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Este jueves, a partir de las 15.00 horas, se realizará una inspección ocular en la Comisaría Nº 9, ubicada en la ciudad de San Pedro de Jujuy, por el Tribunal Oral Federal en lo Penal Nº 1, por el quinto juicio por delitos de lesa humanidad que se desarrolla en la provincia. En la seccional, funcionaba un Centro Clandestino de Detención (CCD).
Este proceso atraviesa su etapa final y se espera que en diciembre haya sentencia para los seis ex policías, acusados de privación ilegítima de la libertad, amenazas, tortura y homicidio, en diversos grados.
La inspección en la dependencia policial, -donde actualmente funcionan la Unidad Regional Nº 2 y Bomberos- se realizará con la presencia de testigos y también de víctimas, y tiene el objetivo de reconstruir todo lo que se pueda el escenario donde se cometieron los delitos, porque en todos estos años hubo reformas en el edificio. De acuerdo a lo que se pudo reconstruir a partir de testimonios, se sabe que había una zona de inteligencia de acceso restringido, donde se torturaba, que era la zona de calabozos.
Cerca de fin de mes está previsto que empiecen los alegatos del Ministerio Público Fiscal, y el 4 de diciembre, el de las querellas. Se espera que antes de fin de año se dicte sentencia.
Los hechos
La causa se refiere a la detención de cinco personas en tres operativos desplegados en San Pedro entre 1976 y 1977. Todas ellas fueron alojadas en la Seccional 9 de esa ciudad, donde funcionó un Centro Clandestino de Detención. Allí fueron sometidos a torturas y vejaciones.
En el primer operativo, el 21 de septiembre de 1976, fue secuestrado Víctor Jesús Segura, que tenía 24 años y estudiaba en la Universidad Nacional de Tucumán. Permanece como desaparecido.
Otras tres víctimas son Jenny Aquin Exeni, que tenía 18 años; Delmira Élida Garnica, de 31, y Juan Carlos Valenzuela, de 34, todos ellos sobrevivientes. Los tres fueron secuestrados cuando se dirigían de San Salvador a San Pedro en el auto de Valenzuela, y trasladados a la seccional 9, donde fueron alojados de manera ilegal, torturados y sometidos a condiciones inhumanas de detención.
En relación con el hecho del que fueron víctimas estos tres jóvenes, hay otra causa abierta por la violación de Garnica y Valenzuela.
En el último de los hechos que se ventilan en este juicio, Antonio Elías Díaz fue secuestrado por personal de la Policía provincial durante un allanamiento ilegal en su casa en San Pedro de Jujuy, cuando estaba con su amigo, Raúl Oscar Nacer.
En la requisitoria fiscal se detallan las torturas que padecieron las víctimas en la Seccional 9, que fueron relatadas en la etapa de instrucción por los sobrevivientes. El comisario Arturo Rubén Morales era el jefe de la dependencia policial y, de acuerdo a los testimonios, quien comandaba al grupo.
Los procesados
Los represores procesados en este juicio son cinco hombres y una mujer que en el momento de los hechos pertenecían a la Policía de la Provincia y se desempeñaban en la Seccional 9 de San Pedro de Jujuy.
- Arturo Rubén Morales está acusado por los delitos de privación ilegítima de la libertad, con el agravante de violencias o amenazas, homicidio calificado por alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas, en grado de coautor, todos en concurso real.
- Ramón Sánchez está procesado por los delitos de privación ilegítima de la libertad, con el agravante de violencias o amenazas, delito de torturas, en grado de coautor, todos en concurso real.
- Francisco Lauralicio Díaz está acusado por los delitos de privación ilegítima de la libertad, con el agravante de violencias o amenazas, del delito de torturas, en grado de coautor, todos en concurso real.
- Oscar Francisco Guzmán está procesado por los delitos de privación ilegítima de la libertad con el agravante de violencias o amenazas, y del delito de torturas, en grado de coautor, todos en concurso real.
- Virgilio Sergio Aldana está procesado por el delito de allanamiento ilegal cometido en perjuicio en carácter de partícipe secundario, todos en concurso real.
- Aída Isabel Ruiz está acusada por los delitos de privación ilegítima de la libertad con el agravante de violencias o amenazas y el delito de tortura, todos en concurso real.
