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La justicia decidió la intervención de dos empresas vinculadas al robo de bienes de personas que estuvieron secuestradas en el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y que están desaparecidas.
El viernes, el Tribunal Oral Federal (TOF) –integrado por Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg– dispuso la intervención de Forestando Delta y Martiel SA a partir de un pedido del fiscal Félix Crous.
La presidenta de ambas sociedades anónimas es la contadora Norma Berta Radice, hermana del represor Jorge Radice, condenado a prisión perpetua por crímenes en la ESMA. Ambos hermanos están elevados a juicio por el robo de bienes.
La investigación
En 2021, el Juzgado Federal 12 dispuso el embargo de las dos sociedades anónimas bajo la hipótesis de que habían sido creadas para aplicar el provecho de los delitos cometidos por el grupo de tareas de la ESMA. Según información enviada por la Inspección General de Justicia (IGJ), la constitución de Forestando Delta data de 2001, mientras que Martiel SA tiene un aumento de capital en 1990, por lo que su constitución debería ser anterior.
El 1 de abril de 2021, Norma Berta Radice se presentó con una denuncia policial en la que afirmó haber extraviado los libros necesarios para asentar los embargos. Desde entonces, no pudo hacer que se expidieran nuevos libros, y pasaron cinco años.
Para la justicia, está claro que la hermana Radice estaba practicando una maniobra dilatoria, posiblemente aconsejada por quien era su defensor: Santiago Viola, actual viceministro de Justicia y hombre de confianza de Karina Milei. De hecho, Viola fue quien acercó a Juan Bautista Mahiques para que fuera ministro de Justicia.
El fiscal Crous recordó que el artículo 1881 del Código Civil y Comercial otorga la posibilidad de intervenir una sociedad cuando se acredita la sustracción, pérdida o destrucción del libro de registro.
Por la actitud que tomó Norma Berta Radice, el TOF 5 entendió que no alcanzaba con designar a un veedor, sino que debía nombrar un interventor con fines de información y administración de ambas SA. El interventor aún debe ser sorteado, por lo que no se conoce su nombre.
Para la justicia, está claro que Jorge Radice intervino en el plan de apropiación de bienes de quienes estaban secuestrados en el campo de concentración de la Marina al menos desde el 22 de noviembre de 1976 y que siguió hasta hace poco haciendo negocios con ese capital.
Para ello, contaba con la ayuda de su hermana Norma Berta, contadora y licenciada en Administración de Empresas.
Radice era un hombre de confianza de Emilio Eduardo Massera: siguió trabajando para él cuando incluso dejó la jefatura de la Armada y mientras apuntalaba la que pretendía que fuera su carrera política.
Es recordado por su declaración en el Juicio a las Juntas, cuando se jactaba de sus cualidades como tirador y reconoció que un “blanco” podía ser una persona.
Según el procesamiento dictado por el juez federal Ariel Lijo, los Radice se quedaron con bienes de personas desaparecidas, adquirieron bienes con el dinero que les sacaban a quienes estaban en cautiverio, compraron bienes “subrogantes” tras la venta de las propiedades que inicialmente habían adquirido con lo que les robaron a los secuestrados y armaron un entramado societario de alcance transnacional con un único objetivo: borrar todo lazo con la ESMA y, de esa forma, integrar ese capital al circuito económico formal.
El entramado de sociedades incluía 17 personas jurídicas –que funcionaban en Argentina, Estados Unidos, Uruguay y Panamá–. El socio de los Radice en ese montaje fue Miguel Ángel Egea, quien también apareció en los Panamá Papers y murió en 2016.
La causa sobre el robo de bienes no se circunscribe al rol que habrían jugado los Radice. Se inició en 2007 y tiene varios tramos elevados. Se espera que el TOF 5 ponga fecha para el inicio del debate pronto.
Por Luciana Bertoia, en Página/12
