canasta familiar (Dipec). El sector de municipales jornalizados alrededor de 5.000 en toda la provincia percibe ingresos menores aún entre 300.000 y 400.000 pesos.

Al mes de junio el gobierno provincial paga el salario básico más bajo del NOA para una maestra de grado y es el que más “negrea” dado que solo el 20% del salario bruto son sumas remunerativas (Informe Indicativo del Salario Docente/Ministerio de Capital Humano).

El rendimiento de las inversiones financieras alcanzaría los $16.876 millones por mes con los fondos acumulados hasta el primer semestre de este año por $482.175 millones (colocación al 3,5% mensual).

Este rendimiento financiero permite cubrir un aumento del 15% en el salario estatal. Sin embargo, no darlo es una decisión política por parte del gobierno. Plata hay.

Respecto del stock de deuda pública tuvo un crecimiento del 13% en relación al primer trimestre del año y se ubica en $672.675 millones (Anexo, Gráfico 3).

La suba respondería a la devaluación del peso, dado que el 96% de la deuda está denominada en dólares. La deuda generada en su mayor parte por el negocio del Parque Solar Cauchari, lejos de aliviarse -pese a los pagos de capital e intereses-, sigue siendo una pesada carga.

Respecto a la coparticipación se observa en el año que desde julio se encuentra estancada, no así la recaudación provincial con un leve aumento (Anexo. Gráfico 4).

En la recaudación de regalías mineras siendo el carbonato de litio el principal mineral de exportación se observa un contraste: los ingresos fiscales aumentan un 33% interanual, mientras las cantidades exportadas lo hacen un 51%. Esta disparidad responde a la caída del precio internacional, aunque también vale considerar la desigualdad entre la mayor extracción de bienes comunes naturales, su impacto ambiental y los magros fondos que quedan en la provincia.

En definitiva, el gobernador Sadir al igual que el presidente Milei acumula superávit a costa del ajuste en el salario estatal frente a la inflación. La diferencia está en que en la provincia este mecanismo comenzó antes, cuando el actual Gobernador era ministro de hacienda de Gerardo Morales. Desde 2016 a 2024 la pérdida aproximada del poder de compra de la masa salarial alcanza el 42,5%.

Gran parte de esos fondos pérdidos por los trabajadores están hoy en inversiones financieras del gobierno (Anexo, Gráfico 1). Para que esos fondos vuelvan a los bolsillos de las familias trabajadoras estatales se necesita unidad, asambleas y coordinación desde los gremios para fijar un plan de lucha.

* Economista y diputado FIT-U

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