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Un juez federal de Florida, Estados Unidos, dio luz verde a la demanda de familiares de fallecidos durante la “guerra del gas” en Bolivia, por delitos de violaciones a los derechos humanos, en contra del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y del ex ministro Carlos Sánchez Berzaín.
El juez James Cohn dictaminó el martes que, de acuerdo con la Ley de Protección a las Víctimas de la Tortura, los nueve demandantes pueden continuar con el litigio civil en contra de las dos ex autoridades que huyeron a Estados Unidos tras los hechos violentos de septiembre y octubre de 2003, en los que murieron más de 60 personas.
Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín fueron acusados por su participación en la planificación y ordenanza de asesinatos de civiles extrajudiciales, en un esfuerzo para reprimir las protestas por sus controvertidas medidas políticas y económicas. La decisión del juez implica que los demandantes pueden buscar una compensación económica de los acusados.
Cohn indicó que las víctimas tenían un argumento sólido y que sus abogados dieron pruebas suficientes de que los “homicidios fueron deliberados” y no resultado del caos de la guerra, según el blog Miami New Times.
Acusación. Según la demanda, Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín son acusados de ejecuciones extrajudiciales, crímenes contra la humanidad y negligencia en la muerte de civiles desarmados, incluidos niños. Además de ordenar a las fuerzas de seguridad bolivianas usar fuerza letal contra civiles desarmados para reprimir las protestas populares contra las políticas gubernamentales.
