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El Partido Obrero denunció en las últimas horas que el gobierno de Jujuy está criminalizando la protesta social. En la última semana del año pasado, la justicia contravencional abrió una causa contra el diputado provincial del FIT-PO, Iñaki Aldasoro.
El legislador participó de la movilización del 4 de abril del año pasado, cuando el gobernador de la provincia, Gerardo Morales abrió el último periodo de sesiones ordinarias de la Legislatura local y se produjo una represión policial contra trabajadores estatales, que reclamaban aumento salarial, reapertura de paritarias salariales, ajuste y despido.
Luego de 8 meses, la justicia contravencional abrió una causa contra el diputado que es acusado por el Poder Ejecutivo de portación ilegal de armas y agravantes; uso indebido de armas y encendido de fuego en sitios públicos; y permanencia en espacios públicos y/u obstaculización de la circulación vehicular.
El PO denuncia que la causa está construida sobre imputaciones falsas y de persecución a la movilización popular, y se extendería contra otras organizaciones y militantes. Por esta causa ya habían sido detenidos ocho militantes en la semana posterior a la marcha, que fueron liberados por la presión de la movilización popular, e imputados otros dirigentes y referentes sobre la base de denuncias “anónimas”, que cayeron en saco roto.
El pasado 4 de abril, día de apertura de las sesiones ordinarias, un conjunto de partidos y organizaciones movilizamos a la Legislatura para llevar al gobernador un pliego de reclamos, entre ellos la reapertura de paritarias y contra los despidos y el ajuste.
“Desde ya rechazamos todas estas imputaciones y denunciamos su carácter disciplinario: Fue el propio gobierno el que valló toda la legislatura cortando el tránsito –como lo hizo en la asunción del gobernador y en sus actos políticos-, y sus fuerzas de seguridad las que reprimieron con gases y balas de goma a los trabajadores y manifestantes que se encontraban a cien metros de la Legislatura”.
El gobierno en una encrucijada
La denuncia desnuda a un gobierno que pretende mantener el “statu quo” reforzando los métodos represivos de los que se ha valido desde su asunción –con picos en la entrada ilegal de la policía a la facultad de Agrarias y la detención de estudiantes; la represión y detención de los obreros de La Esperanza que defendían sus puestos de trabajo; la avanzada policial contra los estudiantes que enfrentaban el cierre de los CEIJA; y la detención y extensión a condición casi permanente de la prisión preventiva a Milagro Sala.
Desde el Partido Obrero en el Frente de Izquierda iniciaremos una campaña política reclamando la anulación de la causa contravencional, y una campaña general por la anulación del represivo Código Contravencional, acordado entre peronistas y radicales y que ha sido aplicado sistemáticamente para reprimir cualquier manifestación en la provincia.
