El Submarino Jujuy Noticias de Jujuy, Argentina y el mundo
Un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) reveló que la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu) no corrigió la mayoría de las falencias detectadas en 2016.
A pesar de las múltiples observaciones y advertencias formuladas entonces, el nuevo relevamiento, realizado en 2021 y aprobado en 2024, mostró que la institución “tuvo un escaso cumplimiento”. De 56 recomendaciones efectuadas, apenas 13 fueron implementadas, dos se cumplieron parcialmente y 41 continúan sin resolverse.
La auditoría de 2016 había expuesto serias debilidades en la estructura organizativa, en la administración de recursos, en el manejo de cuentas bancarias y en los procesos de compras y contrataciones. Cinco años después, los principales problemas continuaban vigentes.
Estructura desordenada y falta de control interno
Uno de los puntos críticos que ya había sido señalado en 2016 es la falta de una estructura organizativa integral que definiera claramente las funciones de cada área, lo cual “incide desfavorablemente en el deslinde de las responsabilidades y en la exigibilidad de su cumplimiento a los agentes”.
La insuficiencia de un organigrama actualizado y una asignación precisa de tareas impactan negativamente en el control y la eficiencia del funcionamiento de la UNJu.
También persiste la insuficiencia de personal en la Unidad de Auditoría Interna (UAI), recursos necesarios para “desarrollar tareas adecuadas de control frente a la magnitud y a la complejidad del universo a auditar”. Dicha falencia limita las posibilidades de control interno.
Por otra parte, la UNJu continúa sin cumplir la Ley 22.431, que establece el Sistema de Protección Integral de personas con discapacidad. Según la auditoría, “el porcentaje de cumplimiento es del 0.189%, por debajo del 4% señalado en el artículo”.
Irregularidades presupuestarias y falta de planificación
En materia presupuestaria, la situación también evidencia retrocesos. La Universidad todavía no creó un área de programación presupuestaria, necesaria para la planificación y ejecución ordenada de los recursos.
Además, persisten inconsistencias: No se elaboran cálculos de recursos propios, los actos administrativos para modificar el presupuesto se realizan de forma extemporánea o directamente sin fecha, y se registran movimientos por montos millonarios sin el debido respaldo documental.
Por ejemplo, “se verificó la falta de dictado de actos administrativos por modificaciones y/o reajuste de presupuesto por un monto total de $ 469.336.365,09”. Estos problemas reflejan una administración deficiente, carente de previsión y control, que incumple normas básicas de la Ley de Administración Financiera.
Cuentas bancarias y manejo de fondos: desorden y riesgos
El informe vuelve a poner de manifiesto el manejo poco organizado de las cuentas bancarias. La UNJu utiliza cuentas para fines distintos de los autorizados, no declara adecuadamente la tenencia de moneda extranjera y sigue registrando cheques antiguos sin depurar, acumulando montos millonarios que comprometen la disponibilidad y la transparencia de los fondos.
Incluso, pese a que había sido objetada en 2016, todavía existe una cuenta bancaria abierta a nombre de la Universidad pero que, en realidad, corresponde al Consejo de Rectores por la Integración de la subregión Centro Oeste de Sudamérica (CRISCOS). “En ese sentido, cabe poner de manifiesto que esa Institución no tiene, jurídicamente ni orgánicamente, dependencia alguna con la UNJu”, indicó el informe.
Compras y contrataciones: prácticas que esquivan los controles
Uno de los hallazgos relevantes es la persistencia de prácticas irregulares en las compras y contrataciones. El nuevo informe evidencia que la Universidad sigue utilizando, de manera generalizada, el mecanismo de “reconocimiento de gastos” para validar pagos ya efectuados, sin haber realizado los procedimientos de contratación correspondientes.
Durante el ejercicio 2021, se aprobaron 545 gastos “bajo la figura de reconocimiento de gasto o cancelación de facturas” por un total de $ 23.206.074 y “sin cumplir con la reglamentación de adquisición de bienes y servicios del Estado Nacional”, lo que evidencia una tendencia a esquivar los mecanismos de licitación y competencia previstos por la normativa nacional.
A esto se suma la emisión de órdenes de compra sin la debida autorización y la adjudicación directa de obras sin cumplir con los procedimientos legales de contratación pública.
