Jujuy es la única provincia que no tiene una ley de protección de la infancia y la adolescencia

Jujuy es la única provincia que no cuenta con una ley de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, que contemple la figura del Defensor del Niño. Por esta razón, organizaciones vinculadas con la temática exhortan a los diputados a que sancionen una norma en este sentido.

La causa, denominada #InfanciaEnDeuda, es impulsada por la Fundación Sur y otras organizaciones de la sociedad civil, que además de presentar un proyecto de Ley de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes local -elaborado por la diputada María Eugenia Nieva-, proponen la creación de un registro público provincial de abogados especializados en infancia.

Es que en Jujuy hay 150 abogados del Niño, que se graduaron como tales a través de cursos organizaos por la Unicef, la Fundación Sur y el Colegio de Abogados local.

El rol de estos abogados será el de defender los intereses personales y particulares de los niños, niñas y adolescentes involucrados en procesos administrativos y judiciales y garantizar su derecho de defensa técnica, sin ningún tipo de discriminación o limitaciones.

Referentes de la causa #InfanciaEnDeuda participaron de un encuentro en la Legislatura para reafirmar la importancia de la figura del Defensor de Niñas, Niños y Adolescentes en el ámbito nacional y local.

Además de debatir sobre el perfil y las funciones del Defensor de Niñas, Niños y Adolescentes y reafirmar la importancia de que en el Congreso nacional se haga el concurso y se designe esta figura, durante el encuentro se presentó también el proyecto de la diputada Débora Juárez Orieta que prevé la creación del Registro Público de Abogados del Niño de la provincia, para que todos tengan acceso a la defensa técnica de niños y adolescentes.

La figura del Defensor de Niñas, Niños y Adolescentes está contemplada en la Ley 26.061, para la protección de los derechos de la niñez, sus condiciones dignas de vida y desarrollo, entre otras funciones. El cargo está vacante desde hace más de 11 años.

El Defensor del Niño debe designarse a través de un concurso de oposición y antecedentes, para que se respeten los requisitos establecidos en la ley, con los principios de transparencia y participación ciudadana.

En la Argentina, 5,6 millones de niñas, niños y adolescentes son pobres. Entre estos, 1,3 millones están en la pobreza extrema y pasan hambre, según un nuevo informe de Unicef, realizado sobre la base de datos del Indec del último trimestre de 2016. La probabilidad de que un niño o niña que reside en una provincia del noroeste sufra privaciones es 6,5 veces mayor que la de uno o una de la ciudad de Buenos Aires.

Según datos de 2015 del Ministerio de Salud, en Salta, un 31,7% de niños, niñas y adolescentes tiene sus necesidades básicas insatisfechas; en Jujuy, un 24,10%, y en Tucumán, un 23,6 por ciento. Estos datos demuestran la importancia de dar prioridad a los derechos de la niñez y adolescencia en la agenda de políticas públicas.

#InfanciaenDeuda

#InfanciaEnDeuda es una causa que reúne a distintas organizaciones de la sociedad civil para llevar adelante una campaña de concientización para dar prioridad a los derechos de los niños en la agenda de políticas públicas.

Está integrada, entre otras, por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), el Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia, la Asociación por los Derechos civiles (ADC), la Fundación Sur, Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), Haciendo Camino y Aldeas Infantiles.

El principal objetivo es asegurar el cumplimiento de la Ley 26.061 -promulgada en 2005- que, además de crear el cargo del Defensor del Niño, incluye entre otros puntos la realización de una encuesta nacional nutricional que informe sobre la situación actual de la niñez; la implementación de una política coordinada e integral para cumplir con los derechos de la primera infancia, y la asignación del presupuesto necesario para garantizar las necesidades de niñas, niños y adolescentes de la Argentina.

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