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Juicio de lesa humanidad: declaró desde Francia una sobreviviente de la represión en San Pedro

En la mañana de este miércoles, se realizó una nueva audiencia del quinto juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en Jujuy durante la última dictadura militar. Fue una audiencia especial, puesto que dio su testimonio por videoconferencia Ninfa Hochkofler, una sobreviviente que reside en Francia.

Hochkofler estuvo detenida en la cárcel del Buen Pastor, luego trasladada a Villa Gorriti y finalmente liberada en Villa Devoto. Ya había prestado testimonio en el segundo juicio de lesa humanidad que se desarrolló en Jujuy. Vive en Francia desde 1979.

La mujer estuvo detenida en la ciudad de San Pedro, que es donde se desarrollan los hechos que se juzgan en este proceso. Los acusados son todos personal que dependía de la Comisaría 9ª de esa localidad, personal de Inteligencia que operaba dentro de la policía, mientras que las víctias son personas que fueron privadas de su libertad y torturadas en esa seccional, posteriormente trasladadas a la Central de Policía o a la cárcel de Villa Gorriti.

Paula Álvarez Carreras, abogada querellante en el juicio, relató a El Submarino Radio (91.5) que Hochkofler dio testimonio de cómo fue el procedimiento de su detención. «Ella en esa época militaba, alfabetizaba en zonas rurales y se estaba formando como enfermera para poder asistir también en esos lugares. En esa época estudiaba con ella Morales, uno de los policías que participaron de los procedimientos en San Pedro».

Se refiere a Arturo Morales, uno de los acusados en este juicio, cuyo hermano Enrique, que era el comisario, murió impune. «Estos dos hermanos son identificados por todos los testigos como parte del personal que operaba dentro de la Comisaría de civil y que era el que realizaba los operativos de secuestro. Estos actuaban bajo las órdenes de Enrique Morales, que además fue funcionario de la dictadura, secretario de Gobierno del municipio», repasó la abogada.

Y agregó: «La defensa de los represores todo el tiempo pretende indicar una diferencia entre uno y otro, y endilgarle en este caso la responsabilidad de todos los hechos a quien ya está fallecido, y aparentando que el otro hermano, Arturo Morales, que está procesado aquí, era uno más que cumplía órdenes. Pero era personal de la comisaría, en la que funcionaban diferentes áreas, según lo que vienen confirmando los testigos, como el área de inteligencia, de investigaciones, que dependía directamente del Área 323. Todo, bajo las órdenes de ellos. Por eso es que todo este grupo está siendo juzgado».

En su testimonio, Ninfa recordó que en aquella época la seguían a su casa, a los lugares de estudio, a los de militancia. Fue detenida en 1975, en el marco de un feroz allanamiento del que participó personal armado, de civil y uniformado. Primero la llevaron a La Mendieta y luego a San Pedro de Jujuy, donde la sometieron a interrogatorios que comandaba personal de San Salvador de Jujuy que iba a San Pedro para eso, y la amenazaron sistemáticamente con aplicarle la picana. También mencionó a otras compañeras suyas detenidas en la misma localidad, sometidas también a torturas físicas y psicológicas.

«Su testimonio fue un aporte bastante valioso, sobre todo en el sentido de determinar la figura de persecución política que ellos sufrieron por el solo hecho de ser militantes o hacer un trabajo social», indicó Álvarez Carreras.

-¿Ella pudo reconocer a los policías?

-Ella reconoció a un policía de apellido Guzmán, de San Pedro. Hay algo que dicen todos los testigos, las víctimas sobrevivientes, y es que el personal de la Comisaría 9ª era conocido porque la localidad es relativamente pequeña y todos se conocen. Ella pudo identificar a algunos de sus secuestradores. Ella conocía a los dos Morales, y uno de ellos le dijo en algún momento que pensó que ella era más inteligente, como reprochándole que hubiera caído presa.

-Fue un testimonio valioso entonces.

-Es muy importante el testimonio de ella, porque al igual que en otros casos de sobrevivientes, como el de Mercedes Salazar, aun cuando les iniciaron causas y los sobreseyeron, permanecían a disposición del Poder Ejecutivo. Y cuando recuperaban su libertad seguían sometidos a cierto tipo de vigilancia por parte de la Brigada y de la Policía de San Pedro, al punto tal que las seguían en la calle o las obligaban a presentarse quincenalmente en la seccional para firmar y dar cuenta de que estaban en San Pedro, y que no estaban militando en ningún espacio.

Para la próxima audiencia de este juicio, que es el lunes 2 de octubre, a las 16 horas, están anunciados ocho testigos, propuestos por las defensas. «La mayoría de ellos ya declararon en la instancia de investigación; son policías que trabajaban allí. Para nosotros está claro, pero resulta confuso para demostrar a los jueces que en esa Comisaría funcionaban todas las dependencias de seguridad de la Policía de San Pedro. Incluso hasta el día de hoy la estructura es la misma: en el mismo lugar funciona la Comisaría 9ª y la Brigada de Investigaciones. En ese momento, también el área que dependía de Inteligencia, el área de Robos y Hurtos, Bomberos y la Regional de la localidad. Entonces mucho personal está siendo llamado para declarar, y todos dan cuenta de cómo funcionaba, de alguna forma centralizado, y de que en ese lugar había detenidos que era perseguidos políticos a disposición del área que dependía del centro de operaciones policiales, que dependía directamente del Área 323».

-¿Habrá sentencia antes de fin de año?

-Sí, Ya no restan muchas audiencias. Los testigos que quedan no superan el número de veinte, así que ya pronto pasaríamos a instancias de alegatos y de condena.

Los procesados

Los represores procesados en este nuevo juicio oral y público son cinco hombres y una mujer que en el momento de los hechos pertenecían a la Policía de la Provincia y se desempeñaban en la Seccional 9 de San Pedro de Jujuy.

Arturo Rubén Morales está acusado por los delitos de privación ilegítima de la libertad, con el agravante de violencias o amenazas, homicidio calificado por alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas, en grado de coautor, todos en concurso real.

Ramón Sánchez está procesado por los delitos de privación ilegítima de la libertad, con el agravante de violencias o amenazas, delito de torturas, en grado de coautor, todos en concurso real.

Francisco Lauralicio Díaz está acusado por los delitos de privación ilegítima de la libertad, con el agravante de violencias o amenazas, del delito de torturas, en grado de coautor, todos en concurso real.

Oscar Francisco Guzmán está procesado por los delitos de privación ilegítima de la libertad con el agravante de violencias o amenazas, y del delito de torturas, en grado de coautor, todos en concurso real.

Virgilio Sergio Aldana está procesado por el delito de allanamiento ilegal cometido en perjuicio en carácter de partícipe secundario, todos en concurso real.

Aída Isabel Ruiz está acusada por los delitos de privación ilegítima de la libertad con el agravante de violencias o amenazas y el delito de tortura, todos en concurso real.

 

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