Juicio de lesa: declaró una víctima de la Tarde de los Lápices de Ledesma

Se desarrolló este lunes una nueva audiencia del quinto juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en Jujuy durante la última dictadura cívico militar, en la que se revelaron aspectos aún no conocidos sobre la actuación del aparato represivo en la zona de San Pedro. Un médico relató cómo fue perseguido por orden del Ingenio Ledesma, tras haber elaborado informes que daban cuenta del uso de tóxicos por parte de la empresa, y una sobreviviente relató cómo fue secuestrada en septiembre de 1976, al igual que otros compañeros suyos de la escuela Normal de Libertador Gral. San Martín, en lo que se denomina la Tarde de los Lápices.

En este juicio se devela la llamada «causa Morales y otros», sobre la detención ilegal de cinco personas en tres operativos desplegados en San Pedro entre 1976 y 1977. Todos ellos fueron alojados en la Seccional 9 de esa ciudad, donde funcionó un Centro Clandestino de Detención. Allí padecieron torturas y vejaciones.

María José Castillo, abogada querellante por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, comentó a El Submarino Radio (91.5) que en esta audiencia se pudo ver «cómo funcionaba el aparato represivo en San Pedro, puntualmente la policía en la comisaría, con un aparato paralelo».

Pero no solo eso. El médico Juan Carlos Tache contó que había sido perseguido por las fuerzas represivas «por orden del Ingenio Ledesma, por unos informes que habían hecho ellos, como médicos, que daban cuenta de los plaguicidas que usaba el ingenio», relató la abogada.

Destacó además que la declaración del policía Martiarena reveló algo que no se conocía: que en aquel tiempo la Brigada de Investigaciones se había fusionado con Inteligencia, formando el Área 323.

«Sabíamos que funcionaba una oficina del Área 323 en San Salvador de Jujuy; y en San Pedro sabíamos que funcionaba el aparato represivo a cargo de Enrique Morales. Ayer, este policía, que estaba al frente de la seccional 9ª en 1976, cuenta cómo producido el golpe de Estado a él le avisan que va a haber un funcionamiento paralelo dentro del mismo edificio de la comisaría, donde ellos no iban a tener ingerencia, y donde determinadas personas de la Brigada de Inteligencia iban a llevar adelante todas las actividades vinculadas a la persecución de los que ellos indicaran como subversivos», detalló Castillo.

Según el testigo, los policías que se desempeñaban en esa seccional no tenían acceso a esa área, que funcionaba como un organismo independiente. «Explicó que había celdas a disposición, y que ellos no tenían incumbencia sobre los detenidos porque era una estructura paralela; y señaló que varios de los imputados estaban en esa área, que era comandada por Enrique Morales», precisó.

Lo novedoso es que estas precisiones, que hasta ahora habían sido aportadas por testigos víctimas, hayan venido de parte de alguien de la propia fuerza. «Nos parece totalmente trascendente», afirmó la abogada.

Explicó que los policías que formaron parte de esa comisaría en aquella época y declaran en este juicio como testigos, son advertidos de que tienen derecho a callar cualquier declaración que pueda perjudicarlos, porque pueden terminar como imputado. «En el caso de este policía, lo que él dijo será objeto de investigación y habrá que profundizar para ver si hubo efectivamente un funcionamiento paralelo, si los que estaban a cargo de las actividades cotidianas de la comisaría estaban desvinculados de lo que sucedía en el área restringida», agregó.

«Este es un juicio trascendente para conocer que en el interior la provincia, donde tenían mucho poder los ingenios, los poderes locales y las policías han sido también protagonistas de la represión -comentó Castillo-. Porque hay un imaginario sobre que fueron la Gendarmería y el Ejército los que llevaron adelante la represión; pero por ejemplo en el caso de San Pedro la policía cumplió un rol trascendental».

 

La Tarde de los Lápices

Otro testimonio de este lunes fue el de Silvana Castro, la estudiante de la escuela Normal que fue detenida en Libertador y cuyo padre era empleado del ingenio. «Hemos podido reconstruir que no hubo solo una Noche de los Lápices en la Argentina, sino que Ledesma tiene su propia Tarde de los Lápices», indicó la  abogada.

Se trata de la tarde del 15 de septiembre de 1976, cuando fueron secuestrados alrededor de nueve jóvenes de 16 años que habían participado en el Centro de Estudiantes de la escuela Normal, y fueron llevados a la Seccional 9ª de San Pedro, previo paso por los Centros de Detención de Ledesma.

«Eso lo pudimos conocer en este juicio, que fueron secuestrados en Ledesma y trasladados a San Pedro. Es como dijo el testigo médico, que Enrique Morales trabajaba para Ledesma. Entonces nuestro esfuerzo como querella es demostrar la sistematicidad, demostrar que no hay hechos aislados ni excesos ni personas que han actuado por sus propios méritos o como mandaba su razón, sino que acá hubo empresas como Ledesma, como el ingenio La Esperanza, que en concordancia con la fuerzas represivas ordenaron detener y en algunos casos secuestrar personas», continuó Castillo.

«Es trascendente que podamos dar a conocer esto a la población. Hay que tener mucho coraje en estos tiempos para seguir sindicando a Ledesma como responsable de lo que sucedió en aquellos años», agregó.

-¿De ese grupo de alumnos que fueron detenidos hay algunos que permanecen desaparecidos?

-De lo que hemos podido ir reconstruyendo a lo largo de las audiencias, a Silvana Castro la secuestran junto con tres compañeras, y ellas después se dan cuenta de que había otros compañeros varones secuestrados. Creemos que han sido liberados todos, pero creemos que esa lista pudo haber surgido de secuestros previos ocurridos durante la noche del apagón. Eso es algo que vamos a tener que dilucidar en el próximo juicio, que esperamos que sea pronto, en el que se va a juzgar la Noche del Apagón.

-Para que se inicie ese juicio falta un pronunciamiento de la Corte Suprema. ¿Es así?

-Sí. Yo intuyo que la Corte va a resolver pronto. Tiene que dilucidar la responsabilidad de Carlos Blaquier, para determinar que vaya a juicio o no.

-¿Este juicio de la causa Morales se termina pronto? 

-Creemos que a fines de octubre o principios de noviembre se estaría en condiciones de pasar a los alegatos, porque no quedan muchos testimonios. Queda una inspección ocular en la heladería El Pingüino de San Pedro, que es donde fue detenido el desaparecido Tito Segura, y en la Seccional 9ª. Si no hay interferencias o dilaciones, en diciembre podría haber sentencia.

Los hechos

La causa se refiere a la detención de un total de cinco personas en tres operativos desplegados en San Pedro entre 1976 y 1977. Todos ellos fueron alojados en la Seccional 9 de esa ciudad, donde funcionó un Centro Clandestino de Detención. Allí fueron sometidos a torturas y vejaciones.

Fueron tres operativos policiales diferentes. En el primero, Víctor Jesús Segura fue secuestrado el 21 de septiembre de 1976 en una heladería del centro de San Pedro de Jujuy, y luego conducido a la Seccional 9. Al momento de su secuestro, Víctor, que había nacido en la localidad salteña de Metán, tenía 24 años y estudiaba en la Universidad Nacional de Tucumán. Permanece como desaparecido.

Otras tres víctimas son Jenny Aquin Exeni, que tenía 18 años;  Delmira Élida Garnica, de 31, y Juan Carlos Valenzuela, de 34, todos ellos sobrevivientes. Los tres fueron secuestrados cuando se dirigían de San Salvador a San Pedro en el auto de Valenzuela. Iban al bar Zákate, próximo a la Comisaría 9. Al salir de la confitería, fueron detenidos por policías y trasladados a esa seccional, donde fueron alojados de manera ilegal, torturados y sometidos a condiciones inhumanas de detención.

En el último de los hechos que se ventilan en este juicio, Antonio Elías Díaz fue secuestrado por personal de la Policía provincial durante un allanamiento ilegal en su casa en San Pedro de Jujuy, cuando estaba con su amigo, Raúl Oscar Nacer.

En la requisitoria fiscal se detallan las torturas que padecieron las víctimas en la Seccional 9, que fueron relatadas en la etapa de instrucción por los sobrevivientes. En las sesiones de tormentos, que incluían la aplicación de picana, participaban entre dos y tres policías. Así lo relató en su declaración Jenny Aquin Exeni, quien contó además que por las noches, sin que hubiera ningún interrogatorio, los uniformados abusaban sexualmente de ella y de Garnica.

Los procesados

Los represores procesados en este nuevo juicio oral y público son cinco hombres y una mujer que en el momento de los hechos pertenecían a la Policía de la Provincia y se desempeñaban en la Seccional 9 de San Pedro de Jujuy.

Arturo Rubén Morales está acusado por los delitos de privación ilegítima de la libertad, con el agravante de violencias o amenazas, homicidio calificado por alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas, en grado de coautor, todos en concurso real.

Ramón Sánchez está procesado por los delitos de privación ilegítima de la libertad, con el agravante de violencias o amenazas, delito de torturas, en grado de coautor, todos en concurso real.

Francisco Lauralicio Díaz está acusado por los delitos de privación ilegítima de la libertad, con el agravante de violencias o amenazas, del delito de torturas, en grado de coautor, todos en concurso real.

Oscar Francisco Guzmán está procesado por los delitos de privación ilegítima de la libertad con el agravante de violencias o amenazas, y del delito de torturas, en grado de coautor, todos en concurso real.

Virgilio Sergio Aldana está procesado por el delito de allanamiento ilegal cometido en perjuicio en carácter de partícipe secundario, todos en concurso real.

Aída Isabel Ruiz está acusada por los delitos de privación ilegítima de la libertad con el agravante de violencias o amenazas y el delito de tortura, todos en concurso real.

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