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Sindicatos estatales, organizaciones sociales y de derechos humanos se movilizaron a las puertas del Juzgado Federal Nº 2 —en Senador Pérez y Belgrano— para repudiar la decisión de la Corte Suprema de la Nación que habilitó la compra ilimitada de tierras por parte de personas y empresas extranjeras tras dejar sin efecto las cautelares contra el DNU 70/2023.
Las organizaciones advirtieron sobre el impacto directo en la provincia, donde departamentos como El Carmen y Humahuaca ya tienen más del 15 % de su superficie en manos foráneas, situación que podría agravarse sin los límites de la Ley de Tierras, extendiéndose incluso a zonas estratégicas de frontera.
Durante la manifestación se leyó un documento conjunto exigiendo el debate del DNU en Diputados y denunciando que la resolución judicial representa «una de las expresiones más claras de entrega del patrimonio nacional y derogación de derechos».
