La Asociación Argentina de Juristas se suma a la marcha del 1F

La Asociación Argentina de Juristas, rama nacional de la Asociación Americana de Juristas, organización con Estatuto Consultivo ante el Consejo Económico y Social (ECOSOC), es el órgano que coordina la labor económica y social de las Naciones Unidas y de las instituciones y organismos y representante permanente ante la Organización de Naciones Unidas (ONU).

La entidad tiene entre sus objetivos la promoción de los Derechos Humanos y su efectiva vigencia y la defensa del Estado Democrático y Social de Derecho, comunica su adhesión a la marcha prevista para este 1° de febrero al reclamo por la renuncia de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y una urgente reforma judicial.

Muchos son los hechos y motivos que nos convocan, algunos de los cuales ya hemos señalado a lo largo de estos últimos años, dando cuenta de la degradación funcional del Poder Judicial.

Sabemos que de entre los tres poderes del Estado, el Poder Judicial es el que cuenta con el mayor índice de descreimiento pese al compromiso y denodado trabajo que muchas y muchos operadores de Justicia demuestran día a día, incluso en situaciones muy adversas, como, por ejemplo, en el contexto de pandemia.

La responsabilidad del máximo Tribunal, cabeza de este Poder en crisis, es central. En éstos últimos años, se ha revelado como nunca su dependencia y funcionalidad a los intereses de grupos económicos concentrados, alejándose irremediablemente de la realidad y las necesidades de su pueblo, y por tanto, de nuestro ideal de Justicia.

Tal degradación, se ha derramado hacia toda su estructura, repetimos, a pesar de la resistencia de mujeres y hombres comprometidos con nuestros valores y principios constitucionales convencionalizados.

Podríamos citar, como ejemplo, el fallo del “2×1”, que sólo se revirtió ante una enorme manifestación popular.

El discurso “mass media” de los conglomerados comunicacionales, argumenta contra la marcha ciudadana del 1F, que este reclamo constituye un ataque a la independencia Judicial. Lo que equivale a decir: ¿que el Poder Judicial debe ser independiente de la voluntad del pueblo al que debe garantizar la vigencia efectiva de los derechos humanos consagrados en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional?

He aquí el problema, para las y los que defendemos el concepto primigenio de la Democracia y el auténtico sentido de la independencia judicial, lo que motivó oportunamente la denuncia realizada ante el Relator Especial de la ONU y el repudio a los ataques provenientes del poder político encabezado por el ex presidente Mauricio Macri, quien luego de afirmar públicamente “buscaremos otros jueces que nos representen» desató la más feroz persecución de independientes operadores de justicia, como la Dra. Alejandra Gils Carbó, los Camaristas del Trabajo Néstor Rodríguez Brunengo, Graciela Marino y Enrique Arias Gibert. Tambien fueron víctimas de estas acciones Luis Federico Arias, Eduardo Freiler, Daniel Rafecas, Ariel Lijo, Martina Forns, Carlos Rossi, Gabriela Baigún, Federico Delgado (por investigar a Gustavo Arribas y los “Panamá Papers”), y Gabriela Boquín (fiscal en el concurso preventivo de la empresa Correo Argentino de la familia Macri), entre muchas y muchos otres.

No olvidamos que esta Corte nada hizo para hacer cesar esta cacería, y en algunos casos se sumó al escarnio público, como en el del “apercibimiento” a la Jueza Federal, Martina Forns, porque protegió los derechos de los consumidores ante un brutal “tarifazo”. También fue partícipe necesario en la destitución más ilegitima de la que podamos dar cuenta, tal como lo fue la del Camarista Federal, Eduardo Freiler, reteniendo en forma vergonzante la juramentación de un consejero de la Magistratura, de modo que no pudiera votar en la sesión que aprobó dicha destitución infundada.

Otro caso grave del que aún no se ha determinado los responsables es el de la escandalosa publicación de audios, obtenidos en forma ilegal, con el objeto de perseguir judicialmente a figuras políticas y luchadores sociales, luego de que las escuchas salieran de la órbita del Ministerio Público Fiscal, y pasaran a depender de la Corte Suprema de Justicia, por decreto presidencial de Macri emitido en diciembre de 2015.

Este Supremo Tribunal, en su práctica, avaló la repudiable “Doctrina Iruruzun”, inédita ficción jurídica, que fue el conducto para la prisión preventiva injustificable, asimilable a tratos crueles y degradantes, sobre lo que consideramos presas y presos políticos en nuestro país.

Su parcialidad en los criterios de tratamiento ha sido palmaria, baste decir que mientras solo le tomo días resolver en casos como el de la prisión preventiva del ex vicepresidente Amado Boudou, se tomaba largos años para pronunciarse en torno al procesamiento de Carlos Blaquier, por el delito de lesa humanidad que se le imputa.

Pero es quizá, el reciente fallo de diciembre pasado sobre la Integración y el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, el que revela la disfuncionalidad democrática de esta Corte, porque de él se infiere parcialidad, falta de autonomía y avasallamiento de la división de poderes republicana.

En él, pretende devolver vigencia a una ley derogada hace quince años atrás, usando como argumento “el equilibrio constitucional”, pero que claramente pretende recuperar el control del Consejo de la Magistratura, en un verdadero “golpe Institucional”, que representa también, una suerte de amenaza velada de disciplinamiento a aquellos operadores de justicia “díscolos”. Incluso se atreve a exigirle al Congreso de la Nación el dictado de una ley fijándole plazo y sentido.

Convocatoria de la AAJ al 1F

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