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El fiscal federal de Chaco, Carlos Amad confirmó que avanza una investigación sobre una asociación ilícita que facilitó miles de pensiones no contributivas en las provincias de Jujuy y Salta, con un perjuicio económico estimado en billones de pesos.
Amad detalló que en Salta hay alrededor de 56.000 pensiones en cuestión, mientras que en Jujuy se registraron 26.000. «Estamos camino a determinar cuáles de ellas fueron bien otorgadas y cuáles de ellas fueron mal otorgadas», señaló.
El fiscal mencionó que varios profesionales están involucrados, aunque uno de ellos actúa como el nexo. «Hay un montón de pensiones que son totalmente irregulares, algunas concedidas a la una de la mañana o a las 12 de la noche, y otras que no tienen ni un solo certificado», explicó Amad a Cadena 3.
El perjuicio económico hacia el Estado podría ser monumental. «Si se llega a confirmar la hipótesis, estamos hablando de billones de pesos», advirtió el fiscal, quien mencionó que cada persona involucrada en la conformación del expediente administrativo cumplió un rol dentro de esta estructura criminal.
La investigación comenzó hace aproximadamente seis meses con el caso de un médico de Joaquín V. González. Amad remarcó la necesidad de identificar a quienes otorgaron las pensiones irregulares para proceder con las imputaciones necesarias.
Amad aseguró que los profesionales que emitieron certificados falsos ya están identificados y que en las próximas semanas se avanzará con las imputaciones.
“Esto también tiene un impacto muy grave en quienes realmente necesitan la pensión. Personas con discapacidad real siguen esperando mientras otros acceden por vías fraudulentas”, remarcó el fiscal.
Amad sostuvo que “yo investigo un hecho criminal de dar beneficios o exenciones a quienes no les corresponden. De allí por cuáles motivos se los entregaron, no es mi problema, porque sigue siendo un delito”, afirmó el fiscal.
Aclaró que fue la Fiscalía la que pidió las auditorías a la ANDIS para continuar con la investigación en curso.
Las cartas documento que están recibiendo las personas que cuentan con pensiones por discapacidad indican que el objetivo final es “garantizar la transparencia”. Sin embargo, con la contratación de la empresa Los Lapachos para que certifique las discapacidades, se iniciaron los cuestionamientos.
La empresa está ligada al diputado nacional libertario por Jujuy, Manuel Quintar, y también a la candidata libertaria a diputada en Salta, Alba Quintar, hermana de Manuel.
