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Juicios políticos: Denuncian que Morales quiere apropiarse del Tribunal de Cuentas

El abogado que defiende a los miembros del Tribunal de Cuentas sobre los que pesa un pedido de juicio político advirtió que «hay una decisión política» del gobernador Gerardo Morales de «apropiarse» de ese organismo, tal como ocurrió con el Superior Tribunal de Justicia al crear «una Fiscalía General paralela». En diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5) Alberto Nallar consideró que las mujeres que denunciaron a sus representados no son «valientes ciudadanas» sino que son «víctimas de un sistema extorsivo que se pone de manifiesto en la Legislatura, donde los diputados obran por obediencia debida; ese es el sistema que el gobernador instaló hace cuatro años».

Nallar defiende a Nora del Valle Millone Juncos, presidenta del organismo de contralor y los miembros de la Vocalía Contable Sala II, Mariana Leonor Bernal y Rene Antonio Barrionuevo Lacour, que fueron denunciados por su supuesta participación en los actos de corrupción investigados en el marco de la denominada megacausa, en la que están imputados Milagro Sala, referentes de organizaciones sociales y ex funcionarios provinciales, incluido el exgobernador Eduardo Fellner.

-Se ratificaron todas las denuncias. ¿En qué situación quedan sus defendidos?

-La denuncia fue confeccionada con fundamentos que no vinculan a ninguna de las personas del Tribunal de Cuentas, ni al Tribunal de Cuentas como órgano. Es muy importante llevar tranquilidad a la gente, que sepa que el organismo responsable del control de los gastos del estado no ha incurrido en ninguna regularidad, sino que las irregularidades nacen en la propia denuncia, en el ocultamiento de quien ha confeccionado la denuncia, que sabemos que no fue la persona que la firma. Porque yo no creo en lo que dice el gobernador, que se trata de “una valiente ciudadana”.

-¿Qué cree usted?  

-Creo que es víctima de un sistema extorsivo que se pone de manifiesto en la Legislatura, donde los diputados obran por obediencia debida. Ese es el sistema que el gobernador instaló hace cuatro años. Lo conocemos a través de múltiples manifestaciones; quizá una de las más importantes ha sido la cooptación de la justicia mediante el incremento a nueve de los miembros del Superior Tribunal de Justicia, lo que en realidad fue una reducción a dos, porque resulta que antes firmaban las sentencias los cinco vocales y ahora solo firman dos. Ahora el gobernador quiere hacer lo mismo con el Tribunal de Cuentas: poner a los suyos para lograr la impunidad absoluta de todas las irregularidades que viene cometiendo, y que por supuesto nosotros las tenemos en carpeta.

-El gobernador dice que el Tribunal de Cuentas escondió las pruebas relacionadas a la megacausa, por lo que sus responsables fueron particípes de lo que fue la matriz de la corrupción en la provincia.

-El primero de los aspectos es que si fuese real la acusación del gobernador Morales y si fuese real la acusación de la denuncia presentada por esta “valiente ciudadana”, el gobernador de la provincia tendría que haberlo hace tres años y medio. No puede ser que recién se dé por notificado después de que las ciudadanas se expusieron al promover la denuncia. El articulito 355 del Código Procesal Penal obliga a los funcionarios a denunciar todos los delitos de los que tuviesen conocimiento. Si él ahora se ofrece como testigo, es porque sabía; y si sabía, ¿por qué no lo denunció? ¿Por qué recién hoy lo está haciendo, al amparo de las “valientes ciudadanas”? Si no lo denunció antes, es simple y sencillamente porque no existía razón. No nos olvidemos que la megacausa la promueven la Fiscalía del Estado y la Fiscalía Anticorrupción, y ambas son el gobernador Morales.

-¿Cómo sigue todo ahora? ¿Las partes tienen que presentarse ante la Comisión Investigadora de la Legislatura?

-Sí, por supuesto, estamos ya apersonados y ya hemos pedido una serie de medidas. Por una razón de carácter profesional no estoy en condiciones de hablar de esto hasta que se vayan resolviendo los planteos que vamos formulando; pero lo más importante es que no existe la causal por la cual se está promoviendo este juicio político. Si alguien ha colaborado con la megacausa ha sido el Tribunal de Cuentas, que ha respondido absolutamente a todos los requerimientos formulados en la causa. Algo que también lo demuestra es el hecho de que el fiscal de Estado y la Oficina Anticorrupción, que son los promotores de esta causa, jamás han mencionado al Tribunal de Cuentas. Entonces no tenemos problemas con respecto al fondo de esta cuestión.

-¿Cuál es entonces el problema, a su entender?

-El problema es que hay una decisión política, que también se manifestó el día 5 de septiembre en la sesión en que se decidió llevar adelante el juicio político. En esa misma sesión, el gobernador envió un proyecto de ley para modificar la Fiscalía General del Tribunal de Cuentas. Eso es una causalidad bastante singular porque se trata de correr a los dos fiscales generales que tiene la Fiscalía y crear tres nuevas fiscalías que se harían cargo de las funciones que hoy tienen los dos fiscales. En pocas palabras, va a hacer lo mismo que hizo con el Superior Tribunal: separar al fiscal general creando una Fiscalía General paralela, con el famoso ministro de la Acusación Lello, y por otro lado se apropió del Superior Tribunal de Justicia con los militantes de su partido que en aquel momento actuaban en la Legislatura. Se está haciendo exactamente lo mismo. Como ya lo hizo una vez y le funcionó, ahora lo quiere hacer de nuevo.

-¿Qué medidas están pidiendo en el marco del pedido de juicio político? ¿Y a quién?

-A la comisión investigadora. El tema es así. La acusación se realiza por cuestiones que están relacionadas a la megacausa, pero esta no ha sido aportada documentalmente en el juicio político. Entonces estamos pidiendo copia de la megacausa para saber de qué deberíamos defendernos.

-¿La megacausa está en la provincia o en Buenos Aires? Porque había un problema de competencia.

-No lo sé. La comisión investigadora tendrá que informarme si dónde está y me tendrá que exhibir la documentación correspondiente.

-¿Qué día se van a presentar sus defendidos ante la comisión investigadora?

-Se van a presentar a través mío, porque soy su representante letrado.

-Hay 30 días para definir si se hace o no el juicio político. ¿Están dados los plazos?

-Hasta acá sí, porque a nosotros recién se nos vence la semana que viene el plazo para contestar la denuncia. Hemos pedido una suspensión de plazos y nos la otorgaron, así que cuando eso se resuelva vamos a saber exactamente el día que se vence. Por lo pronto, responderíamos a la denuncia la semana que viene.

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