El Submarino Jujuy Noticias de Jujuy, Argentina y el mundo
Trabajadores del ingenio San Isidro se reunieron este lunes con el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, para tratar la situación del establecimiento, que permanece cerrado y con custodia policial a partir del proceso de crisis que presentó la empresa la semana pasada, dejando afuera a más de 700 obreros y empleados. La provincia se comprometió a «acercar posiciones» con el grupo empresarial, aunque ya adelantó que no está en estudio la estatización del complejo.
Mariano Cuenca, titular del Sindicato de Obreros y Empleados del Ingenio San Isidro (SOEASI), precisó en diálogo con El Submarino Diario: «Le hemos planteado al gobernador que el motor de la economía de la región es el ingenio San Isidro, así que hemos coincidido en que la industria debe seguir funcionando, más allá de quien la administre».
Si bien el conflicto entra en jurisdicción nacional, Cuenca aseguró que el gobierno provincial salteño «se ha puesto a disposición para acompañar a la representación gremial cuando se haga la audiencia en Buenos Aires».
Esa reunión debería concretarse en los próximos días, ya que este miércoles vence el plazo legal. «Estamos esperando la notificación del Ministerio de Trabajo de la Nación, y en la audiencia tomaremos conocimiento de los que plantean ellos dentro del proceso de crisis, a ver si plantean un paliativo para que la actividad pueda continuar», señaló Cuenca.
-¿La crisis que alega la empresa para cerrar, es real?
-No. Según el estudio técnico financiero que estamos llevando adelante desde el sindicato no hay ninguna crisis, los saldos son positivos. Por ahí no llenan las expectativas de ellos, pero son positivos.
Ubicado en la localidad salteña de Campo Santo, el ingenio San Isidro funciona desde hace 258 años y es el más añejo del país. El viernes se anunció el cese de sus actividades y el inicio del Procedimiento Preventivo de Crisis. Unas 730 familias corren riesgo de perder sus puestos de trabajo.
El ingenio fue adquirido en 2011 por el grupo peruano Gloria, que ahora decidió dejar de operar en la Argentina asegurando que la producción en el país no es rentable. Por estos días, la planta está cerrada y custodiada por la Policía de la provincia de Salta. Pero los trabajadores quieren entrar y continuar con sus tareas. «Ahora el ingenio está en temporada de reparación, que es cuando se reparan las maquinarias para empezar la zafra en mayo. Nosotros ya presentamos las denuncias e intimaciones correspondientes para que los trabajadores estén en sus tareas, porque la presentación del proceso de crisis no es causal o justificativo para cesar las tareas», explicó Cuenca.
El San Isidro no es el único ingenio que está con problemas en la región. También hay despidos en Ledesma y sigue sin solución el largo y complejo conflicto en La Esperanza. Para Cuenca, nada de esto es casual: «Vemos que hay una avanzada organizada desde el capitalismo para abaratar los costos, y como siempre el trabajador es la variable de ajuste. Eso pasa en toda la industria, no solo en la actividad azucarera. Más allá de los resultados financieros, todas las empresas están aplicando un ajuste, de una u otra manera», analizó.
-¿Ustedes creen que la supuesta crisis es una maniobra para cesar a los trabajadores y luego volver a tomarlos en otras condiciones?
-Eso lo podemos presumir, pero no lo podemos adelantar hasta que no veamos qué pantean ellos. Sería prematuro.
‘Imposible’
El senador nacional por Salta Rodolfo Urtubey aseguró en declaraciones a la agencia Télam que las autoridades «trabajan a destajo» para evitar el cierre del ingenio, y admitió que los trabajadores tienen un “severo riesgo de perder su trabajo”. De todos modos, aclaró que «es imposible» que el Estado lo absorba.
Sobre cuál sería entonces el papel del Estado provincial, el legislador indicó que “por el momento se busca convencer” a la empresa de continuar la producción. Si esta situación no se revierte, explicó: “En segunda instancia nos gustaría que alguien, otro privado, se haga cargo del ingenio en términos de adquisición o venta; en tanto, el procedimiento de crisis ya está planteado en el Ministerio de Trabajo”.
Para el senador, no es posible que el Estado absorba a los trabajadores ni que «se ponga a producir azúcar”. Y aclaró que, en contrario de lo que afirman todos los sindicatos del sector, “hay una situación de crisis de la actividad”.
En tanto, la ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de Salta, Paula Bibini, relató a La Gaceta: «La empresa manifestó su decisión indeclinable de cerrar las instalaciones y no continuar con el trabajo, con el despido total de sus trabajadores y el pago de sus indemnizaciones. Es una decisión muy determinada y según los directivos de la empresa fue evaluada y analizada antes de hacer la presentación formal en el ministerio».
En coincidencia con el senador Urtubey, la funcionaria explicó que la posición del gobierno provincial será la de buscar acercar a las partes y «apostar a un entendimiento que consiga superar la crisis».
Antes de la instancia definitiva del cierre, la empresa deberá corroborar ante Nación su situación económica y cumplir con una serie de requisitos: presentar una situación de quebranto a través de sus últimos tres balances donde acredite que esté dando pérdidas.
