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La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley del Poder Ejecutivo de Acceso a la Información Pública, con el apoyo de 229 votos de la mayoría de los bloques y sólo cuatro rechazos de los legisladores de la izquierda.
El diputado nacional de Cambiemos y titular de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja, Pablo Tonelli, defendió la propuesta del Ejecutivo que facilita el acceso de la ciudadanía a información de todos los poderes del Estado y consideró que «tiene una importancia superlativa en la lucha contra la corrupción».
Insistió con que la iniciativa servirá para «que el pueblo conozca todo lo relativo al funcionamiento del gobierno y todo lo que el gobierno posea».
Para el legislador, el proyecto «salda una deuda con la sociedad», se trata de «un gran avance» y constituye la «consagración de muchas iniciativas frustradas en el Congreso».
De igual manera, la diputada radical Karina Banfi pidió a sus pares «legislar para tener mejor calidad institucional» y destacó que 107 países cuentan con este tipo de normas.
«En América Latina, Venezuela, Bolivia y Argentina son los únicos países que no tienen ley de acceso a la información pública, lo que implica que cuando un ciudadano pregunta, un funcionario no está obligado a responder», graficó.
Banfi, quien integró el grupo de expertos que elaboró la Ley Modelo Interamericana de Acceso a la Información Pública y su guía de implementación para la OEA, planteó que el objetivo de la norma apunta a «conocer cómo el Estado administra el dinero de los argentinos».
Por su parte, la legisladora del Frente Renovador Graciela Camaño advirtió que la norma «no es una base de datos para los diputados», sino un instrumento que protege un «derecho fundamental» y sirve «para empezar a sembrar la obligación en los tres poderes del Estado del libre acceso a la información pública de todos».
La legisladora Alicia Ciciliani sumó también el apoyo del bloque socialista a la ley, pero expresó su disidencia parcial sobre la forma en que será designado el titular del director de la agencia de información pública (es elegido por el Poder Ejecutivo).
La iniciativa establece que todos los ciudadanos están habilitados para pedir en forma gratuita información a cualquier organismo de la Administración Pública Nacional y que esa solicitud deberá «ser satisfecha en un plazo no mayor de quince días hábiles» (con prórroga de otros 15).
Ante la denegatoria de una información, el solicitante tendrá un plazo de hasta 40 días para interponer un reclamo ante la Agencia de Acceso a la Información Pública, organismo que se creará a partir de esta ley y que tendrá un director elegido por el Poder Ejecutivo.
Si bien la norma da respuesta a un viejo reclamo de organizaciones no gubernamentales y civiles, esas asociaciones y algunas bancadas opositoras consideran que esa agencia debería estar dotada de «mayor autonomía e independencia».
