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En la jornada pasada, durante la audiencia del juicio contravencional contra los y las estudiantes detenidas por manifestarse contra el cierre de los CEIJA, durante la semana santa, la defensa de Valentina Melo, que solicitó la anulación de la causa ante una nueva ausencia de la parte acusadora, ya que transcurrida la media hora legal de espera no se había hecho presente el abogado del Departamento Contravencional. Este viernes, nueva audiencia, con la citación de un policía, que participó del operativo.
Transcurrido el plazo legal se hizo presente Ariel Roldán, quien no sólo no esgrimió ninguna causal que justificara su demora, sino que responsabilizó puntualmente al Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), organización a al que pertenece la acusada Valentina Melo, y a demás organizaciones de derechos humanos, estudiantiles, sindicales sociales y políticas que se encontraban manifestando en la puerta del juzgado. Incluso aseguró que se trataba de una nueva acción contravencional, lo que coincidió con un intento de la policía de notificar un acta a las personas que se encontraban afuera manifestando el rechazo al juicio.
Comenzadas las testimoniales declararon Nora Ferreyra, ex presa política del Plan Cóndor e integrante de la Red por la Identidad, quien denunció centralmente la inconstitucionalidad del Código Contravencional, luego declaró Federico Kingard, docente de la Facultad de Humanidades donde estudia Melo, quien describió a Valentina como una estudiante y militante comprometida en la defensa de la educación pública, al igual que lo hizo Damián Soto, estudiante de antropología de la misma facultad.
El último fue Gastón Remy, docente de la Facultad de Economía y compañero de militancia de Melo en el PTS, quien detalló lo ocurrido durante la noche de las detenciones en las puertas de la Central de Policía, las horas de incomunicación de los detenidos, incluyendo a la concejala del PTS-FIT de San Salvador Andrea Gutiérrez, violando sus fueros, y al abogado Héctor Huéspe. Remy detalló el recorrido posterior de la causa judicial, y denunció que nunca existió ninguna orden judicial ni contravencional para el desalojo y posterior detención de estudiantes y docentes aquella noche.
La audiencia concluyó cerca de la medianoche del miércoles, con la ratificación por parte de la defensa del CeProDH de todos los pedidos de nulidades por lo ilegal de las detenciones y la causa iniciada, incluyendo el pasaje de una causa penal a una contravencional sin ningún tipo de explicación.
